La resolución la adoptó el juez federal Sergio Torres, y en un contundente fallo de 600 páginas, aplicó la medida a 33 ex represores, en su mayoría integrantes de las Fuerzas Armadas, todos involucrados en casos de tortura, secuestro, desaparición y muerte. Cada uno de los represores afectados por la decisión judicial verá embargados sus bienes por valor de 800 mil dólares en promedio.
La medida del magistrado Torres se enmarca en la denominada «Megacausa Esma», que investiga más de 600 delitos perpetrados en los años de la «guerra sucia», la desaparición y aniquilación física de opositores a los regimenes castrenses.
La acción de la justicia Argentina podría marcar un hilo conductor en cuanto a causas de derechos humanos en países como Uruguay y Chile.
Cabe recordar que en nuestro país los juicios civiles en contra de los represores no han sido masivos, principalmente porque los tribunales de justicia no han agilizado los casos y en muchos de ellos no han logrado condenar a los responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos, lo que podría permitir que los familiares de las víctimas persigan civilmente a los criminales y al Estado.
DETALLES DE LA RESOLUCIÓN
En parte de su resolución, el juez Torres consideró que los crímenes de la causa «no resultaron de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido», puntualizó.
Denunció por ello el magistrado «un plan delineado previamente mediante el cual se había acordado la eliminación de grupos subversivos», y en el marco del cual a los detenidos «los sometían a interrogatorios para obtener por cualquier medio información».
El fallo impide además a los involucrados realizar cualquier actividad de índole comercial, por cuanto cualquier suma involucrada en una operación de ese tipo será abonada al embargo como pago del mismo.
Buebos Aires, 22 de diciembre de 2006.
Crónica Digital / Agencias , 0, 57, 2
