Por Pablo Jofré Leal*
El mandato presidencial de Gabriel Boric Font, con algo más de dos meses de ejercicio del cargo se enfrenta, como ningún otro gobierno, desde el retorno a la democracia tras 17 años de dictadura, a más amenazas y embestidas que la región de Donbás a manos de batallones ultraderechistas.
Estas coacciones, desde distintos flancos, han surgido apenas Apruebo Dignidad se instaló en el Palacio de La Moneda el día 11 de marzo del 2022, con una narrativa de desestabilización, que asigna al nuevo gobierno todos los males que sufre Chile en este momento. Incluso algunos, como la senadora democratacristiana Ximena Rincón, en una discusión sobre recursos señalaron que tomará palco para ver si el deseado desmoronamiento se concreta, y a río revuelto puedan volver a pescar en ese mar donde la casta, acostumbra a nadar tan placenteramente. Realidad que sufrió un duro varapalo a partir de octubre del año 2019 de una sociedad cansada de estrategias concebidas en las cocinas políticas y que hoy, esa política exuda revanchismo y desprecio por los anhelos de gran parte de la sociedad chilena, que mayoritariamente en el apruebo por una nueva constitución se inclinó por un cambio estructural. Esa negativa a llevar a cabo los cambios – porque implica generar otro balance del poder- une a aquellos que se han beneficiado por décadas por un modelo que ha sido instalado como un dogma de fe. Principalmente esta derecha que aún reza a sus próceres y personajes que tienen de santos lo mismo que de demócratas.
La mencionada estrategia de desestabilización suele tener un comienzo conocido, pero resulta difícil afirmar con certeza cuando terminan y eso, indudablemente, concluye afectando al conjunto del país. Un crítico de esta afirmación podría argumentar, que parte del problema radica también en la inexperiencia de algunos cargos gubernamentales, que catalizan los bombardeos políticos y mediáticos de los sectores ultraderechistas, liberales y ex concertacionistas, que han quedado fuera de los círculos de influencia y pontifican sobre lo que se debe o no se debe hacer Ejemplo de lo mencionado es el caso del Sr. Carlos Maldonado, ex ministro de justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet y presidente del partido radical hasta fines del año 2021, que se ha sumado con entusiasmo desbordante y verborreico, a las voces apocalípticas de personajes como el ex diputado Felipe Harboe, como también del que creíamos extinto dinosaurio el abogado Jorge Schaulsohn – hoy incluso como articulista en el medio derechista ex ante – u otros que sangran por la herida como el ex senador Fulvio Rossi. Este último, un buscador de luces inagotable y que al fin encontró el color que lo representa y desde “amarillos por Chile” está llamando a votar por el rechazo.
¿Renegados? Noooo, en lo absoluto, pero si desmemoriados, pancistas, instrumentos de la derecha formal, de los vociferantes de la desestabilización, embaucadores que hoy pretenden levantar voces de cambio que jamás tuvieron ni al menos defendieron con la profundidad que el país requería. Todos ellos, desde las trincheras de la ultraderecha, como también desde la supuesta vereda del progresismo, sirven de punta de lanza de aquellos que han dominado Chile por décadas, tontos útiles se les denominaba hace algunos años. Desde las filas oficialistas no niego, que darle afrecho al ganado porcino político, empresarial, mediático permite abrir flancos, pero no explica ni justifica el lanzamiento a mansalva e infame de estas bombas de racimo, que utilizan todo el poder económico y mediático que este contubernio centroderechista posee.
Aquello que no estarán de acuerdo con lo expresado, argumentarán, posiblemente, que en materia de amenazas existen otros hechos que también pusieron en peligro al país y en grados mayores. Tal es el caso de los llamados pinocheques. Un hecho que marcó fuertes presiones militares y un ex dictador vigente en la vida pública de la naciente democracia chilena que generaron temor, nerviosismo e incluso alertas sobre un intento golpista como se expresó en el llamado Boinazo en agosto del año 1993, tan sólo un día después que el desaparecido Diario La Nación informara la reapertura de los llamado Pinocheques, en que se llamó a ocho generales a declarar. Situación que involucraba a la familia del dictador y que había tratado de resolver mediante una acción de presión en el llamado ejercicio de enlace en diciembre del año 1990.
