La investigación periodística de Informe Especial, difundida anoche por Televisión Nacional de Chile (TVN) no deja espacio para la duda. Más allá del reconocimiento público de la existencia del Cuartel de Simón Bolívar como lugar de exterminio de las dos direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976 y, la barbarie en sus formas de aniquilamiento, deja de manifiesto que ex agentes de la represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) han comenzado a hablar.
El secretismo impuesto, a sangre y fuego, por dicho organismo represivo liderado por el condenado general ® Manuel Contreras, por más de 30 años comienza a romperse y sus ex camaradas de armas hoy están entregando información que podría ser relevante para conocer la verdad y el destino final de los detenidos desaparecidos. Pero, el avance judicial en esta materia es dispar, en los llamados casos emblemáticos se ve que la investigación camina, como es el que lidera el ministro Víctor Montiglio, pero hay otros que desde el momento del recurso de amparo (años 1973, 1974,1975,1976 o 1977) nada o casi nada se sabe.
En este sentido se visualizan, a lo menos, tres tareas urgentes que hasta la fecha se encuentran pendiente. La primera tiene directa relación con la cantidad de procesos que deben investigar los magistrados y la necesidad de redestinar algunas a otros jueces con el objeto de avanzar en las pesquisas. En este sentido, exige un mayor esfuerzo por parte de abogados y familiares en la entrega de información que permitan abrir causas.
Una segunda arista es la responsabilidad del Estado en cuanto a tomar las decisiones políticas que permitan entregar mayores recursos financieros y humanos para investigar las causas de derechos humanos a la Policía de Investigaciones y, por último, la decisión política de los partidos donde militaban los desaparecidos con el objeto de determinar los últimos momentos de las víctimas antes de ser detenidos y hechos desaparecer por los organismos represivos de Pinochet.
Respecto del primer punto, la justicia hoy lleva la delantera. Las agrupaciones de familiares y sus abogados son, hoy por hoy, los últimos en enterarse respecto de lo que sucede en cada causa ya que deben ser éstas organizaciones los llamados a alimentar, permanentemente, a los magistrados en sus investigaciones. Por tal motivo, la coordinación entre ambas instancias es fundamental para avanzar en materia de verdad y justicia.
Además, mientras los jueces solicitan mayores equipos de investigación, hoy deben enfrentar un problema serio. El Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, en el último tiempo, se ha visto mermado en sus recursos financieros y humanos para cumplir con la labor encomendada. No es desconocido que existe una instrucción de reducir costos y dividir el trabajo de este Departamento en otras áreas de la policía civil. Esta decisión política proviene de su propio Director General, Arturo Herrera por lo que abre la duda respecto del actual compromiso de la Policía de Investigaciones, como política institucional, en materia de derechos humanos. Sobretodo, si a este resquemor sumamos el incidente producido por el informe del general Miguel Trincado, donde la máxima autoridad policial solicitó al Departamento Quinto, modificar la participación del militar en los hechos investigados por un juez de la República.
Por otro lado, se conoce que los equipos policiales tienen bastante avanzada la red de agentes y colaboradores de los organismos represivos, sean estos de la DINA o de la CNI o DINE, lo que ha permitido unir cabos de responsabilidad. Sin embargo, el nivel de conocimiento respecto de las formas de trabajo clandestino de las víctimas es todavía muy incipiente, por lo que se hace necesario la entrega de esta información con el objeto de determinar los últimos momentos de las víctimas antes de ser detenido por los organismos de seguridad.
Respecto de lo anterior, esta solicitud ya fue manifestada por los familiares de las dirigentes desaparecidos del PC en diciembre último no solo por la necesidad de reconstruir la vida y las estructuras políticas que acompañaron a estos mártires sino, porque muchos de sus compañeros de clandestinidad hoy superan los 65 años y, en muchos casos, han perdido la vida por el paso de los años. Lo mismo sucede en lo que queda del MIR y del Partido Socialista.
Sin duda hoy es el mejor momento para avanzar en materia de verdad. De todos depende ahora entregar, a través de los canales judiciales pertinentes, el máximo de detalles, lugares y nombres que permitan reconstruir este puzzle de la muerte que acompaña a Chile por casi 33 años.
Roberto Portilla
Periodista, Editor General de Crónica Digital
Santiago de Chile, 14 de agosto de 2007.
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