Dos últimas sesiones permitieron avanzar en el proceso de consolidación del agua como bien común, que es el objetivo declarado del proyecto que hoy discuten los parlamentarios.
- Además, evitaron que se permita a la DGA autorizar por vía administrativa el trasvasije de agua desde la desembocadura de los ríos a otras cuencas.
Los comités de agua potable rural, los pequeños campesinos y las comunidades agrícolas que sean titulares de recursos hídricos con fines de subsistencia, además de las áreas protegidas y los indígenas y sus comunidades indígenas, no estarán obligados a pagar de patentes por el no uso de sus derechos de aprovechamiento. Mientras que sí estarán sujetos a este gravamen –y que al día de hoy están exentos- quienes tengan derechos consuntivos de 10 a 50 lts/seg y no consuntivos de 100 a 500 lts/seg sin usar, ya que se entiende que estos tienen esencialmente un fin lucrativo y no de subsistencia.
Tales fueron algunas de las reformas aprobadas, a proposición de los diputados Cristina Girardi (PPD), Daniel Núñez (PC) y Yasna Provoste (DC), por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados durante las sesiones realizadas la semana recién pasada.
De esta forma se avanzó en el proceso de consolidación del agua como un bien común, que es el objetivo declarado del proyecto que hoy discuten los parlamentarios.
“Esta ha sido una jornada importante, porque nos permite continuar en un avance sin retrocesos respecto de que es necesario privilegiar usos preferentes del agua para el consumo humano, la subsistencia, el resguardo del ecosistema” señaló al respecto Provoste, presidenta de la comisión. Agregó que “algunas indicaciones que hemos planteado van en la dirección de resguardar a los pequeños, y creo que eso ha sido a lo largo de la tramitación de este proyecto un elemento importante”.
La comisión acordó también que cuando el Fisco se adjudique derechos que hayan sido rematados, podrá constituir reservas para cualquiera de los usos prioritarios establecidos en la ley no estando obligado a entregarlos automáticamente a particulares con requerimientos pendientes ante la Dirección General de Aguas (DGA), como ocurre hasta hoy.
Rechazo al trasvasije de cuencas
Uno de los traspiés que sufrió el Ejecutivo fue el rechazo de una indicación que permitía a la DGA por vía administrativa el trasvasije del agua desde la desembocadura de los ríos a otras cuencas. “En el caso de las aguas residuales de los ríos o cauces naturales en su tramo inmediatamente anterior a su desembocadura en el mar, la Dirección General de Aguas podrá autorizar o disponer el traslado a otras cuencas de los recursos hídricos disponibles, debiendo considerar un caudal ecológico hasta la total desembocadura del río o cauce, en el mar» era la propuesta del gobierno, la cual fue rechazada a requerimiento de las diputadas Provoste y Girardi.
La iniciativa se basaba en el argumento de que “el agua se pierde en el mar”, el cual desconoce la importancia que tiene para los estuarios el agua de los ríos. “Esto claramente sería a costa de dejar sin alimentación al zooplancton y fitoplancton en el borde costero del cual dependen las especies marinas utilizadas por el sector pesquero” indicó Cristina Girardi. Agregó la diputada que no se está hablando solo “del agua, ya que el sedimento que los ríos conducen al mar en las zonas de estuarios constituye la única fuente de alimentación de peces que vienen a desovar desde el mar interior al borde costero”. Más aún, señaló que “entubar el agua en la desembocadura de los estuarios provocaría la destrucción de la riqueza en estos ecosistemas. Esta es la razón de por qué aún no se construye ningún proyecto de este tipo en ninguna parte del mundo” puntualizó
Concordó la directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín. “En la desembocadura de los ríos se van depositando nutrientes y sedimentos provenientes del suelo terrestre, los que dan origen a una rica biodiversidad en términos de fitoplancton y zooplancton, que es el alimento esencial de las especies que sustentan la pesca artesanal y la riqueza pesquera del país” . En este sentido, permitir el traslado y dejar sin agua los estuarios habría significado eventualmente un gran impacto para los ecosistemas, las economías locales del litoral y para el abastecimiento alimentario del país, por lo cual la decisión fue “un aporte muy importante de las parlamentarias”, señaló Larraín.
Por último, la comisión aprobó que en casos de sequía en aquellas comunas declaradas por la autoridad como “zonas de escasez hídrica”, la DGA podrá intervenir para proceder a un prorrateo y redistribución de las aguas, con el objeto de asegurar la subsistencia humana. En estos casos, el Estado no estará obligado a indemnizar a los titulares de los derechos destinados a nuevo fin.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 29 de julio 2015
Crónica Digital
