Nos parece que es una cuestión muy importante porque si bien la ley va a comenzar a regir el 8 de junio, lo va a hacer sin esta indicación del Senado que deja en letra muerta el móvil principal de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, dijo la parlamentaria.
Soto recordó que la ley penal adolescente está mandatada por la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido que los niños y los adolescentes tienen que ser tratados como tales y que se debe trabajar para reinsertarlos en la sociedad y no para castigarlos, y en este sentido lo que estaba haciendo la indicación del Senado según la diputada- es hacer que los niños fueran a un centro cerrado de reclusión, lo que significa en definitiva ir a la cárcel.
Cuando se habla de ir a un centro cerrado significa ir a la cárcel, significa mantener a un joven durante dos años en la cárcel cualesquiera sea el delito cometido, porque si bien se está pensando en el caso de los delitos graves, nosotros sabemos que, o por la reiteración o por el concurso, al final los jóvenes van a terminar en estos recintos cerrados en los cuales en vez de ser reinsertados en la sociedad van a aprender más sobre los actos delictuales.
La diputada -quien además es miembro de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia- dijo que la indicación presentada por Larraín va a significar un gravamen para toda la vida, hoy para el joven y mañana para la sociedad, es decir, en lugar de prevenir la violencia y los delitos los va a recrudecer», sostuvo.
La indicación presentada por el senador Harnán Larraín (UDI) establece como obligatoria la pena de internación en régimen cerrado de los menores entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos considerados como graves.
Valparaíso, 26 de mayo 2007
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