El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes, se hizo presente en la cuenta pública del Ministerio de Educación, lugar desde el cual ratificó el llamado a paro nacional que se encuentran convocando junto al Colegio de Profesores para el próximo 9 de abril.
El vocero de los secundarios manifestó su preocupación por el poco diálogo del gobierno con los estudiantes en cuanto al proyecto de desmunicipalización, acusando al ministerio de hacer oídos sordos a la solicitud realizada por la CONES respecto a una mesa de trabajo para abordar la iniciativa.
“Hemos oído con atención esta cuenta pública y, así como por un lado reconocemos la disposición del ministerio por hacer cambios, por el otro nos parece preocupante que hasta la fecha no den señales de querer discutir el proyecto de desmunicipalización con los estudiantes”, afirmó el líder de la CONES, Ricardo Paredes.
A raíz de aquello el dirigente estudiantil reforzó el llamado al paro nacional que, junto al Colegio de Profesores, están convocando para el jueves 9 de abril, y caracterizó la instancia como una “movilización solidaria” cuyo objetivo será, además de incidir en la reforma educacional, reunir artículos de primera necesidad para los damnificados del norte de Chile.
“Los estudiantes secundarios llevan más de 25 años exigiendo que la educación vuelva al Estado y no vamos a aceptar que ahora se nos ignore, como tampoco bajaremos nuestros brazos en la ayuda a los compatriotas del norte. Nuestro llamado por tanto es a movilizarnos solidariamente este 9 de abril, para lo cual estamos pidiendo que cada manifestante asista con agua embotellada, artículos de aseo o algún alimento no perecible, los cuales recepcionaremos en la marcha y enviaremos al norte”, concluyó Paredes.
Santiago de Chile, 2 de abril 2015
Crónica Digital
Jue Abr 2 , 2015
Chile, como tantas veces en su historia vive la prueba material y humana de la reconstrucción ante las catástrofes que cada cierto tiempo parecen conmover lo que Benjamín Subercaseaux, describió como su “loca geografía”. El balance, la percepción nacional del desastre, es suficientemente dramático, pero para los efectos de la responsabilidad y consecuencias políticas, la magnitud del evento no basta para explicar los muertos, los desaparecidos, la destrucción de la infraestructura, las casas y locales comerciales anegados, los vehículos y enseres arrastrados por la fuerza del agua, y las esperanzas y proyectos sepultados literalmente por el lodo. Pero tras la emergencia viene una compleja etapa en la sociedad, en las localidades afectadas, en las autoridades e instituciones del Estado, en el Gobierno, en el Congreso, de los poderes regionales y locales, en la propia sociedad civil. Hay una tremenda responsabilidad compartida en la desgracia y sus consecuencias, que no puede quedarse en los dimes y diretes de los funcionarios de Meteorología y de la Onemi, de algunos alcaldes y legisladores deseosos de aprovechar la situación para fines proselitistas. Esta responsabilidad tiene que ver en primer lugar con la vulnerabilidad que presenta el país, en primer lugar respecto de sus ciudadanos, de su infraestructura y de su capital social, humano y material. Como se ha hecho evidente y pocos han asumido, las emergencias y los desastres tienen un innegable rostro de miseria, de pobreza, de los sectores más desposeídos, lo que conocemos como el pueblo trabajador, los pobladores, los campesinos, los jóvenes sin futuro, lo que hoy llamamos la “tercera edad”, los carenciados. Esta es la primera vulnerabilidad: la social: la cesantía, salarios indignos, la falta de viviendas dignas y seguras y la destrucción de las fuentes de trabajo y de las unidades económica, una atención sanitaria eficaz y al alcance de todos. Este no es mucho pedir, dadas las ganancias de las empresas mineras del sector y el robo tributario de empresas como Penta y Soquimich. Aquí se presentan tareas inmediatas, definidas, urgentes, efectivas. Pero tampoco se ha hablado de otro aspecto de máxima importancia y prioridad nacional: la vulnerabilidad de la Seguridad Nacional. La emergencia ha puesto en evidencia aspectos que afectan la seguridad y la defensa del país, al destruir caminos y puentes, al arrastrar los aludes centros administrativos, instalaciones, al colapsar comunicaciones y redes eléctricas. Con seguridad las Fuerzas Armadas, la policía uniformada de Carabineros, que resguarda las fronteras en primera línea, e Investigaciones, han cumplido, junto a su eficiente y abnegada labor diaria en el enfrentamiento de algunas consecuencias inmediatas de la emergencia, con sus tareas esenciales. Pero el país tiene derecho a tener certezas. Pero también está el problema central de todo, la evidencia objetiva de la falta de una doctrina nacional, regional, y local, la carencia de una red de estaciones y fuerzas de reacción inmediata, y de técnica adecuada (helicópteros, aviones de transporte, carros todoterreno aerotransportables, fuerza de paracaidistas para instalar equipos y una primera ayuda en lugares de difícil acceso terrestre, etc). […]
