Cinco regiones paraguayas declaradas en crisis por epidemia de dengue

El Gobierno de Paraguay declaró hoy “en crisis” cinco territorios de la Región Sur que concentran el 82 por ciento de los casos confirmados y notificaciones sospechosas de dengue, informó el periódico ABC Color.

Las zonas más infectadas son las suroccidentales Central, Asunción, Cordillera, Guairá y la suroriental Itapúa, donde las hospitalizaciones y muertes registran un notable incremento durante la última semana epidemiológica, aseguró el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, citado por el diario.

La situación es en especial grave en el departamento Central, que registró 18 mil 907 notificaciones de dengue, 17 mil 447 casos sospechosos y mil 460 confirmados; y en el de Asunción, con ocho mil 649, siete mil 895 y 754, en ese orden, agregó en un boletín la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Las estadísticas de Itapúa, Cordillera y Guairá fluctúan también entre mil 300 y cuatro mil contagiados por la enfermedad arboviral (transmitida por mosquitos).

Los casos de Covid-19, por su parte, muestran un descenso en el número de afectados durante el referido período, lo cual baja un tanto las alertas sanitarias de la nación guaraní por la gravedad de enfermos contagiados de modo simultáneo con ambas enfermedades.

Paraguay reportó el 10 de enero que el 80 por ciento de sus camas hospitalarias estaban ocupadas por casos de la llamada “coinfección”, según reportes de ABC TV.

La propagación semanas atrás de forma individual de los dos padecimientos en el sector aumentó de forma exponencial la doble afección y originó una acelerada demanda de capacidades en los centros médicos, explicó entonces el Ministerio de Salud y Bienestar Social.

Muchos de estos primeros casos de pacientes afectados con dengue y Covid-19 al mismo tiempo tuvieron que esperar por atención en diversos hospitales, al agotarse las posibilidades de ingreso por superar su número las capacidades.

Unos mil casos de dengue y otros mil de Covid-19 fueron detectados cada semana, cuya coinfección cobró cuatro fallecidos, de acuerdo con la titular del Ministerio de Salud, María Teresa Barán.

Asunción, 29 enero 2024
Crónica Digital/PL

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Afirman que es obligación del estado reparar las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social

Lun Ene 29 , 2024
A partir de la detección de antecedentes penales de algunos beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, se han generado diversos debates y confusiones. Ello, acompañado de discursos estridentes, acusaciones múltiples y una buena dosis de aprovechamiento político. Para organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos resulta necesario relevar algunos aspectos clave. En primer lugar, es indudable que en Chile se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, tal como consta en diversos informes de organismos nacionales e internacionales, contabilizándose más de 8.000 víctimas y 400 casos de trauma ocular. La gran mayoría de los casos permanece impune, sus víctimas no han sido reconocidas ni tampoco reparadas. En segundo lugar, es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados se encuentran obligados a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas de no repetición, especialmente cuando se trata de crímenes ejecutados por agentes del Estado. Más allá de lo insuficiente que resulta la reparación de una parte de las víctimas (419) al  otorgar “pensiones de gracia”, en lugar de reparaciones integrales definidas con base en una Comisión Calificadora de casos que no se ha conformado, preocupa que en la actualidad se plantee una regresión en dicha medida. La opción que en su momento se adoptó, nunca se presentó vinculada a un requisito como la inexistencia de antecedentes penales, que por lo demás la ley de pensiones de gracia tampoco ha exigido en sus 40 años de vigencia. Preocupa especialmente que al conocerse los ilícitos cometidos por algunos beneficiarios de estas pensiones, se ponga el foco de atención únicamente en lo reprochable de sus conductas, desvirtuando la gravedad y sistematicidad de los hechos ocurridos en 2019, la responsabilidad de los agentes del Estado y las deudas que el Estado mantiene con las víctimas. La propuesta de revisar y revocar algunas pensiones, desconoce las obligaciones que corresponden al Estado en orden a reparar las violaciones a los derechos humanos, obligación que deriva del comportamiento de sus agentes y del daño causado, y no de la buena conducta que hayan mantenido quienes resultaron agredidos. En Chile se han violado gravemente los derechos humanos de miles de personas, durante la dictadura cívico militar y también en democracia. La ausencia de políticas integrales de verdad, memoria, justicia y reparación redunda en impunidad y favorece su repetición. De ahí que resulte necesario fortalecer el compromiso de todos los poderes y órganos del Estado con la dignidad humana, la vigencia plena de los derechos humanos y el sistema democrático, y la adopción de políticas integrales de reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas Santiago de Chile, 29 de enero 2024 Crónica Digital

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