Fragata Portuguesa: ¿Qué es y por qué llega a las playas?

Ha sido noticia el cierre de algunas playas en el centro y norte del país y desde la ciencia no descartan su aparición en otras zonas.

La aparición de Fragata Portuguesa, o también conocida como falsa medusa, forzó el cierre de playas en Viña del Mar y El Tabo, en el litoral central de Chile, y en Coquimbo y La Serena, más al norte del país. Las autoridades de salud de ambas zonas impulsaron las medidas de restricción, pues el contacto con estos organismos es nocivo para la salud de las personas.

Desde el mundo científico, sin embargo, afirman que la presencia de estos sifonóforos en las costas nacionales no representa un fenómeno y, por el contrario, forman parte del panorama habitual de la época estival. «En general estos organismos se encuentran en zonas oceánicas en aguas tropicales y subtropicales, pero en la época de verano, por las características propias de los patrones de circulación de las aguas oceánicas en esta época, estas masas de agua se acercan hacia la costa, por lo que arrastran a estas especies», afirma Eduardo Quiroga, biólogo marino, académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

«Esta situación es bastante común», asegura el doctor en Oceanografía. «Es parte del ciclo. Y puede llegar a distintas playas de Chile. Esto ocurre y se prevé. Y es muy probable que llegue a otras zonas costeras», anticipa el docente de la casa de estudios.

«Hay que tener sumo cuidado con estos organismos», explica. «Son bastante ponzoñosos. Hay que evitar el contacto directo con ellos, en especial con sus tentáculos. Y si usted tiene contacto con ellos, lo recomendable es lavarse con agua de mar y posteriormente acudir al centro asistencial más cercano», aconseja.

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Presentan proyecto para realizar cambios a la ley de inclusión y de aseguramiento de la calidad de la educación

Mié Ene 5 , 2022
La iniciativa establece nuevas regulaciones a los sostenedores de colegios. La diputada Cristina Girardi junto a Rodrigo González y Carolina Marzán presentaron una iniciativa que modifica tres cuerpos legales en materias educativas, realizando cambios en la ley de inclusión y de aseguramiento de la calidad de la educación. La moción establece nuevas restricciones y regulaciones a los sostenedores de los establecimientos educacionales, nombrando un administrador provisional en el caso de conflictos con los trabajadores del establecimiento que puedan decantar en una huelga que imposibilite la continuidad del servicio, afectando el derecho a la educación para toda la comunidad educativa. Asimismo, apunta a evitar prácticas antisindicales y otorgar mayores atribuciones a los Consejos Escolares en los proyectos educativos, estos con carácter resolutivo. “El proyecto de ley pretende modificar varios aspectos legales en educación. Primero el sostenedor que cometa faltas y sea inhabilitado de por vida no puede tener vínculos con quien sea su reemplazo. Otro aspecto es el de las negociaciones colectivas que no pueden exceder los dos meses y si no existe acuerdo, el Estado debe disponer de un administrador provisional”, subrayó Cristina Girardi, autora del proyecto. A su vez, Girardi explicó que dentro de los cambios también se establece “reducir las prácticas antisindicales, en dos años máximos para sancionar y que los Consejos Escolares podrán tener poder de decisión en relación a proyectos educativos que se presenten”. El proyecto se da a propósito del caso del Colegio Camilo de Henríquez de Temuco, donde se denunciaron una serie de irregularidades que llevaron al cuerpo docente a una huelga que se extendió durante semanas y que si bien el sostenedor fue sancionado con la inhabilidad perpetua para mantenerse en el cargo siguen irregularidades dentro del establecimiento que incluso llevó al despido de una decena de profesores. Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Rodrigo González sostuvo que “es fundamental fortalecer el control de los recursos públicos en los recintos educacionales, especialmente en los particulares subvencionados, y también legislar en los vacíos normativos y debilidades para evitar los abusos y el incremento del agobio laboral al interior de las comunidades escolares que afectan a profesores y a los distintos actores educacionales”. La iniciativa cuenta con el respaldo de Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC) y Gonzalo Winter (CS), entre otros.

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