El 22 de noviembre de 2000, después de tres meses de prisión por no colaborar con la Fiscalía a cargo del amañado proceso contra Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y Gerardo Hernández, fue trasladada al aeropuerto de Opaloca y de ahí a Cuba.
Los Cinco, como se les conoce, fueron apresados por infiltrar organizaciones terroristas de la Florida, con la misión de alertar y prevenir ataques contra su Patria.
Dos años de la detención de su esposo, y tras ser arrestada y deportada, Olga regresó a Cuba con la misma hidalguía con la que René enfrentaba la injusticia.
El fue acusado de ser agente extranjero no registrado y conspirar para dañar a Estados Unidos.
Según Olga, pese a esos cargos, de haber cooperado con las autoridades estadounidense hoy estuviera en libertad y junto a sus seres queridos. «Pero le exigieron concesiones incompatibles con su dignidad y principios de hombre leal», apuntó.
A diferencia de sus compañeros, a René no lo acusaron de conspiración para cometer asesinato en primer grado, un cargo injusto contra Gerardo y Antonio que marcó el matiz político y revanchista del proceso.
El objetivo era utilizarlo como testigo y argumentar las mentiras esgrimidas contra sus compañeros.
De ser así, hubiera sido el agente declarado de Cuba que ellos necesitaban. Sin embargo, de su intransigencia derivó una mayor condena en el juicio y la posterior crueldad contra su esposa, quien fue detenida el 16 de agosto de 2000 bajo cargos migratorios.
En seis ocasiones, Olga ha recibido la negativa de visa para visitar a su esposo en compañía de su pequeña hija Ivette y recientemente repitió tal solicitud con una respuesta en suspenso, muestra del ensañamiento contra las familias de los Cinco.
El tratamiento recibido por ella es contrario al derecho y violatorio de la Constitución de los Estados Unidos, pues se trata de la manipulación de un caso político vestido con una manta jurídica.
La sistemáticas negativas de visa con el pretexto de que Olga fue deportada no tienen validez, pues ya caducó el plazo de cinco años que las leyes de Inmigración y Naturalización establecen para volver a analizar casos de este tipo.
Ya no tienen argumentos ni objeciones que alegar para justificar su posición, a pesar de pretender que la esposa de René y su pequeña hija resultan una amenaza a la seguridad de la mayor potencia planetaria.
Las autoridades del gobierno de Washington impiden el derecho de Ivette de conocer a su padre en compañía de su madre. De esta forma, niegan a René el contacto familiar, con el propósito de doblegarlo.
Por: Cira Rodriguez, especial para Chile
La habana, 22 de noviembre 2005
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