La inocencia del ex presidente Lula fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del triplex, y el hecho que el propio MPF solicitara incluir nuevos deponentes ‘reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada’, indicó en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins.
La decisión de Moro contiene errores fácticos y también provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, dado en garantía en operaciones financieras por la empresa de ingeniería e infraestructura OAS, agregó el texto.
Lula prestó declaración por primera vez el pasado 10 de mayo ante Moro y reiteró que no es, ni nunca fue propietario del apartamento cuya reforma pretenden atribuirle como presunto pago de ventajas indebidas.
Los defensores del ex gobernante llegaron a solicitar un habeas para suspender el proceso ante la imposibilidad de analizar los documentos que fueron agregados a la causa por vía digital entre el 28 de abril y el 2 de mayo, pero este le fue negado por el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Curitiba.
Los datos entregados ahora, y solicitados en octubre del pasado año, suman 5,42 gigabytes y fueron agregados sin índice y de forma desorganizada. Hay cerca de cinco mil documentos (técnicos, jurídicos y de negocios), con un número estimado de alrededor de 100 mil páginas, detallaron los letrados.
Explicaron además que Moro denegó la solicitud de un plazo adicional para estudiar la voluminosa documentación y también la entrega de la otra parte de los legajos pendientes de revisión.
El propio juez federal de Curitiba prohibió a la defensa de Lula grabar su interrogatorio, alegando que con ello pretendían ‘transformar el acto en un evento político-partidario, absolutamente ajeno al propósito del proceso’.
Brasilia, 15 de mayo 2017
Crónica Digital /PL
