El diputado comunista Hugo Gutiérrez junto al abogado Fernando Monsalve, llegaron hasta la sede de la Fiscalía Nacional para solicitar a su director, Jorge Abbott, que se aboque a la investigación de las denuncias dadas a conocer por investigaciones periodísticas que dan cuenta de la evasión de pago de contribuciones en viviendas consideradas “de lujo”.
Según señalara el diputado, “creemos que hay la ocurrencia de ilícitos penales de fraude al fisco, porque entiendo que si en su oportunidad cuando se denunciaron estos hechos por primera vez y no se hizo nada y siguió hasta el día de hoy, prefiriendo cobrarle a la dueña de un quisco y no ir a a cobrarle los impuesto territoriales a Vitacura, creo que en esa decisión algo huele a delito”.
En esa línea, Gutiérrez remarcó que “cuando se determina que es mejor cobrarle al panadero por no entregar la boleta y no ir a cobrarle a quien hace pasar su territorio como terreno agrícola y así no pagar los impuestos correspondientes, hay delitos que deben ser investigados”.
En concreto, el diputado aboga por la clarificación y responsabilidades de los últimos siete directores del Servicio de Impuestos Internos y otros funcionarios de la entidad, quienes podrían haber generado una política para que los “súper ricos” pagaran montos irrisorios por concepto de contribuciones.
“Hemos estimado que en consideración a los antecedentes entregados por sendos reportajes, en cuanto a que hay cientos de personas que evaden el pago de sus contribuciones, el impuesto territorial, es necesario saber si en lo denunciado hay una política determinada del Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay un lucro que debieron haber recibido tanto las municipalidades como el Fondo Común Municipal y eso tiene implicancias en lo presupuestario de las municipalidades”, detalló Hugo Gutiérrez.
Por su parte, el abogado Fernando Monsalve, agregó que “queremos la investigación de los últimos siete directores del SII, por no fiscalizar. La excusa no es la falta de personal, porque el país sabe que se fiscaliza a algunas personas y a otras no. En este caso no se estaba fiscalizando, pese a denuncias previas desde el año 2012 a los denominados súper ricos. Esto implicaría necesariamente dejar de percibir miles de millones de pesos”.
Según lo expuesto por la investigación periodística, en tan solo dos de los casos presentados se habrían dejado de pagar cerca de 30 mil millones de pesos, equivalentes , por ejemplo, al presupuesto total de la municipalidad de Recoleta.
Santiago de Chile, 1 de julio 2019
Crónica Digital
