Se criticó que se especifique en el articulado que las huelgas deben ser «pacíficas» y se refutó una excesiva tutela del Estado, particularmente en lo referente a eventuales intromisiones en las negociaciones entre trabajadores y empleadores. Sus dirigentes indicaron que la mayor aspiración es lograr la negociación supraempresa o ramal y plantearon modificar la definición del derecho de huelga; acotar la procedencia de los servicios mínimos y su calificación; y eliminar el arbitraje forzoso y las nuevas sanciones, entre varias materias.
Con un discurso firme y claro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por su presidenta, Bárbara Figueroa, valoró la presentación de parte del Ejecutivo de una reforma laboral que incluya, por ejemplo, la ampliación de la negociación colectiva y el derecho a huelga sin reemplazo. Sin embargo, expresó también amplios e importantes reparos, tanto a materias que no fueron incluidas en la propuesta legal como a algunas normas que llegó a calificar como una «satanización del sindicalismo».
Bárbara Figueroa comenzó su presentación mostrando un cuadro general sobre la realidad salarial de los trabajadores en Chile, los niveles actuales de sindicalización y los efectos provocados por las deficiencias en materia de negociación colectiva, particularmente, en materia de desigualdad. Sobre este punto remarcó el amplio crecimiento de la brecha entre el 5% más rico y el 5% más pobre del país y destacó que esta diferencia se ahonda si se consideran en los cálculos sólo los ingresos netos producto del trabajo, sin los subsidios estatales.
Asimismo, defendió que éste no es un tema del pasado, sino que una problemática contingente a nivel mundial y recalcó que la vía para generar mejoras reales es a través de un mayor equilibrio en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. «Solo a través de una verdadera libertad sindical en Chile, es decir, que sean los trabajadores los que delimiten su campo de organización; una verdadera posibilidad de negociación (que se superen los estrechos márgenes de la empresa); y un verdadero derecho a huelga, sin reemplazo, ni descuelgue e incluso fuera de la negociación colectiva misma, se podrá transitar desde una sociedad profundamente desigual hacia una que legitime la igualdad en el ámbito de las relaciones del trabajo», afirmó.
Sostuvo que el proyecto requiere de cambios que, de no tenerlos, implicará un retroceso, ya que, por ejemplo, se estaría dando una conceptualización negativa de la actividad sindical. «Hay aspectos que tiende a mirarnos con ojos temerosos en la acción sindical», precisó.
Criticó que se especifique en el articulado que las huelgas deben ser «pacíficas» y refutó lo que estimó una excesiva tutela del Estado, particularmente en lo referente a eventuales intromisiones en las negociaciones entre trabajadores y empleadores. «El Estado debe estar presente, pero no queremos una excesiva regulación cuando se trata de entendimiento entre las contrapartes», detalló.
Recalcó que aspiraban a que la reforma abordara el tema de la negociación supraempresa o ramal y resaltó que presentan una diferencia significativa con el Ejecutivo en que se busque eliminar el procedimiento especial de negociación colectiva para federaciones y confederaciones.
Asimismo, dijo que es preocupante definir un quórum de constitución en todas las negociaciones colectivas; y que se impida que dentro de la comisión negociadora, en el caso de un sindicato interempresa, pueda haber directores sindicales. «Aquí hay incentivos que en el fondo dicen, vamos a ampliar a un nivel de negociación interempresa, pero en realidad no queremos que eso se consagre», cuestionó.
Además, planteó modificar la definición del derecho de huelga; acotar la procedencia de los servicios mínimos y su calificación; eliminar el arbitraje forzoso, especialmente el que se define para las pymes; que se respete el programa de Gobierno en materia de piso de la negociación (que la negociación colectiva sea la base de la futura), lo que implica que haya reajustabilidad; mantener el silencio positivo; eliminar los pactos sobre condiciones especiales de trabajo; modificar el plazo de entrada en vigencia de la ley; y eliminar concepciones y elementos, como el nuevo marco sancionatorio.
«No entendemos porque se quiere satanizar la acción sindical de esta manera, cuando la propia historia de nuestro país demuestra que el movimiento sindical actúa con tremenda responsabilidad, con mirada de país y que cuando tiene conflicto, no son por un capricho», enfatizó.
Finalmente, indicó que los países no requieren tasas de sindicalización del 80% para poder tener mejor redistribución del ingreso, sino buenos instrumentos de negociación y reclamó eso es lo que se está solicitando.
«Lo que la CUT está demandando no es sólo hágannos un favor de hacer una buena reforma laboral. Lo que la CUT está pidiendo es seamos corresponsables de la necesidad de que Chile avance en mejor equidad y justicia social y eso sólo se va a lograr si nosotros tenemos un mercado del trabajo, como dicen algunos, nosotros hablamos del mundo del trabajo donde las partes estén en equilibrio», puntualizó.
Otros dirigentes
Arturo Martínez recalcó que las expectativas de los trabajadores fueron muy altas en torno a la constitución de la reforma laboral y criticó que ésta, finalmente, se limitó a abordar solo algunos puntos, sin entrar a una verdadera reestructuración del Código Laboral que permita igualar las condiciones entre trabajadores y empleadores.
Insistió en la necesidad de que avanzar en negociaciones ramales y no por empresas, de modo de brindar mejores oportunidades a los trabajadores que no pueden interactuar a través de un sindicato; y sostuvo que el proyecto presentado limita aspectos de la negociación colectiva. Además, pidió eliminar las normas vigentes que permiten a los empresarios despedir a sus trabajadores bajo el concepto de «necesidad de la empresa» o por «fuerza mayor».
Nolberto Díaz coincidió con los anteriores en la necesidad de avanzar en la negociación por ramas y planteó que el proyecto presenta buenas intenciones pero mala redacción. Criticó particularmente la introducción del «servicio mínimo», acotando que debería mantenerse sólo como servicios esenciales, ya que de la presente forma da lo mismo hablar de una zapatería que de una empresa sanitaria.
Defendió que esta materia, junto al reemplazo en una huelga, minan la defensa de los derechos de los trabajadores, ya que la empresa sigue manteniendo sus servicios y sanciona con el despido a aquellos empleados que participaron en las movilizaciones.
Santiago de Chile, 3 de marzo 2015
Crónica Digital / Agencias
