El Consejero Nacional de la CUT y dirigente de la Salud, Franz Bagus, escribe una columna sobre las concesiones hospitalarias y las movilizaciones de trabajadores y usuarios en contra, que tendrá una nueva movilización este viernes 06 de mayo en el frontis del Hospital Salvador.
El sistema de concesiones fue iniciado en los gobiernos de la Concertación, con la promulgación en 1996, de la “Ley de Concesiones de Obras Públicas” (decreto MOP Nº 900), que prometía aportar recursos privados y eficiencia empresarial para resolver problemas sociales que el Estado no podía enfrentar, pues carecía del dinero, contando con el completo acuerdo de la derecha.
Así comenzaron las concesiones con las Carreteras, Penitenciaria, Transantiago y en salud, con los hospitales de la Florida y Maipú.
La fundamentación teórica en los años 90 se encuentra en la literatura sobre administración pública, de una línea llamada “new public management” que sistematizó los procesos de “modernización” del aparato estatal tanto en EE.UU como en el Reino Unido, basándose en una hipótesis que implicaba introducir lógicas de mercado en la provisión de servicios y en las obras del Estado, para mantener una gestión pública de mercado que dé buenos resultados “costo efectivos”, entregando mayor rentabilidad a los gobiernos.
A fines del 2009 la adjudicación de la concesión de los hospitales de la Florida y Maipú quedaron en manos de capitales españoles a través de la “Sociedad Concesionaria: San José-Tecnocontrol S.A”.
El 29 de Enero del 2010 se publica la Ley 20.410 que modifica la Ley de concesiones, la que no considera ningún resguardo a los procesos de inversión, mantención y explotación de obras públicas hospitalarias.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera se profundizó el mercado como rector del sistema sanitario chileno. Esto se refleja claramente en políticas que tienden a eliminar o reducir significativamente la gratuidad; en el aumento de las transferencias de fondos fiscales a clínicas privadas (37,5% más respecto al 2010); y en la nula capacidad de generar una reforma al sistema de Isapres, entre otros aspectos.
La profundización de esta política se refleja en la consolidación de las concesiones hospitalarias que es acompañada de un proyecto de ley que norma el funcionamiento de estos hospitales.
La razones argumentales son que
1.- Permite enfrentar el déficit de infraestructura pública
2.- Permite postergar los pagos por 3 o 4 años después de la licitación
3.- Se supera le ineficiencia de la provisión publica
El análisis de las únicas concesiones hospitalarias hechas hasta el momento arroja resultados poco alentadores en cuanto al costo beneficio. El costo de inversión en ambos hospitales es de US$ 313 millones, sin embargo, el estado cancelará US$ 426 millones, es decir, un 27% más que lo que cuestan los hospitales. Esto, sin contar los US$173 millones de dólares extra que debe pagar el Estado por concepto de “operación” monto que los hospitales públicos no reciben.
En definitiva, los hechos demostraron que en ambos establecimientos la construcción de hospitales a través de concesiones hospitalarias puede duplicar el costo y demorar mucho más que si el Estado se responsabilizara de las obras y sus gastos. Esto representaría una carga financiera para el Estado que sin ninguna duda implicaría la reducción de otros aspectos en salud mucho más relevantes para la población (remedios, RRH especialistas ,etc.) solo para pagar estas enormes cuotas de dinero, que según contrato deben ser asumidos por el estado con consecuencias lapidarias si el estado no cumple estos compromisos financieros con la empresa concesionaria.
Más aun, la lógica de funcionamiento donde la operación y lo clínico tienen distintos mandos y objetivos los resultados esperados se traducen en otorgar altas más prematuras y que debe haber una rotación de pacientes más ágil que en otros establecimientos.
En otro aspecto, el apoyo clínico y administrativo de estos establecimientos, fomenta y desarrolla una fuerte dependencia de la concesionaria, fomentando la precarización del empleo y disminuyendo la calidad de la atención al establecerse contratos tercerizados
En los últimos meses del Gobierno de Piñera, se aceleró artificialmente el proceso de concesiones para dejar amarrado el gobierno siguiente, dejando dos meses para que las empresas formulen proyectos y menos de 20 días para la evaluación de las propuestas económica.
Existen otras formas de financiamiento:
q Recursos sectoriales por presupuesto,
q Recursos regionales,
q Préstamos internacionales,
q Recursos fiscales propios (ahorros) y
q Recursos fiscales adicionales (a través de reformas tributaria)
Hoy, a pesar del compromiso programático del nuevo gobierno, las promesas de la Presidenta y las declaraciones de la Ministra de Salud de no continuar con las concesiones hospitalarias, existe le posibilidad que por una maniobra del anterior gobierno se tenga que concesionar los hospitales Salvador, Félix Bulnes y Sotero del Rio.
Por esto, el llamado a las actuales autoridades y los partidos de la nueva mayoría es a cumplir la promesa de no construir bajo el caro y poco eficiente concepto de concesiones.
No basta buscar argumentos técnicos para detener la ejecución de estos proyectos donde ya tomó razón contraloría (Félix Bulnes y Salvador) y otros a punto de hacerlo (Sótero del Río), se necesita voluntad política para convertirlos en proyectos de construcción, con un financiamiento que no signifique el empobrecimiento de nuestras arcas fiscales pagando precios demasiados elevados para las cantidad de necesidades que existen en salud y sometiendo a los trabajadores y usuarios a más abusos.
Por Franz Bagus Álvarez Consejero Nacional CUT Dirigente Hospital San Juan de Dios
Santiago de Chile, 5 de junio 2014
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