La detención del jefe de Seguridad Presidencial de Uruguay, Alejandro Astesiano, resulta un tema engorroso para el jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, cuando cumple entre luces y sombras la mitad de su mandato.
Por Orlando Oramas León
Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay
Poco podía imaginar el mandatario, el 25 de septiembre, lo que vendría poco después de su arribo al país luego de unas cortas vacaciones en el exterior, donde le acompañó el hasta entonces encargado de su custodia.
Fue en la propia residencia presidencial donde el hombre de confianza del gobernante resultó apresado, en medio de una investigación que encabeza la fiscal Gabriela Fossati.
Se trata de un caso complejo y de vieja data, dijo Fossati, al anticipar que nuevos capítulos del escándalo están por salir a la luz.
Astesiano fue imputado por tres delitos asociados a la falsificación de documentos y pasaportes, y enviado a la cárcel al menos por 30 días mientras avanza la investigación fiscal.
Desde entonces no cesan de divulgarse informaciones sobre el asunto, que implican a diversas instituciones oficiales, incluso a la propia Torre Ejecutiva, sede de la oficina presidencial. Allí hay noticias sobre movimientos de recambio en el personal de seguridad.
Analistas y actores políticos se cuestionan cómo Astesiano ocupaba tamaña responsabilidad cuando en su historial tenía una veintena de indagaciones policiales por hurto, estafa y apropiación indebida.
No solo eso, en 2013 había cumplido pena carcelaria tras ser condenado en el departamento de Maldonado por estafa continuada.
El jefe de Estado, consultado al respecto, respondió: “Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraban antecedentes penales, ninguno”.
“Si hubiera sabido, otra hubiera sido la situación”, añadió a la vez que reconoció haber sido informado de los señalamientos policiales del inculpado, los cuales constan en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
SOBRE LAS INVESTIGACIONES
Según audios incautados por la fiscalía, Astesiano utilizaba su oficina en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva para los negocios ilícitos. Además disponía de una computadora con acceso a la base de datos de la Dirección de Identificación Civil, donde se había desempeñado 20 años atrás.
Mientras el mandatario atendía cuestiones de Gobierno, el jefe de su custodia se reunía unos pisos más abajo con un escribano uruguayo y un ciudadano ruso, para “cuadrar” negocios turbios.
Revelaciones aquí afirman que en esos encuentros ofrecía contactos reales o simulados con funcionarios ubicados en puestos estratégicos para organizar la tramitación de pasaportes a ciudadanos rusos a partir de partidas de nacimiento de personas fallecidas.
“En principio cada uno tiene un rol distinto y había un concierto entre ellos”, adelantó la fiscal encargada. Se comunicaban por Telegram y hablaban de dinero, según Fossati, quien dijo que por razones de tiempo no se ha podido procesar toda la información obtenida en las diligencias realizadas en los domicilios y oficinas de los involucrados.
“El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal. En lo político, ni qué hablar” pero “habla bien de la República”, opinó el mandatario respecto a las diligencias sobre el caso.
Si hay algún responsable, soy yo, apuntó; admitió que su jefe de seguridad, ahora tras las rejas, le “ameritaba confianza” y acotó haber recibido “un balde de agua fría”. Empezaré a andar solo, espetó Lacalle Pou a la pregunta sobre probables cambios en su equipo de seguridad.
Lo cierto es que hasta el momento predomina un silencio cauteloso desde las fuerzas políticas que hacen vida en la coalición de Gobierno y el presidente uruguayo luce solitario en este trance.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, salió en defensa del gobernante quien, aseguró, fue engañado en un par de ocasiones respecto al pasado de Astesiano.
“El presidente dijo la verdad, al presidente se le mintió en dos oportunidades, cuando se le dio un informe incompleto», aseguró el titular del Interior. Añadió que la Policía Científica descubrió un procedimiento por el cual se disasociaba la cédula de identidad del inculpado con su prontuario delictivo.
De hecho fue destituido el jefe de la Dirección de Identificación Nacional, Gonzalo Vázquez, de quien Heber argumentó que “corrigió» el legajo sobre Astesiano llegado a manos del jefe de Estado.
¿UN HECHO AISLADO?
Por el asunto el opositor Frente Amplio reclamó una citación del ministro del Interior ante el Senado en régimen de Comisión General.
A su vez el Partido Comunista de Uruguay (PCU) consignó en una declaración de su Comité Central que el gobierno de la República fue infiltrado por una banda de delincuentes.
Falló el presidente; fallaron todos los servicios de inteligencia; fueron penetrados los bancos de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería, enunció la declaración.
Añadió que el asunto resulta en una falla de seguridad nacional muy grave y seria afectación de la imagen internacional del país. Las respuestas que dio el gobierno son totalmente insuficientes, consideró el PCU.
Los comunistas uruguayos consideran que el caso Astesiano no resulta un hecho aislado. Al respecto refirieron la entrega de un pasaporte a Sebastián Marset, líder de la banda narcotraficante conocida como Primer Cartel de Uruguay.
Marset recibió en 2021 el pasaporte de su país pese a estar preso en Dubái por documentación falsa. Hoy sigue prófugo de la justicia y cada vez más se le relaciona con Alejandro Astesiano.
Montevideo, 10 de octubre 2022
Crónica Digital/PL
