La denuncia fue formulada el pasado viernes por el senador Alejandro Navarro ante la Corte Suprema y confirmada por el diario La Nación en un amplio reportaje publicado el domingo bajo el titulo de «Hotel cinco estrellas: La cárcel VIP de los altos oficiales del Ejército».
Interrogada sobre el tema, la ministra de Defensa Vivianne Blanlot indicó que había pedido los antecedentes al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta Ferrer, acerca del régimen de internos en el Batallón de Policía Militar (BPM) de Peñalolén.
El enclave castrense fue remodelado con todo el rigor de un complejo turístico -incluidas cabañas individuales, piscinas, gimnasios, áreas verdes, entre otras facilidades- durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos para acoger a los ex uniformados procesados.
Según La Nación, ex oficiales de medio y mayor rango viven un régimen interno donde cuentan con amplias cabañas amobladas, televisión, teléfono ilimitado, internet y visitas todos los días y que, incluso, pueden pernoctar en el lugar junto a familiares detenidos.
Blanlot se limitó a decir que se le pidió información al Ejército, por el momento, al tiempo que advirtió que «no nos consta (la existencia de un instructivo), pero lo hicimos a través del subsecretario de Guerra, Gonzalo García».
El Ejército, por su parte, indicó que informará a las autoridades oportunamente.
El jefe de Comunicaciones de la institución castrense, comandante Alberto Elizalde, dijo que si la ministra de Defensa ha pedido antecedentes, «el Ejército dará respuesta en términos de lo solicitado».
El Batallón de Policía Militar se encuentra en el interior de un predio de 57 hectáreas que el Ejército mantiene en Peñalolén. Años atrás era conocido sólo como el Comando de Telecomunicaciones, organismo que sigue funcionando allí.
Pero con el procesamiento de militares en los últimos años, ha servido de lugar de detención preventiva.
Por el número de personas que allí han llegado, la institución creó el BPM y le dio un espacio que cuenta con varias cabañas y casas completamente equipadas para alojar a los oficiales reos.
Al presentar el caso ante el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para que tome cartas en el asunto, el senador Navarro denunció que los privilegios que disfrutan los ex militares violan el precepto de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Mientras presos comunes permanecen hacinados en recintos con pésimas condiciones, criminales de la dictadura viven comodamente en verdaderos hoteles «cinco estrellas» que serían la envidia de cualquier turista, afirmó el legislador.
De acuerdo con la denuncia, en el lugar permanecen oficiales de la más alta graduación del Ejército que están procesados por asesinato, exportación ilegal de armas y otros crímenes, que disfrutan de sauna, cancha de tenis, gimnasio, TV-cable, Internet, mucama y menú a la carta.
Pero además, les dan permiso para salir y sus esposas se quedan con frecuencia para acompañarlos.
La holgada situación de los recluidos en el BPM es «vox populi» en el Poder Judicial y genera malestar entre los jueces que investigan causas de derechos humanos, según el diario.
Ellos preferirían que los militares tuviesen un régimen de prisión como el de los reos comunes, pues bajo las actuales circunstancias los procesados no tienen ninguna motivación para colaborar con sus investigaciones.
Santiago de Chile, 20 de junio 2006
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