Hace algunos días el Ministro de Hacienda Andrés Velasco, en conjunto con los directores del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas informaron respecto de las nuevas modificaciones que contendrá la propuesta del gobierno en torno a los nuevos tribunales tributarios.
La autoridad ministerial dijo que se trata de un nuevos sistema descentralizado y autónomo que atiendan las actuaciones administrativas de ambas instituciones fiscalizadoras. La nueva estructura tendrá un costo estimado de cuatro mil millones de pesos y tendrá cobertura nacional.
La modificación legal, anunciada por el secretario de estado será introducida en el actual proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en las comisiones unidas de Hacienda y Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Para el gobierno, las nuevas indicaciones busca garantizar tanto los derechos de los contribuyentes como la recaudación fiscal.
La autoridad económica ha señalado que esta nueva institucionalidad ayuda a mejorar la calidad de las instituciones y la certeza jurídica, ambas, componentes esenciales para un proceso de inversión con reglas claras y, que permitirá estimular la actividad económica en nuestro país.
LOS FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA
La principal indicación del ejecutivo busca fortalece el concepto de independencia de los Tribunales Tributarios, por la vía de separarlos, tanto orgánica como funcionalmente del SII. Asimismo, se propone que los nuevos tribunales también puedan conocer las reclamaciones administrativas del Servicio Nacional de Aduanas.
La decisión buscaría resolver de manera definitiva las críticas de los contribuyentes por la falta de independencia de los actuales tribunales al señalar que tanto el SII y la Aduana son juez y parte de las investigaciones.
La indicación del ejecutivo establece expresamente para todo contribuyente que considere vulnerado sus derechos puede solicitar la reconsideración administrativa ante el Servicio correspondiente, o bien dirigir su reclamación directamente ante los nuevos tribunales especializados. El plazo para reclamar ante el tribunal se amplía de 60 a 90 días.
Desde el punto de vista formal será un sistema descentralizado de primera instancia y, su supervigilancia dependerá de la Corte Suprema. Para garantizar la exclusividad de las labores de tribunales sus integrantes ya no serán parte del SII y Aduanas sino funcionarios de la Subsecretaria de Hacienda. Si bien se mantienen en el ámbito de la Administración del Estado para algunos analistas la fórmula es opinable por los resultados esperados ya que deberá establecerse con claridad el carácter técnico de los Tribunales por sobre los políticos.
Según las autoridades económicas, los Jueces Tributarios y Aduaneros y los Secretarios de los tribunales serán nombrados por concurso que realizará la Dirección Nacional del Servicio Civil, que propondrá una lista de personas idóneas para desempeñar el cargo a la respectiva Corte de Apelaciones.
La Corte escogerá una terna, la que será elevada a la decisión final del Presidente de la República.
Su estructura nacional contempla la creación de un Tribunal Tributario y Aduanero por capital regional más cuatro Tribunales en Santiago con el objeto de descentralizar la carga de trabajo.
Por último, la propuesta del Gobierno contempla su implementación gradual de cuatro años y costaría al fisco unos $4 mil millones de pesos.
Por: Roberto Portilla. El autor es periodista y Editor General de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 25 de octubre 2006
Crónica Digital , 0, 117, 12
