Las revoluciones verdaderas se caracterizan por la crisis del sistema de dominación, porque la fuerza de los cambios radica en una base social y popular amplia y fuerte, las revoluciones suponen episodios violentos, la violencia social como modo de desbordar los enclaves del antiguo régimen; una revolución supone un cambio en el aparato de administración del Estado, donde los revolucionarios ejercerán las labores de gobierno y en el mediano y largo plazo propondrán nuevos modos de hacer las cosas, ante la impotencia de los derrotados. En su fase más llamativa, las revoluciones son capaces de instalar un nuevo orden: económico, político y social.
Bajo esa premisa de silabario, el proceso llevado a cabo en La República Bolivariana de Venezuela, puede considerarse dentro de las variantes anómalas, de una definición castiza de revolución. Sin embargo, no se pueden negar los cambios, los giros internos y externos, ya sea en el aparato productivo, en la repartición de la riqueza, en la mejora de las condiciones de vida de un amplio número de venezolanos que durante décadas, no sabían dónde iban a parar los dólares del petróleo. Esas transformaciones, se lograron y se mantienen con la fuerza del voto. El apoyo popular de la era Chávez y el triunfo del propio Maduro, escapan a la crítica que se pueda hacer de su modo de gobernar.
En este ciclo de cambios, la oposición venezolana, los sectores más privilegiados del antiguo régimen, han actuado de manera irresponsable y anti-democrática, llegando al intento de golpe de Estado en el año 2002[1]. Una intentona de características tan represivas que asustó hasta a sus aliados, pareciera ser que la agenda opositora tuviera un único titular, interrumpir el legado de Chávez de cualquier modo y sin importar los costos.
La pregunta es entonces ¿Cómo se actúa con una oposición en esencia sediciosa? ¿Cómo se gobierna con una oposición que es incapaz de aceptar sus derrotas y lo único que quiere es desconocer el voto popular de los venezolanos? Por cierto, eso no esconde ni escabulle los errores cometidos por el proceso bolivariano, especialmente con los medios de comunicación, el Estado está dotado de una serie de variantes que hacen innecesaria medidas tan represivas, en cuanto a los excesos y muertes, están siendo investigados y los culpables tendrán que ser sancionados. La justicia venezolana tiene la palabra y tendrá que demostrar su independencia.
Lo que nadie puede afirmar hoy, es que esos hechos condenables, sean parte de una política planificada, desde el propio Estado y donde el presidente Maduro, sea el responsable directo de esos actos, como lo fue en Chile Pinochet y su brazo represivo llamado DINA con un responsable con nombre y apellido Manuel Contreras que se reunía todas las mañanas con el dictador, para informar de los avances, en la eliminación de los opositores.
Insisto, la pregunta del momento es sobre el papel de las democracias y cómo se defienden, cuando son agredidas de manera inmisericorde, como se ha hecho con Venezuela, se puede acusar a Chávez y Maduro de no ser unos estilistas, a la hora de manejar los conflictos, pero cuando la oposición se comporta como “Mano de piedra Durán” o “Mike Tyson” y luego pretenden presentarse ante la opinión pública, como si actuaran con la pulcritud de Sugar Ray Leonard, cuesta sentarse en una mesa, cuesta creer en la posibilidad de acuerdos.
El desafío de Maduro y de los bolivarianos, es abrir el camino a la paz cerrando las puertas a toda posibilidad de interrupción del gobierno legítimamente elegido. Hay que aislar a las cabezas calientes, a los que pretenden imponer la violencia en la calle, a los que procuran paralizar el país, hay que exponerlos públicamente, con todo el poder de comunicación del Estado.
A los que pretenden romper el Estado de derecho y quebrar la república, se les debe aplicar el mismo rigor político y judicial con que el gobierno español trató y trata a ETA. La misma fuerza y efectividad, con que el Estado italiano desactivó a las Brigadas Rojas. Se debe actuar con el mismo convencimiento, con que Ángela Merkel, el año 2011 propuso ilegalizar al ultraderechista PND[2]. Si las democracias liberales, son capaces de ocupar todo su poderío para asegurar la paz social, no siendo cuestionadas en ningún tribunal, en ningún parlamento.
¿Quién podría cuestionar al gobierno venezolano por defender el Estado de derecho y la paz social, usando todas las herramientas legales de su constitución? Habría que ser tuertos o definitivamente padecer de ceguera, para pedirle a un gobierno que no se defienda, de quienes lo único que pretenden es destruir su institucionalidad; o solo las democracias liberales pueden hacerlo y las democracias de otra tradición tienen las manos atadas. O sencillamente a las derechas latinoamericanas hay que tratarlas con guante blanco, porque tienen propiedades, van a misa, viajan en primera clase y pueden darse el lujo de ser en esencia anti-demócratas y pedir todos los resguardos de los derechos para ellos, para luego limitarlos en extremo a los otros; la ceguera con que se está enjuiciando al gobierno venezolano, puede transformarse en una pesadilla para nuestras pobres democracias, cuando tengamos que defendernos de estos paladines del derecho individual, incapaces de respetar votaciones, mayorías, porque afectan su protegido bienestar.
Omar Cid
Director Crónica Digital
[1] “El decreto que anuló una Constitución aprobada en referéndum, en diciembre del 2000, se reservó la facultad de destituir a gobernadores y alcaldes elegidos en las urnas, y fue considerado por el historiador Jorge Olavarría, acérrimo detractor de Chávez, como «uno de los más grotescos mamarrachos de nuestra historia». En su redacción, según dijeron varias fuentes, habrían influido los sectores más conservadores del Opus Dei venezolano. El contenido del decreto espantó al jefe de las Fuerzas Armadas, Efraín Vásquez, que había secundado la rebelión civil, y mandó detener al presidente” . (http://elpais.com/diario/2002/04/17/internacional/1018994403_850215.html )
[2] En la moción, firmada por Merkel , por el secretario general del partido, Hermann Gröhe, y por otros 27 delegados, la CDU se declara «consternada» por esos asesinatos, que revelan la determinación de la ultraderecha a luchar «con métodos terroristas» contra el Estado de derecho. La célula ahora revelada ha «desenmascarado definitivamente» la brutalidad y desprecio de la democracia entre esos grupos, prosigue el texto, en el que se deja constancia del compromiso de la CDU para esclarecer esos hechos y endurecer la lucha contra la ultraderecha. (http://www.elcorreo.com/alava/rc/20111114/mundo/merkel-propone-ilegalizar-ultraderechista-201111141724.html)