Además, los miembros del partido rojo seguramente sentirán con gran fuerza la presión del presidente Donald Trump, necesitado de una victoria importante tras los sonados fracasos que vivió su formación en julio pasado al intentar cumplir una de sus principales promesas de campaña: derogar y reemplazar el Obamacare.
Los daños ocasionados por el devastador huracán Harvey en Luisiana y, sobre todo, en Texas, llevaron a la administración a solicitar a los miembros del Capitolio un monto inicial de 7,85 mil millones de dólares para un fondo de emergencia destinado a ambos estados.
El asunto se someterá a votación esta semana, y ambos partidos coinciden en la importancia de liberar ese dinero con urgencia, cuando se calcula que el meteoro dejó pérdidas por 180 mil millones de dólares.
Los líderes del Partido Republicano, la fuerza política mayoritaria en ambas cámaras del Congreso, aprovecharán la cuestión del fondo de emergencia para impulsar el movimiento normalmente impopular de elevar el techo de la deuda, actualmente fijado en 19,9 billones (millones de millones) de dólares.
El incremento de ese límite debería darse a más tardar el 29 de septiembre, para permitir que el Gobierno pueda pedir nuevos préstamos con el fin de pagar sus cuentas.
La administración apoya la idea de vincular el dinero de la recuperación al techo del endeudamiento, según lo dejó ver el domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pero algunos de los republicanos más conservadores han expresado su insatisfacción con ese aspecto.
Sin embargo, alcanzar un pacto de ese tipo resulta más probable cuando algunos de los legisladores que se han opuesto a paquetes similares en el pasado, como el senador por Texas Ted Cruz, son los mismos que solicitan ahora asistencia federal masiva para sus electores.
Otro asunto central será avalar la ley para financiar el Gobierno a partir del nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre, lo cual tiene como principal problema la demanda de Trump de que esa normativa incluya dinero para comenzar la construcción de su polémico muro en la frontera con México.
El mes pasado el presidente advirtió que estaba dispuesto a un cierre del Gobierno con tal de presionar por los fondos para su barrera, aunque luego retrocedió en esa amenaza y se espera que los legisladores traten de aprobar primero un proyecto de financiamiento federal a corto plazo, conocido como resolución continua.
De ese modo, las grandes batallas por el gasto se pospondrían para finales del año, con el esperado enfrentamiento por el tema del muro, al cual los demócratas se oponen en bloque.
Más allá de estas cuestiones, la reforma fiscal parece ser la joya de la corona para el mandatario en esta nueva etapa de trabajo en el Capitolio, luego de que el 30 de agosto lanzara una campaña para promover la iniciativa.
Los republicanos sostienen que con ella se impulsaría el crecimiento económico y revitalizarían a su base, pero expertos dudan que las proyecciones de la propuesta sean viables y tengan los resultados esperados.
Varios economistas rechazan algunas de las premisas del mandatario, al considerar que grandes recortes fiscales a las empresas harían relativamente poco para aumentar los salarios o crear empleos y, en lugar de eso, ayudarían a los estadounidenses más ricos.
El liderazgo demócrata manifestó que el partido se opondrá a las rebajas de impuestos a los más acaudalados, y los republicanos muy probablemente evitarán la maniobra conocida como filibusterismo para tratar de aprobar por sí solos la ley sin necesidad de votos del partido azul.
Tal estrategia, sin embargo, resultó ineficiente en el tema de la reforma de salud, cuando la falta de consenso dentro de la propia formación roja impidió que alcanzaran el respaldo para derogar y reemplazar el Obamacare.
A esos y otros asuntos que el Congreso deberá dar respuesta podría sumarse a partir de hoy la búsqueda de un plan alternativo al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que según reportes de prensa sería eliminado por Trump este martes.
Funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que el gobernante dará un plazo de seis meses para que en el Capitolio se busque una respuesta legal a la situación de unos 800 mil jóvenes indocumentados beneficiarios del mecanismo, quienes correrían el riesgo de deportación.
Algunas fuentes señalan la posibilidad de que la Casa Blanca use la cuestión para tratar de lograr un acuerdo más general que incluya financiamiento al muro fronterizo y límites a la inmigración legal, algo que los demócratas ya han rechazado.
Con esas perspectivas, durante septiembre y los meses siguientes habrá muchas miradas dirigidas al Capitolio para evaluar qué acciones podrán concretarse más allá de la habitual retórica política.
Washington, 5 septiembre 2017
Crónica Digital /PL
