Por Marcel Garcés Muñoz
La situación política y social del país, a cuatro semanas de la trascendental elección de Constituyentes (15-16 de mayo), para la histórica tarea de formular una nueva Carta Magna para Chile, demandada por la mayoría ciudadana, es esperanzadora pero a la vez compleja.
Nunca en la historia del país, se planteó un desafío político tan profundo y amplio, con un protagonismo de masas, en un escenario de democracia participativa colectiva, nacional, y demandada –exigida- por el pueblo, para discutir una nueva Constitución del país, que contenga las demandas ciudadanas, sus aspiraciones y reivindicaciones sociales, y que se dispusiera a trazar las normas de convivencia nacional, los derechos y obligaciones, la nueva institucionalidad correspondiente.
Nunca antes desde el nacimiento del país, de los albores de la Independencia, o los diversos gobiernos y proyectos nacionales, se había convocado al pueblo, a los movimientos ciudadanos, a una definición política y electoral de tal magnitud y perspectiva histórica, buscando una legitimidad institucional democrática a través de un proceso de participación de masas sin parangón.
Pero no se trata solo de un proceso inédito de participación, de maduración de condiciones objetivas y subjetivas para encarar una tarea de tal magnitud, y de perspectiva histórica.
Lo que hay que decir – y ello marca una diferencia cualitativa y cuantitativa y por lo mismo de responsabilidad cívica y política- es que se trata de una coyuntura histórica crucial, para la historia, el presente y el futuro de la nación y de una oportunidad a la que estamos llamados como pueblo.
Como es obvio no se está escribiendo esta epopeya, sobre una hoja en blanco. Aquí se suma una historia de luchas democráticas, sociales, libertarias, culturales, étnicas, de género.
Y el pueblo chileno ha derramado demasiada sangre, esfuerzos en avanzar en un proyecto político y social, que recoja sus sueños, esperanzas, sacrificios, demandas y razones, superando masacres, dictaduras, conspiraciones de los enemigos de su libertad, sus derechos sociales, económicos y democráticos.
Se trata además de una exigencia colectiva que se expresaba incontenible, tras la dramática experiencia de una dictadura brutal, de una crisis de la institucionalidad y del escenario político, de una transición pactada y mediatizada, de esperanzas y frustraciones de una democracia que “venía” pero no terminaba de llegar, y de una injusticia social y económica que permanecía sobre la sociedad, en particular de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, de una agenda política y social, no solo incompleta, sino que injusta.
Pero ya debemos superar la hora de imaginar “la alegría que ya viene”.
Estamos en el momento de organizar la voluntad popular y nacional, de traducir en normas el acuerdo nacional, la voluntad de construir esta casa común, de marcar la ruta, de acelerar el paso a un país mejor, digno, justo.
Se trata de construir un espacio donde todos tengan sus derechos garantizados, no solo a elegir con cierta periodicidad a quienes representen a los ciudadanos en los diversos niveles de autoridad política e institucionalidad formal.
De lo que se trata es de abrir la posibilidad de ejercer nuestros derechos políticos, sociales, económicos, institucionales, culturales, de seguridad, de salud, educación, previsión, justicia, de oportunidades, participación en la vida social, generación de la autoridad, en la conducción de los destinos nacionales.
Las elites políticas y los grupos de poder económico y fáctico se vieron forzados a escuchar y atender las demandas sociales, hechas presentes de manera masiva con la sublevación, el enjuiciamiento al modelo neoliberal piñerista (en realidad heredado de la dictadura de Pinochet y que pretendía ser inmutable en los marcos de la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán) de octubre de 2019, al tiempo que han intentado manipular el profundo carácter social y político del rechazo ciudadano, con la demagogia de una retórica que nadie cree, e iniciativas de ”unidad nacional”, con la que buscan engatusar a determinados sectores políticos, y frustrar las demandas populares.
Ese fue el objetivo demagógico, por lo demás, del tinglado montado por La Moneda y su bloque empresarial y político (la Alianza por Chile y algunos políticos opositores que, en el mejor de los casos, pecaron de “ingenuidad”), conocido con el nombre de fantasía de Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019.
Pero la magnitud de las expresiones ciudadanas no han podido ser ocultadas o ignoradas, y el proceso constituyente, se impuso por obra de la acción política y social, como el plebiscito del 25 de octubre de 2020, en que un 78.28 por ciento, de los votantes se pronunciaron por el APRUEBO una nueva Constitución y solo un 21.72 por ciento se pronunció por el RECHAZO, en un proceso con un record de participación ciudadana en la historia del país, con 7 millones 569 mil 082 votantes.
