El descubrimiento de un carabinero involucrado en hechos violentos durante manifestaciones en Chile destapó una nueva controversia, y abre hoy otro flanco de críticas a la institución policial.
Un reportaje del medio digital Cíper reveló que un supuesto integrante de la denominada «Primera Línea» (quienes se enfrentan directamente a las fuerzas policiales durante las manifestaciones) es en realidad un miembro del cuerpo de Carabineros.
El hombre, cuya real identidad fue descubierta por los vecinos del sector de Lo Hermida, en la comuna capitalina de Peñalolén, se dedicó reiteradamente -según denunciaron- a incitar ataques contra una comisaría de la localidad, entre otros hechos violentos.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, explicó que el uniformado era un «infiltrado en una organización criminal» y que no cometió delito al incitar a la población a cometer actos violentos porque era parte de su misión.
Por su parte, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, dijo que la Ley de Inteligencia permite agentes encubiertos para investigar delitos, y en términos parecidos se refirió al caso el ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio.
Sin embargo, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, advirtió que «una cosa es tener un agente encubierto que participa de una organización y otra muy distinta que esa persona esté incitando a la violencia y de alguna manera termine siendo parte de los ataques».
Desde la oposición llueven las críticas, y la diputada comunista Camila Vallejo señaló en su cuenta de Twitter que desde el gobierno «se llenan la boca con la violencia, pero cuando Carabineros literalmente llama a quemar comisarías el silencio es total».
El diputado de Convergencia Social Gabriel Boric, consideró gravísimo el respaldo del ministro del Interior al infiltrado, lo que refuerza la acusación constitucional contra el alto funcionario que será vista la semana entrante en la Cámara Baja.
Para el expresidente del Senado Camilo Escalona, esto «confirma las peores prácticas represivas, o sea, incitar a la violencia para después reprimir brutalmente a la población».
Las críticas subieron de tono tras conocerse que el carabinero posee doble identidad y está habilitado para ejercer el voto en un municipio con su nombre verdadero y en otro con el de Giovanni Arévalo, persona a la que le fue suplantada la identidad.
Ante esta otra irregularidad, el senador Alejandro Navarro, del Partido Progresista, presentó una denuncia al Servicio Electoral, porque «el sistema ha sido vulnerado tal como en la dictadura» y se desconoce cuántos funcionarios estarían en igual situación, lo que a su juicio puede conducir a distorsiones electorales y a fraudes intolerables, que son delitos».
Santiago de Chile, 17 de octubre 2020
Crónica Digital/PL