Efectivamente, fue una situación difícil, que generó cierto pánico, sobre todo en la casta política, que decidió resolver este trance, entre cuatro paredes en lugar de convocar a la población a defender en las calles la naciente recuperación democrática. Fue la consolidación de la política de los consensos: nefasta y castradora, que generó lenta y progresivamente el alejamiento de una parte importante de los ciudadanos del ejercicio sano de la política, aquel que permite opinar, discutir, exigir y al mismo tiempo hacerse parte de la construcción de nuestro futuro. En la actualidad, tras 32 años de vuelta a este modelo de democracia representativa, en principio protegida y luego a la intemperie, nos evidencia que los poderes económicos, empresariales, mediáticos, políticos, militares y policiales coordinan acciones destinada a negarle la sal y el agua al actual gobierno.
Un nuevo gobierno, que ha prometido cambios estructurales: lucha contra la corrupción, cambios profundos en salud, previsión social y educación, donde los grupos reaccionarios han acumulado enormes riquezas al amparo de un Estado definido como subsidiario y con ello negarse a terminar con la rapiña de este Estado, cuya teta, estos poderes no quieren soltar. Para ello, esta derecha , la más ortodoxa, como también la denominada liberal, acompañada de tránsfugas de los gobiernos de la ex concertación y Nueva Mayoría, en un conjunción de intereses evidente y desvergonzado, han comenzado una “operación político-económica-mediática especial” destinada a restarle legitimidad a todos los cambios prometidos y unir los esfuerzos del gobierno y el trabajo de la Convención Constitucional, en la labor de creación de una constitución, que entregue como fruto aquello exigido a partir de octubre del año 2019. Una Convención Constitucional sujeta a una feroz “guerrilla digital, que copa la agenda, desvirtúa la realidad online y puede llegar a tener grandes consecuencias sociales y políticas” (2)
Se exige desde la vieja guardia, incluso de aquellos que dicen situarse en la trinchera del progresismo y que hoy difícilmente se distinguen, tanto de la derecha neolítica como de la paleolítica. Llaman a ser eficientes, a avanzar en la resolución de problemas de seguridad que ellos mismos se encargaron de catalizar. Vociferan que no se ha hecho nada, que el país es un desastre, que se ejecute y lleve a cabo aquello, que en 32 años esta casta política, estos corifeos del escaso pudor, de la conducta sin vergüenza, que gobernó mancomunadamente durante tres décadas se negó a implementar, para después terminar aterrorizados ante la posibilidad de “perder sus privilegios y una hipocresía máxima al hablarnos hoy de la necesidad de conformar un país de unidad, de seguridad y donde no falte nadie.
Conducta de conveniencia que también constato en aquellos que hoy convocan a profundizar las necesidades de transformación, al mismo tiempo, que impulsan llamados a rechazar el texto constitucional, discutido en la convención constitucional, en una campaña plagada de desinformación y manipulación y que tendrá su plebiscito de salida en septiembre próximo. No puede haber dicotomía entre llamar a modificaciones estructurales del país y al mismo tiempo poner obstáculos a la necesidad de una nueva constitución. Mismo provecho circunstancial, que observo en algunas comunidades mapuches de llamar a la resistencia armada, renuentes. Un voto de confianza que puede ser desechado si efectivamente se comprueba que no existe voluntad de cambio. A mi entender hay que agotar las posibilidades de entendimiento, al menos, conversar con el que te ha llamado al diálogo a los pocos días de asumir. Y digo al menos sentarse y conocer qué es lo que te quieren decir y no negarse obcecadamente y si aquello que se discute no llena tus expectativas entonces alentar otras vías. Esa conducta, más allá de los errores de diseño en la ida a la Araucanía, por ejemplo, alienta a las posiciones más extremas y alejan la posibilidad de parlamentar y llegar a soluciones. Un escenario conveniente a las forestales y la puesta en práctica de operaciones de bandera falsa, donde se involucra a las comunidades.