Son muchas las razones de la voluntad expresada por los chilenos y chilenas y las tareas de la agenda que estos pusieron frente a los ciudadanos como para mirar al costado.
Por lo mismo, y en consecuencia, los ciudadanos no pueden aceptar una última maniobra de la Derecha política y económica, para desvirtuar los contenidos de la nueva Constitución, esto es, convertir la Convención Constitucional, en un club cerrado para que solo tengan derecho a la palabra los “entendidos”, los “académicos” ( en realidad sus consejeros y asesores), los representantes políticos de sus intereses.
No se trata , en sus designios, solo de “dejar fuera” de la discusión a lo que caricaturizan como “la calle”, sino que impedir la expresión en el texto constitucional, y el futuro político institucional futuro, de las opiniones, los derechos, y las demandas mayoritaria de la ciudadanía, de los partidos y centros de estudio de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones sindicales.
En realidad de eso es lo que se trata cuando se habla de “rodear” la Constituyente, es decir de hacer presente en el escenario de la discusión la opinión del conjunto de la ciudadanía.
Ellos, la derecha y los gremios empresariales y sus “intelectuales”, preferirían deliberar en secreto, aprobar sin interferencias de mayorías incómodas, los textos que mantengan la defensa de sus intereses ya preparados en los centros de estudio de sus partidos y organizaciones gremiales, de sus universidades.
Todavía hay tiempo
Pero, todavía hay tiempo para que los diversos liderazgos progresistas del país, en lo cultural, político, social y partidista, pongan fin a los argumentos con que eluden el tema que el momento histórico exige: La unidad, de los demócratas en pos de una plataforma amplia, definida, que convoque a las mayorías, que recoja la dimensión central, del cambio que el país y la historia reclaman, y que dejen atrás el espectáculo indigno e irresponsable de fraccionamiento, liderazgos oportunistas y personalistas, mezquinos cálculos electoralistas, o mesianismos estrechos que encubren intereses, perjuicios, racismo, discriminación, y altanerías suicidas.
Hay ciertos hechos que permitirían tener alguna esperanza al respecto, pero de vez en cuando siguen apareciendo voces y figuras, que parecen “buscar prensa”, “buscar segundos de TV”, o aplausos en la Derecha, con declaraciones o posiciones contrarias a la unidad y al acuerdo.
Pero todavía hay tiempo de presentar una plataforma política nacional, patriótica y realista, que ponga en el primer lugar los intereses del pueblo, de la ciudadanía, del país.
En la agenda política del pueblo chileno están temas cruciales: la eliminación del concepto y de la práctica del el Estado Subsidiario instalado por la dictadura para favorecer los intereses privados de la educación, la salud, el sistema previsional y otras áreas de la economía, y una nueva concepción que parte de la solidaridad, del rol social y democrático del nuevo Estado, del derecho y defensa del mundo del trabajo, la defensa de las riquezas naturales, del medio ambiente, la cultura, vivienda, el respeto a los pueblos originarios y sus derechos, del rol de la Justicia, del respeto a los Derechos Humanos, en definitiva caracterizar al Estado como social, solidario, garante de derechos, plurinacional y antipatriarcal.
Otro punto de singular importancia, en esta lista que no pretende ser ni absoluta ni definitiva, es el rol determinante y superior del Estado en la Defensa Nacional, la Seguridad Nacional y la función y carácter de la fuerza policial, (siguiendo el concepto del político y periodista francés Georges Clemenceau, (1841-1929 conductor del esfuerzo de guerra de su país, en la Primera Guerra Mundial, y de la derrota de Alemania, de que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en mano de los militares“).
Solo falta que los Constituyentes garanticen que las demandas sean expresadas en la discusión y la redacción de los contenidos de la Nueva Carta Magna, el contrato social y político que marque las décadas futuras.
Aún hay tiempo de llegar al pueblo, a los ciudadanos, con propuestas que la gente, los ciudadanos asuman como propias, que las hagan suyas y transformen en voluntad creadora en la esencia programática de la futura Constitución de un Chile grande y soberano, justo y progresista.
Y sobre todo que vayan a los ciudadanos, hagan presentes sus propuestas, sus proyectos, se comprometan con sus esperanzas y demandas.
Y, sobre todo, a respetar su voluntad y decisiones democráticas.
La unidad, el diálogo, el compromiso, la lealtad, la determinación, el escuchar, son las palabras claves y la exigencia para avanzar.
Aún es la hora, aunque la urgencia es, hoy día, una exigencia colectiva. Y no hay mucho tiempo que perder.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 16 de abril 2021
Crónica Digital
