El Partido Comunista (PC) vive un momento de cruciales definiciones luego que tras su respaldo a la candidata de la Nueva Mayoría y su inminente triunfo en diciembre próximo, debe decidir su ingreso al gobierno. Esta situación constituye un nuevo momento histórico en su larga trayectoria política y, a diferencia de antaño, lo hace sin referentes internacionales y en medio de una profunda transformación social.
Mirada en perspectiva, la actual coyuntura electoral tiene amplias similitudes con el proceso que dio forma al Frente Popular en 1938, impulsado entonces por el PC, el cual nace de un pacto entre el PC, Partido Socialista, Democrático y Partido Radical, en marzo de 1936.
Aquella coalición política formaba parte de una estrategia promovida tras el VII congreso mundial de la Internacional Comunista, que buscaba superar la anterior fase de “clase contra clase” y trabajar para derrotar el naciente fascismo en Europa. Desde entonces, el PC en su X Congreso hace ver la necesidad de trabajar por una candidatura única y el proyecto de Frente Popular para derrotar a la derecha, haciendo alianzas con sectores de la “burguesía” de entonces con el fin de impedir el avance del fascismo en Chile.
La candidatura de Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, es la carta apoyada por el Frente Popular en contra de la figura de Gustavo Ross Santa María, exponente del capital financiero en esos años. El proyecto del Frente Popular estaba dotado de un contenido nacional, democrático y popular, de carácter antioligárquico y antiimperialista, y se lo veía como un instrumento que permitiría generar un polo obrero frente a la hegemonía burguesa que representaba en esos años el radicalismo.
Esta política de alianzas que el PC desarrolló por décadas, inclusive durante la dictadura, término en 1977, año en que tuvo lugar un pleno del comité central que abrió paso a un cambio de línea, que en 1980 se conocería como Política de Rebelión Popular. Esa tradición iniciada en 1938 y prolongada hasta 1977, se desarrolló a través de diversas formas orgánicas siempre inmersas en la institucionalidad. Así, se crea el Frente del Pueblo, en 1952, el Frente de Acción Popular y la Unidad Popular, que levantan a Salvador Allende como candidato presidencial.
El pleno del comité central del PC de agosto de 1977, junto con hacer una dura autocrítica por los errores cometidos en la Unidad Popular estableció entre otros puntos que la revolución abriría la libertad para el pueblo y no para sus enemigos y que la correlación de fuerzas no era sólo una cuestión numérica, sino de una mayoría activa capaz de impulsar los cambios. Al trazar la política de Rebelión Popular, en septiembre de 1980, y luego de ser severamente golpeado por los aparatos represivos de la dictadura, se rompe con la tradición institucional y desarrolla una lucha por fuera y en contra del sistema establecido por el gran capital y cautelado por la fuerzas armadas, ampliando su línea política y abordando el vacío histórico de lo militar en la política.
A diferencia de los periodo 1938-1977, e inclusive hasta 1988 si se quiere, el PC estuvo inmerso en una contienda global entre capitalismo y socialismo, en el marco de la lucha antifascista y posterior Guerra Fría, y sus políticas se inscriben en procesos internacionales de luchas de liberación o democratización.
La pregunta que surge hoy es cuál es el rol que espera desempeñar el PC de cara a las definiciones que debe adoptar próximamente respecto de su posible ingreso al gobierno de la Nueva Mayoría, en medio de la actual fase del imperialismo donde la contradicción principal es entre neoliberalismo y democratización.
Ingresar al gobierno de Michelle Bachelet, que ha levantado un programa de reformas que supera a las anteriores gestiones de la ex Concertación, supone retomar la senda institucional que le caracterizó desde el Frente Popular hasta la Unidad Popular y desplegar un trabajo progresivo de lucha por democratizar el Estado y poner término a las estructuras generadoras de opresión, desigualdad e injusticia social. No obstante, ser parte de un gobierno implica responsabilidades y compromisos, lealtad y determinación. Contar entre sus filas con líderes sociales en el parlamento surgidos de luchas democráticas, al igual que los nuevos exponentes juveniles que han ingresado al congreso, es desde luego una fortaleza que puede marcar una diferencia.
Asimismo, ingresar a un gobierno sólo para legitimar formas de dominación que están en la base de la exclusión social imperante sería un error, por lo que debe existir un equilibrio que impida la instauración nuevamente del dominio oligárquico de máquinas de poder y corrupción.
En este sentido, la cuestión de tener un pie en el gobierno y otro en la calle no es una buena metáfora, pues abre dudas sobre su real compromiso con el proceso político en curso, y por otra parte, porque la sociedad civil ya no es una entramado de clases dóciles a los dictámenes de un partido o coalición. Por el contrario, es la autonomía de la sociedad y de sus movimientos democratizadores la principal fuente de las microrevoluciones que están teniendo lugar hoy por doquier en Chile y el mundo.
El nuevo Frente Popular que nace, de llegar a integrar al PC sería la mayor expresión de alianza social y política conocidas hasta hoy, que integraría desde democratacristianos hasta comunistas y que podría abrirse a nuevos sectores en la medida que despliegue una política afincada en una vocación transformadora y no meramente reproductora del orden institucional.
Por cierto nada garantiza que las transformaciones que se han propuesto lleguen a destino, por lo que debe restablecerse un nuevo acuerdo social que, a diferencia de la época de los miedos de postdictadura que instaló la gobernabilidad elitista marginando a la sociedad de los procesos de cambio; esta vez, tal acuerdo supone reconocer el rol gravitante de la sociedad y sus movimientos como motores de la transformación y base de la soberanía popular.
Por Adolfo Castillo
Santiago de Chile, 21 de noviembre 2013
Crónica Digital
