El 11 de septiembre de 1973 fue la ruptura violenta de la democracia y el comienzo de un prolongado ciclo de autoritarismo y terrorismo de Estado. No solo fue el derrocamiento del Gobierno del Presidente Salvador Allende. Fue una acción orientada a poner término al proceso de profundización de la democracia y ampliación de la soberanía popular, que a la altura de 1973 había logrado establecer un Estado social, con participación ciudadana y derechos sociales.
El Gobierno de la Unidad Popular fue la culminación de un camino republicano que el país había recorrido, en forma ciertamente no lineal, desde los albores de la Independencia bajo inspiración de los Libertadores; dio un nuevo paso adelante con las primeras expresiones progresistas como la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, José Zapiola y Santiago Arcos; continúo con el ejemplo del Presidente José Manuel Balmaceda, con su proyecto de inversión de los excedentes del salitre en infraestructura pública y educación; devino en fuerza social con la irrupción del movimiento obrero orientado por Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest; se hizo Gobierno por primera vez con Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular; y se hizo compromiso programático de reformas con Eduardo Frei Montalva y con Salvador Allende.
Fue un proceso que tuvo al pueblo y la ciudadanía como protagonista principal. La élite del país, con el patrocinio de centros de poder transnacional, resolvieron hacer uso de toda la violencia del poder estatal para liquidar este proceso de profundización de la democracia y redibujar con violencia la fisonomía del país a escala de sus intereses.
De hecho, no se explica la razón de que se impusiera una dictadura de 17 años, si es que el propósito y el fundamento del Golpe Civil y Militar de 1973 hubiera sido “restaurar… la institucionalidad quebrantada”, como lo aseguraba el Decreto Ley N° 1 de la Junta Militar, fechado el mismo 11 de septiembre, en coherencia con lo consignado por el ilegal Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, ahora releído en la Sala en un gesto teatral oprobioso, pese a que llamaba a “asegurar el orden constitucional de nuestra patria”.
Los hechos, evidentes y notorios, muestran que el principal quebrantamiento de nuestra institucionalidad fue el Golpe de Estado de 1973 y que el orden constitucional de la patria jamás nunca fue restaurado, sino que se inició, cuando las llamas de La Moneda aún no se apagaban, el proceso de elaboración de una Nueva Constitución, en consistencia con el proyecto económico y social neoliberal que, antes del 11 de septiembre, ya se había diseñado en sus líneas gruesas para ponerse a disposición de la refundación del país que estaría asociada al quiebre de la democracia.
En este sentido, la irrupción de una tendencia negacionista en la derecha no es resultado de una mera inquietud historiográfica o politológica: se explica por su defensa del tipo de sociedad que la dictadura impuso a Chile y cuyo origen se remonta precisamente al acto de barbarie fundacional del modelo que representa históricamente el Golpe de Estado. Entonces, la violación sistemática de los derechos humanos y el terrorismo de Estado fueron las herramientas para construir un modelo de sociedad al que siguen adhiriendo en forma acrítica, como está quedando demostrado en una forma dramática en el debate del Consejo Constitucional.
La polarización existente en el país se vincula con el fenómeno descrito, que se expresa en un bajo nivel de adhesión de un sector político del país a los principios republicanos de la democracia y los derechos humanos, los que tienen que ser –siempre– el fundamento de la convivencia en sociedad.
Un Golpe de Estado por definición es la destitución violenta del Gobierno establecido, al margen de la Constitución y la soberanía popular. Nunca puede ser considerado un camino legítimo en democracia y siempre está en contradicción con la institucionalidad, incluso ocurriendo en circunstancias extraordinarias. Para un demócrata, no puede haber el más mínimo espacio de ambigüedad, para condenar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 que fue un Golpe de Estado y un Golpe en contra del proceso democrático que la sociedad chilena había recorrido desde la Independencia.
Por otro lado, no es concebible la democracia sin la plena vigencia de los derechos humanos, lo que significa la necesidad de verdad y justicia en la enorme cantidad de casos que aún persisten en la impunidad. También impone la necesidad de preservar la memoria histórica, pues el deber de recordar y no olvidar forma parte, también, de la doctrina de los derechos humanos en tanto su significado de reparación y de creación de las condiciones para la no repetición. Nunca jamás puede haber un espacio para el olvido. Y, aunque les estorbe, el camino democrático que la sociedad chilena continuará transitando, superará los intentos de reescribir la historia.
Por Víctor Osorio. El autor es ex Ministro de Estado, periodista y académico.
Santiago, 13 de septiembre 2023.
Crónica Digital.
