Mesa intersectorial nacional trabajará para potenciar programas de contención para escolares

La salud mental y el acceso a la justicia son claves en el tratamiento del problema, según lo indicó el alcalde de Pelarco y vocero de la ACHM, Bernardo Vásquez, quien participó en la reunión.

Este lunes, se realizó una reunión intersectorial conformada por representantes de la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Educación (Mineduc), las subsecretarías de Justicia, Niñez y Redes Asistenciales y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para tratar los crecientes casos de violencia entre escolares ocurridos las últimas semanas.

En este sentido, uno de los planteamientos de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, fue la ejecución, a través de los gobiernos locales, de un programa de contención que incluye al área de justicia y salud mental.

El propósito, tal como lo explicó el presidente de la Comisión de Educación de la ACHM, Bernardo Vásquez, es “reforzar el programa de salud mental que tiene el sistema de salud primaria hacia los niños, porque en la práctica hasta ahora esto es solo para los adultos. Con el tema de la justicia se trata de hacer el trabajo para que la gente pueda acceder de manera más rápida a la justicia, porque vemos que hay delitos que se están cometiendo en los establecimientos”.

Reforzamiento de programas

De igual forma, desde el Mineduc se entregarán recursos para que los sostenedores de los establecimientos del sistema público puedan reforzar las duplas psicosociales que ya forman parte de los programas de atención integral de los colegios y, además, impulsarán un programa específico de contención emocional enfocado en los profesores y alumnos, según lo detalló Vásquez, quien como vocero de la ACHM solicitó  la semana pasada esta reunión con la defensora de la Niñez y el resto de las autoridades nacionales.

“Con todos los hechos que están saliendo a la luz pública, no solamente en la Región del Maule sino a nivel nacional, de ciberbullying, violencia física, violencia psicológica y sexual, claramente urge tener planes a mediano y largo plazo para hacer la contención correspondiente en los establecimientos educacionales”, sostuvo el alcalde de Pelarco.

A su vez, Vásquez destacó que en la conformación de esta mesa intersectorial se haya considerado la participación de los municipios a través de la ACHM junto con las instituciones involucradas para lograr que estas iniciativas se ejecuten de mejor manera.

“Para nosotros -dijo- lo más importante es que las autoridades nacionales tienen claro que esto es un trabajo que debe comenzar desde los gobiernos locales, como sostenedores tenemos que ser los ejecutores de estas políticas públicas de contención en los colegios”.

Visita al Maule

El jefe comunal aprovechó la instancia para ratificar ante las autoridades nacionales la invitación de viajar hasta la Región del Maule, tras los hechos de violencia sucedidos en varias comunas, sobre todo, luego de las situaciones donde resultaron heridos estudiantes. Esto, refirió, “justamente como una señal importante de que el Estado también tiene que estar al lado de las víctimas”.

Crónica Digital
29 de marzo de 2022

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Senador Pugh plantea necesidad de hacer trazabilidad del agua repartida en camiones aljibe

Mar Mar 29 , 2022
“Los camiones aljibe, diseñados como una solución de emergencia,  han pasado a ser una solución permanente, que sin duda esconde un tremendo negocio”, afirmó el senador por Valparaíso. El senador Kenneth Pugh (Ind.) adelantó que impulsará una iniciativa que permita hacer la trazabilidad del agua con que son llenados los camiones aljibe que surten a las localidades que carecen de dicho elemento, lo mismo que establecer la operatividad de las flotas de esos vehículos que, arrendados por municipios o de particulares, recorren comunas repartiendo y vendiendo agua. El parlamentario explicó que “un medio de comunicación reveló que el gasto fiscal en camiones aljibe ascendía, hasta el 17 de febrero pasado, a 9.720 MM$, según cifras entregadas por la Subsecretaría del Interior, y hoy no existe claridad del origen del origen de esa agua”. Al respecto, Pugh expresó una serie de dudas en torno al reparto de los vehículos, tales como “si son llenados de grifos, si se informa adecuadamente el origen del agua de estos camiones y quién fiscaliza su calidad”, poniendo especial atención en la certificación de los camiones aljibes y si son realmente aptos para el traslado de agua potable. Agregó que “los camiones aljibes que están diseñados como una solución de emergencia para surtir de agua a la población,  han pasado a ser una solución permanente, que sin duda esconde un tremendo negocio.”  A propósito, dijo que “es inaceptable que se esté lucrando con el agua, por ello es urgente crear un sistema de gestión para el caso de los aljibes, que sean financiados con fondos públicos y un sello de calidad de agua”. A modo de ejemplo, el senador por Valparaíso planteó que “hoy en El Tabo un camión repartidor de agua vende en $10.000 los mil litros de agua y los 5 mil litros en $50 mil. En Petorca el precio del agua a través de camiones varía entre $2.500 y $17.000 por m3;  es decir, negocio redondo ante una situación de sequía que se está incrementando y por ello es urgente trazar el agua, cambiar la cultura en su uso y modernizar los sistemas de acuíferos de embalses, al mismo tiempo que acelerar la construcción de plantas desaladoras.” También mencionó que “la Gobernación Provincial de Petorca, entre 2012 y 2018, compró agua potable y su proceso de distribución a través de camiones aljibe por un valor total de $8.754.121.511, lo que confirma la urgencia de abordar esta situación”. Finalmente, sostuvo que “debe haber una fiscalización efectiva con registro de entrega, que debería integrar el control del Servicio de Impuestos Internos, pues se está vendiendo el producto al usuario final, además de monitoreo remoto de los camiones a través de GPS, que permita verificar su trayectoria y así poder controlar, por ejemplo, cargas o descargas fraudulentas.  Tenemos la tecnología para hacer una eficiente fiscalización que le asegure al Estado y a los vecinos que el agua que se reparte y se vende es potable y que tiene un origen formal”. Crónica Digital 29 de marzo […]

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