Pese a que se había declarado la información como secreta, la autoridad medioambiental se vio obligada a entregarla tras una solicitud por Ley de Transparencia.
“Durante casi 20 años una empresa mintió sobre las obras de un vertedero y la autoridad ambiental no inspeccionó como correspondía”, manifestó el senador por la Región del Biobío, tras la fiscalización que solicitó en conjunto a la comunidad de Curaco Alto en Tomé.
De acuerdo al senador progresista, “el proyecto de instalar un relleno sanitario en Rafael, Comuna de Tomé, pese a que partió el año 2001, en realidad no existe, pues nunca han habido obras ni movimiento de tierras por parte de la empresa”.
“Esto es lo que confirmó la Superintendencia de Medioambiente tras la fiscalización que les solicitamos en conjunto a la comunidad, y donde señalan que “fiscalizadores desde la ruta observan sector de acceso hacia el predio, este acceso no se encuentra habilitado y sin la presencia de personal o guardia, por lo que no es posible acceder…realizan un recorrido de vuelta para luego acceder a la ruta 0-350 y observar hacia el oeste (donde se ubica el predio del proyecto) verificando que no existen obras o actividades de construcción, tala o corta de especies forestales o escarpe”, explicó.
El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado arguyó que, “el artículo 25 ter de la Ley 19.300 establece que “la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad CADUCARÁ CUANDO HUBIEREN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO AÑOS SIN QUE SE HAYA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD AUTORIZADA, contado desde su notificación, la que fue partió el 16 de abril de 2016 y terminó en la misma fecha de este 2021, por lo tanto, está caducado”.
“Es decir”, continuó, “se debe dictaminar la caducidad de este polémico proyecto, que a lo largo de los años ha renovado los permisos por medio de informaciones falsas respecto a obras o trabajos que se habrían realizado, y que la autoridad medioambiental no ha fiscalizado como correspondía, pues hubiesen confirmado que estas nunca existieron, tal como descubrió la Superintendencia en la fiscalización que solicitamos”.
Finalmente, el senador por la Región del Biobío señaló que, “se nos dijo que los resultados de la investigación serían reservados, secretos, por lo que pedimos esta información por Ley de Transparencia a fin de que nos dieran a conocer los mismos, los que la Superintendencia ha entregado finalmente”.
“Creemos que la comunidad se merece saber que había allí y que ha hecho la empresa, lo que hoy se confirma: nada. Por tanto, la autoridad medioambiental debe regirse por la Ley y declarar la caducidad de este nefasto proyecto, que si se llevara a cabo contaminaría todo el valle de Rafael, las napas y el río que dota de agua a nueve comunidades”, sentenció el Senador Alejandro Navarro Brain.