Y si vamos a hablar de oportunismo, existe un sector que hace de este su referencia innegable. Me refiero a uno de los gremios más desestabilizadores en la historia de Chile como es el de los camioneros, uno de los sectores más beneficiados por tratos diferenciados y subsidios, que impulsa su agenda a costa de los derechos de millones de chilenos y chilenas, oponiéndose a la posibilidad de recuperar un medio de transporte lógico, estratégico y fundamental para Chile, considerando nuestra geografía, como es el ferrocarril. A ese oportunismo y privilegio de camioneros, empresas de servicios que abusan de aquellos que usamos el agua, el gas, la electricidad, el transporte, la salud, debemos sumar la realidad de una sociedad cada día más violenta. Ello, en el marco de instituciones policiales desprestigiadas, corruptas y con un manejo de su labor donde las violaciones a los derechos humanos se han convertido en una conducta recurrente y ello exige una rectificación profunda.
Anarquismo Institucional
Nuestro día a día, sobre todo en las grandes ciudades, además bombardeado interesadamente por los medios de desinformación y manipulación, nos muestran lo evidente, lo que se debe combatir: la presencia de pequeños grupos radicales, más cercanos a posturas propias del lumpen, que suele esgrimir el argumento que nada de aquello que se intente hacer será suficiente y que el estado debe morir, para dar paso a un ignoto poder popular y una guerra social ¿cómo se come aquello? ¿Existe algo más que consignas en estos planteamientos? La crítica frente a estos planteamientos queda frenada por el temor, por ejemplo, de académicos universitarios que con su silenció frente a demandas absolutamente desquiciadas prefieren situarse en la cómoda vereda del silencio o no entrar a la cancha de la discusión. Son aquellos que podemos denominar académicos anarquistas institucionales, que suelen tener conductas abiertamente discordantes cuando su visión de mundo choca con la realidad de un empleo tibio, grato y sin contratiempos.
Sumemos a este grado de conmoción político-social, la acción de las bandas delictuales, armadas hasta los dientes, que se han apoderado de ciertos sectores comerciales de nuestras ciudades y que sirven para nutrir el desarrollo del sicariato en Chile, que no sólo es responsable de la golpiza a estudiantes, marchantes y el asesinato deleznable de la colega, la periodista de la señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval. Las imágenes de este asesinato muestran, claramente, que no sólo existe protección o al menos negligencia policial frente al actuar de estos grupos de delincuentes, que lo mismo reúne en sus filas a chilenos, venezolanos y colombianos, fundamentalmente, con técnicas de acción similares a las exhibidas en algunas capitales latinoamericanas. Y, en este panorama la presencia de grupos vestidos con overoles blancos que suelen parecer en acciones de protestas y reivindicaciones sociales, estudiantiles y que a plena luz del día, en el centro de la capital chilena, son capaces de quemar autobuses de la locomoción colectiva. Pero nunca actuar en los sectores más acomodados, en las áreas donde el poder sigue viviendo con la tranquilidad que le da su condición de dueños del país ¿raro no?
Surgen una serie de interrogantes ¿La inteligencia policial desarrollada sirve de algo? ¿Puede la policía dar cuenta de las investigaciones llevadas a cabo para desarticular a narcotraficantes, sicarios, motochorros, asesinos de periodistas? ¿Qué grado de protección existe en las filas policiales para que estos grupos delictuales actúen impunemente? ¿A qué resultados han llegado las investigaciones sobre el tráfico y venta de armas a grupos delictuales? Se requiere con urgencia una política de seguridad pública: respetuosa de los derechos humanos, transparentes pero efectivos. Una política donde estos grupos delictuales estén investigados pues de otro modo, en poco tiempo, estaremos sujetos a balaceras globales y el surgimiento de populismo y caudillismos que llamaran a tomar justicia por mano propia y eso para la masa es alimento a manos llenas.
*Periodista y analista internacional
Crónica Digital/ SegundoPaso ConoSur
Santiago de Chile, 25 de mayo 2022
- https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/la-udi-y-rn-ponen-la-mira-en-los-votos-de-inmigrantes/2019-03-10/174844.html
- https://www.ciperchile.cl/2021/09/13/guerrilla-digital-contra-la-convencion-constituyente/
