El objetivo, señaló Mendoza, es lograr impunidad y defender los intereses de FP, que pretende cesar a los denunciados, para lo cual tiene mayoría legislativa absoluta, decisiva también para la designación de los eventuales sucesores de los jueces y el fiscal.
A esos procesos se agregó ayer un polémico dictamen de la comisión de Constitución del parlamento, que sostiene que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe declarar ante una comisión anticorrupción, pese a que tiene inmunidad constitucional por su alto cargo.
Las preocupaciones coinciden en que la ofensiva parlamentaria de FP es similar a las que usaba para copar todos los poderes públicos el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la líder de FP, Keiko Fujimori, y preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Una de los jueces denunciados, Marianella Ledesma, señaló que la ofensiva del partido fujimorista contra el TC y la Fiscalía mostraría que esa agrupación construye un escenario golpista, criterio compartido por el parlamentario oficialista Gino Costa.
La denuncia contra los jueces acoge la de 35 marinos acusados de una matanza, en 1986, de más de cien presos y defendidos por FP, que sostienen que cometieron prevaricato al corregir una votación irregular de hace dos años y dictaminaron que el caso no prescribe por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Al fiscal Sánchez la bancada fujimorista lo acusa de omisiones de fiscales anticorrupción, pese a que estos son autónomos y sus decisiones no pueden ser interferidas por nadie.
Sin embargo, el vocero alterno de esa bancada, Héctor Becerril, admitió tácitamente que el motivo es la defensa de Keiko Fujimori, que enfrenta investigaciones por graves casos de lavado de dinero, uno reabierto hace unos días y que tiene como protagonista al ex secretario generalde FP, Joaquín Ramírez.
Becerril acusó a Sánchez de politizar al Ministerio Público para mellar la imagen de la dirigente, de cara a las elecciones generales de 2021, pues la pesquisa a Ramírez y a ella, al haber sido situada bajo la ley contra el crimen organizado, puede prolongarse por tres años.
El congresista Costa compartió de otro lado la hipótesis de que el origen de la denuncia contra Sánchez sería la relación entre el autor de la misma y vocero fujimorista, Daniel Salaverry, y Joaquín Ramírez, estrechamente ligados.
Explicó que Ramírez aportó en 2014 dinero para reflotar a un club de fútbol del norte del país que estaba en quiebra y que presidía Salaverry y dos años después este fue nominado candidato al parlamento, apadrinado por Ramírez.
Por otra parte, el legislador progresista Jorge Castro, manifestó su desacuerdo con la insistencia de FP al presidente para que declare ante la comisión anticorrupción que Castro integra, actitud que, dijo, debilita a la democracia en un clima de inestabilidad.
Kuczynski ha aceptado responder por escrito a los parlamentarios pero el dictamen de ayer señala que el grupo investigador debe determinar si acepta esa modalidad o exige, como ha hecho hasta ahora, un interrogatorio presencial.
Por Manuel Robles Sosa
Lima, 8 noviembre 2017
Crónica Digital /PL
