El Ministro peruano de Justicia, Daniel Maurate, ratificó que pueden haberse cometido violaciones a los derechos humanos durante la represión a protestas sociales y discrepó en el tema con el Primer Ministro, Alberto Otárola.
Maurate declaró en una entrevista televisiva que si alguien ve que un policía dispara a un civil (en una manifestación) “es evidente que se trata de una violación” a los derechos humanos, crimen que Otárola ha descartado rotundamente, al defender a militares y policías y señalar que el asunto debe ser determinado por la Fiscalía y los tribunales.
“En una situación como la que hemos vivido, yo lo que señalé es que: si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que ahí no hay una violación de derechos humanos. La hay”, expresó.
Se refirió así a uno de los 49 muertos en protestas registradas desde el 7 de diciembre hasta marzo último: el caso de Víctor Santisteban, quien murió por el impacto de una granada de gas lacrimógena disparada por un policía a corta distancia a la cabeza de la víctima.
En una entrevista previa, el Primer Ministro “aclaró” a Maurate que confiaba en la palabra de ministros según los que la Presidenta Dina Boluarte y Otárola ordenaron a uniformados no usar armas de fuego. Al parecer disgustado, el titular del Consejo de Ministros, consideró necesario aclarar que lo dicho antes por Maurato no era oficial ni podía interpretarse como cargar la responsabilidad de las muertes a policías y militares, a los que el Gobierno respalda.
Por su parte, el Ministro de Trabajo añadió antes que la Presidenta y el Primer Ministro no ordenaron usar las armas “porque si yo supiera que ordenaran ese tipo de cosas yo no estaría aquí (es decir, como ministro)”, según dijo.
Acotó sin embargo que el vídeo que muestra el disparo al occiso Santisteban debe ser objeto de un peritaje y una investigación de la fiscalía y materia de un juicio.
Las muertes siguen impunes, según las organizaciones de derechos humanos que exigen celeridad y transparencia en la investigación, mientras el Primer Ministro indicó que las pesquisas son reservadas y la Fiscalía se ha fijado un plazo de ocho meses para culminarlas.
Señaló que el Gobierno no puede señalar a nadie como culpable, pues eso corresponde al Ministerio Público y el Poder Judicial.
Lima, 5 de mayo 2023.
Crónica Digital / Prensa Latina.
