A partir de casos en que medios de comunicación han accedido a “registros reservados”, como por ejemplo los de Carabineros vinculados a investigaciones por narcotráfico, el Consejo para la Transparencia, subrayó la necesidad de revisar “interpretaciones institucionales de la normativa que posibilitan la mantención de espacios de opacidad”.- Balance del organismo 2018-2021, mostró entre las entidades públicas con más reclamos a ramas de las FFAA y de Orden y Seguridad.
Tras adelantar algunas cifras contempladas en el balance de transparencia para el período 2018 y 2021, el Consejo para la Transparencia (CPLT) manifestó la necesidad de “mirar con atención ciertas interpretaciones que las instituciones públicas han instalado respecto de la reserva de información y «que termina jugando en contra de la confianza ciudadana en el propio organismo», sentenció Gloria de la Fuente, presidenta de la entidad.
Al respecto, subrayó que las estadísticas del CPLT mostraron, por ejemplo, que entidades cuya labor se asocia a la seguridad pública y a la defensa nacional, aparecen entre aquellas contra las que más casos se han presentado por parte de la ciudadanía. Carabineros ocupa el segundo lugar del listado con 764 reclamos y el Ejército con 521 reclamos.
“Esto apunta a la demanda que hay por información solicitada y que no ha sido respondida en plazo y forma de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, o se les niega el acceso a lo que pidieron, no respondieron o no entregaron a satisfacción de quien lo requiere los antecedentes que se pidieron”, dijo la titular de Transparencia.
Hace algunos días se conocieron en medios de comunicación cifras de personal de la policía uniformada formalizados por delitos de narcotráfico en la última década, además de difundirse detalles de negocios irregulares, solicitudes de dinero a infractores de la Ley de Tránsito y alteraciones de registros de las comisarías, entre otros hechos.
La presidenta del CPLT se refirió a la falta de registros a los que aluden las instituciones y también a los denominados en prensa «expedientes o archivos secretos” que tendrían ciertas entidades. Sobre el particular comentó que “existe una interpretación amplia del concepto de seguridad nacional, que se entiende como la mantención de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado de Chile y a su protección frente a amenaza y riesgo provenientes del exterior”, lo que estaría llevando a no permitir el acceso a determinada información que es requerida por la ciudadanía». Sin embargo, aclaró: “ni la Policía de Investigaciones ni Carabineros tienen un rol vinculado a ella, sino que es distinto y primordialmente asociado al resguardo del orden y mantención de la seguridad pública”.
La titular del CPLT explicó que desde la institución que lidera se han promovido modificaciones al artículo 436 del Código de Justicia Militar y “así abordar de forma precisa y clara qué se entiende por seguridad nacional, con el fin de determinar con mayor precisión qué documentos son secretos de acuerdo a dicha norma”. Asimismo, aclaró que el Consejo para la Transparencia ha desarrollado jurisprudencia en este sentido, ratificando que la declaración de secreto o reservado de un acto debe incluir que se acredite la existencia de un daño a bienes jurídicos reconocidos por la Constitución y “no sólo argumentar que generan perjuicios a la seguridad nacional sin tener que demostrarlo”.
Casos en los que se ha argumentado reserva
De la Fuente entregó detalles de algunos casos en los cuales Carabineros aludió al Código de Justicia Militar y al artículo 436 para mantener información bajo reserva, siendo desestimado por el Consejo para la Transparencia. Por ejemplo “ocurrió con una solicitud del número y otro tipo de información sobre funcionarios de la policía uniformada en ejercicio activo condenados por delitos asociados a tráfico de drogas entre 2015 y 2020. “El Consejo estableció que era información pública y estadística, sin advertir causales de que apuntaran a mantenerlos en reserva, además de subrayar que no se acreditaron tampoco de manera fehaciente”, subrayó.
En otro amparo el organismo ordenó la entrega de la nómina con la cifra de sumarios iniciados en casos de investigación a funcionarios policiales vinculados con narcotraficantes y/o involucrados en indagaciones relacionadas con tráfico de drogas. Y en el caso de que estos procesos no estuvieran resueltos o no pudieran ser comunicados, debía justificarse adecuadamente dado que se trata de información pública que debe acreditarse.
“Parte importante de la tarea del Consejo es continuar trabajando para que estas reglas especiales de secreto en el ámbito de la defensa, que constituyen espacios opacos y que obstaculizan la rendición de cuentas de parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Orden, no sean usadas para amparar irregularidades”, acotó De la Fuente.
Santiago de Chile, 12 de febrero 2022
Crónica Digital
