IMPULSA GOBIERNO VOTO ELECTORAL DESDE EL EXTERIOR

El Gobierno chileno dará máxima prioridad al proyecto de reforma constitucional consagrado al voto de los ciudadanos desde el exterior, anunció Ximena Rincón, ministra de la Presidencia de la República.

La portavoz principal de la mandataria Michelle Bachelet, recalcó que se pondrá énfasis con urgencia en el trámite parlamentario para permitir en el futuro el sufragio de los chilenos allende los mares.

Rincón dijo a periodistas que igualmente se presentará una indicación «para efectos de eliminar la inscripción cada vez que haya una elección nacional, presidencial, plebiscito o consulta».

Se trata en ambos casos de iniciativas incumplidas por la administración de Sebastián Piñera que Bachelet quiere tramitar en el legislativo a más tardar en 15 días.

El impedimento de votar desde el exterior aparece en la Constitución de 1980, una de las herencias de la dictadura de Augusto Pinochet, que de hecho la nueva jefa de Estado quiere dejar atrás en sus cuatro años en el Palacio de La Moneda.

La fuente destacó que con el cambio propuesto, «bastará la inscripción de acuerdo a la ley orgánica, y cada vez que se cambie de domicilio, lo mismo que en nuestro país, se deberá concurrir al consulado respectivo».

No se harán otras modificaciones entendiendo que el ánimo es que los chilenos residentes en el exterior puedan votar, apuntó Rincón.

El proyecto ya pasó con éxito el Senado y se encuentra ahora en la Cámara de Diputados. De todas formas deberá cursar un tercer trámite en una comisión mixta, otro de los entramados burocráticos del Parlamento chileno.

Respecto al asunto, también hizo comentarios el  ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien confió en la aprobación de la iniciativa «para poder fortalecer nuestra democracia».

Santiago de Chile, 20 de marzo 2014
Crónica Digital

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Manuel Riesco: RECONSTRUCCIÓN

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Se dice que las grandes revoluciones no destruyen nada (las contrarrevoluciones lo hacen), sólo cambian radicalmente la naturaleza de lo que existe previamente. Específicamente, de aquello que ha dado de sí todo lo que puede dar y le ha llegado su tiempo de ser reemplazado. De la misma manera, el nuevo sistema de educación pública se reconstruirá a partir de lo actualmente existente en este ámbito. Es decir, el actual sistema público y subvencionado, en todos los niveles educacionales. Las actuales autoridades probablemente van a diseñar un camino de avance gradual a la gratuidad. Reducirán de manera paulatina los ingresos provenientes de matrículas, aranceles y venta de servicios. Los reemplazarán, con creces, con la asignación de recursos del presupuesto público directamente a los establecimientos. La educación se desprenderá así, poco a poco, de su actual disfraz de mercancía, lo que viene a ser lo mismo que la gratuidad bien entendida.  Con ello se esfumará el afán de lucro de los propietarios de establecimientos. Asimismo, se hará posible la formalización de la relación laboral del magisterio, académicos e investigadores, asimilándola a la del funcionariado público. Todo lo anterior, se irá haciendo extensivo tanto en los establecimientos públicos como en los actualmente subvencionados, en todos los niveles. Son las formas adecuadas a la educación gratuita, es decir, no mercantil. Ello ya se hizo una vez en Chile, durante la reforma universitaria de los años 1960. En ese entonces, el Estado incrementó muy significativamente el presupuesto entregado a las universidades existentes, a cambio de avances hacia la gratuidad, la que se logró totalmente al cabo de cinco años. Los resultados fueron buenos. En ese período se duplicó la matrícula universitaria y se triplicó en los planteles estatales, se triplicaron las sedes, se quintuplicaron los académicos a jornada completa, y se modernizaron las estructuras universitarias. Demás está decir que todas las universidades de entonces se plegaron a este plan. El Estado respetó su autonomía en la asignación interna de recursos, a condición de satisfacer ciertas exigencias mínimas. Como desarrollar todas las funciones propiamente universitarias, respetar la libertad de cátedra y no discriminar bajo ningún concepto, tener una planta académica con contratos adecuados y, lo que fue decisivo, establecer un co-gobierno interno democrático con participacion triestamental. Nada impide hacer ahora lo mismo. Igual que entonces, hay muchas universidades privadas que estarán más que dispuestas a incorporarse a un plan de esta naturaleza. Sus propias comunidades las forzarán a ello. Además de su precaria condición financiera. Cabe mencionar que el Estado tendrá que asumir problemas acumulados, los que no dan para más. Es el caso emblemático del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Del mismo modo que la U se ha visto en la obligación de intentar venderlo, muchas otras universidades estatales, sino todas, han recurrido a hipotecar bienes públicos para financiar sus operaciones; mediante variados mecanismos, no siempre claros. Todo esto hay que sanearlo. El Estado se tendrá que hacer cargo asimismo de varias universidades privadas que actualmente son inviables. Sin ir más lejos, aquellas que han venido […]

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