La cadena de noticias Fox expresó hoy su indignación tras revelarse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos trató de criminalizar las actividades de uno de sus reporteros en 2009 simplemente por hacer su trabajo.
Esa dependencia federal dio seguimiento a los correos electrónicos y comunicaciones del periodista James Rosen, un hecho que a juicio de Michael Clemente, vicepresidente de ese medio de prensa, «es francamente escalofriante».
La reacción de Fox se produjo después que el diario The Washington Post informó este lunes sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre una posible filtración de información clasificada sobre la República Popular Democrática de Corea.
Un antiguo analista en armas del Departamento de Estado, Stephen J. Kim, fue acusado en 2010 por la divulgación ilegal de información a Rosen, jefe de corresponsales de Fox en Washington.
Los investigadores federales obtuvieron entonces una orden de registro de correos electrónicos personales del reportero, la cual fue dada a conocer al año siguiente, pero un ejecutivo de Fox confirmó que no estaba al tanto de las acusaciones hasta la divulgación ahora del informe en el Post.
Abogados de los medios de comunicación y expertos en transparencia del Gobierno señalaron que la caracterización del Departamento de Justicia sobre Rosen como un posible conspirador había sobrepasado los límites.
El artículo del rotativo precisa que el caso de Kim y Rosen tiene sorprendentes similitudes con una investigación de filtraciones que reveló la semana pasada que investigadores federales obtuvieron los registros al menos 20 líneas telefónicas asignadas a la agencia Associated Press (AP) durante dos meses.
Todo esto ocurre en momentos en que la administración del presidente Barack Obama se encuentra bajo un renovado escrutinio por un número sin precedentes de investigaciones, añade el periódico.
Documentos de la corte en el caso de Kim revelan hasta qué punto los investigadores exploraron las comunicaciones privadas de un periodista.
También se plantean nuevas inquietudes entre los críticos del Gobierno sobre el efecto de estas pesquisas secretas que violarían el derecho al intercambio de información entre los periodistas y sus fuentes.
«Pedir información nunca se ha considerado un crimen», dijo Steven Aftergood, director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Americanos. «Es una línea que no se había cruzado hasta ahora», subrayó.
Al hablar el domingo en el programa televisivo Face the Nation, de la cadena CBS, el presidente de la AP, Gary Pruitt, calificó de inconstitucional la actitud del gobierno de Barack Obama.
Washington, 20 mayo 2013
PL
