Los nuevos datos aportados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones dan amplia base al emplazamiento de la Universidad de Chile a la ministra Carolina Schmidt, para que se pronuncie en torno al lucro en la educación superior. Ello, ante el rechazo de la acreditación de la Universidad de las Américas (UDLA), que impide a sus nuevos matriculados acceder al Crédito con Aval del Estado, y a crecientes objeciones a la Universidad Andrés Bello (UNAB) y al Instituto AIEP. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ya había puesto en duda los contratos de esta institución con su sostenedor, la red internacional Laureate.
El 24% de sus operaciones bancarias correspondía a transferencias directas a dicha transnacional. Los pagos “representan un 12% de los costos operacionales totales anuales en el período 2006-2012 y corresponden a servicios de apoyo educacional, administrativos y derechos de propiedad intelectual”, detalló el informe.
La Universidad apeló ante el Consejo Nacional de Educación (CNED), que rectificó esta resolución y se sumó al cuestionamiento sobre los contratos operacionales, “servicios que podrían ser realizados en todo o en parte por la propia estructura de la universidad”.
Desde otro flanco, el Ministerio Público probó el envío de recursos de esas casas de estudio al grupo controlador, a través de sociedades relacionadas como Laureate Chile II SPA, Laureate T BV y Laureate Education Inc. La UDLA transfirió US$ 18 millones y la UNAB, entre 2011 y 2012, traspasó más de US$ 30 millones, por compra de servicios en asesorías computacionales y cursos de inglés.
En total, ésta ingresó $ 9.000 millones a la firma holandesa Laureate Trademark B.V y a la estadounidense Laureate Education Inc. El informe establece una última transacción por casi $ 5.000 millones en 2012 (www.uchile.cl, 20 de febrero).
Otra institución de propiedad de Laureate es la Universidad de Viña del Mar. Sin embargo, el peso de los hechos no ha bastado a la cartera de Educación para iniciar una investigación formal; en cambio, la propia titular del ramo, que ha mantenido silencio respecto de los antecedentes, tendrá que explicar si es verdad, que, como plantea la Universidad de Chile, lo que le impide realmente abrir un proceso indagatorio es el rol clave que mantiene su cónyuge como representante y asesor de Laureate en la compra de tres planteles (La Segunda, 17 de febrero).
En efecto, mientras la UDLA insiste en declararse una universidad de “calidad”, anunciado que seguirá presentando recursos para obtener subvención pública a su lucro, el Congreso Nacional deberá afrontar un debate legislativo coherente, capaz de poner atajo a este proceso de trasnacionalización de los conflictos de interés en materia educativa.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 24 de febrero 2014
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