Para Ecuador el 2020 resultó un año complejo, en el que protestas sociales, denuncias de judicialización de la política, problemas económicos y la Covid-19 sellaron la vida de los 17 millones de ciudadanos.
Casos judiciales contra dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, amenazas de cárcel a asambleístas y repetidos intentos de evitar la participación de esa fuerza progresista en los comicios del venidero año caracterizaron los reclamos por persecución política o la llamada lawfare en los últimos 12 meses.
Entre los procesos más cuestionados y denunciados por judicialización de la política estuvieron las causas conocidas como Sobornos y Rebelión, que involucraron a exdirigentes de la Década Ganada, como se conoce a los 10 años de gestión presidencial de Correa, previos a la actual administración del dignatario Lenín Moreno.
Tratándose de un año preelectoral, para muchos dentro y fuera del país, ambos casos buscaron desprestigiar a líderes de la Revolución Ciudadana y evitar la participación del exmandatario en los comicios pactados el 7 de febrero de 2021.
Desde principios de enero, Correa y otros 20 exfuncionarios de su gobierno y empresarios fueron llamados a juicio por el supuesto uso de fondos de contratistas para financiar actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianza PAIS, de 2012 a 2016, mientras dirigía la nación, delito que negaron.
No obstante, fueron condenados a prisión en septiembre pasado, en medio de irregularidades y con elementos sin sustento, que llevaron a muchos a hablar de una trama de persecución política.
Por otro lado, el caso Rebelión, aún vigente, busca condenar a prisión a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y los dirigentes de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y Christian González, acusados de un intento de rebelarse contra el gobierno durante las protestas de 11 días desarrolladas en octubre de 2019 contra la administración nacional.
Esos procesos, junto a las numerosas manifestaciones populares desarrolladas todo el año contra recortes presupuestarios, despidos masivos y los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional mostraron el descontento generalizado con las decisiones tomadas por las autoridades.
Maestros, estudiantes universitarios, trabajadores, empleados públicos y mujeres, entre otros sectores demandaron en la calle transparencia por parte de los entes judiciales, atención a los pedidos de los más desposeídos y medidas favorables a la mayoría.
La propagación de la pandemia de la Covid-19, desde inicios de marzo, empeoró la situación nacional y obligó a declarar un estado de excepción junto a restricciones como el cese del trabajo presencial y el aislamiento.
Guayaquil, segunda ciudad más poblada, después de la capital, fue epicentro de la dolencia durante los cuatro primeros meses, cuando se cuantificaron más de 10 mil muertes vinculadas a la enfermedad, las cuales no aparecen en las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública.
Desde julio último y hasta la fecha, Quito es la urbe con mayor incidencia de la dolencia, derivada fundamentalmente de la indisciplina ciudadana y las violaciones al protocolo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
Pese a que el número de infectados cede muy poco, la nación continúa en una etapa de transición hacia la llamada nueva normalidad, con vistas a impulsar la reactivación económica.
Mientras los contagios por el padecimiento aumentaban, se destapó una red de corrupción en la adquisición de insumos médicos, equipos y otros bienes necesarios para hacer frente a la dolencia, lo cual llevó a la dimisión de algunos funcionarios y la destitución de otros, al tiempo que están abiertos procesos investigativos para dar con los responsables y establecer las penas pertinentes.
Desde el 29 de febrero, cuando fue publicado el primer caso, hasta mediados de diciembre, los estimados del Ministerio de Salud Pública dieron cuenta de 202 mil 110 confirmados con prueba PCR, mientras que las muertes en el marco de la Covid-19 alcanzaron las 13 mil 875, nueve mil 337 de ellas comprobadas.
El avance del padecimiento, las medidas de restricción de movilidad y el aislamiento impuesto para frenarlo ocasionaron una mayor contracción económica y daños para los bolsillos de las familias ecuatorianas, agudizados por medidas dispuestas por el ejecutivo consideradas impopulares.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, hasta septiembre pasado el desempleo era de 6,6 por ciento de la población económicamente activa, mientras que la tasa de pobreza multidimensional, hasta diciembre, era del 38,1 por ciento.
Juicios políticos, renuncias ministeriales, acusaciones contra altos funcionarios y denuncias contra el presidente de la república, Lenín Moreno, también fueron recurrentes este año.
En medio de toda esa situación, el Consejo Nacional Electoral convocó a sufragios generales e inició un calendario marcado por problemas y dilaciones, que provocan severas críticas al accionar de ese cuerpo colegiado.
La inscripción de candidaturas estuvo caracterizada por numerosos intentos de impedir que la Revolución Ciudadana participe en los comicios de 2021, sin embargo, cada traba interpuesta terminó frustrada ante las respuestas legales de la fuerza política y las manifestaciones de respaldo desde diferentes sectores de la sociedad.
El nuevo año alcanzará a un Ecuador debilitado económicamente, plagado de compromisos con entes financieros y en crisis política.
*Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
Quito, 16 de diciembre 2020
Crónica Digital/PL
