Según los dirtigentes, la protesta es por «la discriminación y las prácticas antisindicales en que ha incurrido el Gobierno, al otorgarle sólo beneficios económicos a unos gremios, en desmedro de otros».
En un comunicado de prensa, esto es sumado a la «negativa de las autoridades de considerar las demandas de los gremios explicitadas en cartas reiteradas a la presidenta, Michelle Bachelet y a los Parlamentarios».
Los líderes laborales serán recibidos en el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Eduardo Freí Ruíz Tagle, a quien le harán entrega de una carta que fija la posición de estos gremios de la salud respecto a una eventual votación y aprobación del proyecto originado del acuerdo Anef-Gobierno.
Santiago de Chile, 14 de junio 2007
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Jue Jun 14 , 2007
Nadie desconoce el impacto de la movilización convocada en mayo del 2006 por la Asamblea de Estudiantes Secundarios. Provocó la primera crisis política de envergadura que enfrentó el Gobierno de Michelle Bachelet. Y puso en jaque, en el ámbito del sistema de educación, la sustentabilidad del modelo neoliberal, que con tanta pasión han preservado las Administraciones de la Concertación, con la colaboración del conjunto del establishment. Los expertos en ingeniería política de Palacio elucubraron entonces un completo plan para prevenir la reemergencia de un escenario similar, que en las últimas semanas se ha puesto en marcha con una brutal consistencia. La fórmula no es novedosa: combina el intento de quitar legitimidad al movimiento y la represión en su contra. El único problema para el éxito de esta estrategia es que no se hace cargo de la legitimidad del contenido mismo de las demandas que han sido planteadas por los estudiantes. Queremos dignidad, nos que nos eduquen para seguir siendo pobres. Estamos cansados de que nos sigan robando (…) Exigimos que nuestros colegios vuelvan a manos del Estado y garantizar la equidad que nunca hemos tenido, señaló Zainab Ebrahimi, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7 de Niñas de Santiago. LA ESTRATEGIA DE PALACIO Los aspectos más visibles del diseño del Gobierno fueron la resolución de las demandas más inmediatas (la denominada agenda corta) y la constitución del Consejo Asesor Presidencial de Educación, a partir de cuya labor se presentaron este año proyectos como la Ley General de Educación (LGE), en reemplazo de la LOCE. De este modo se creaba la imagen (ilusoria) de que las demandas planteadas por el movimiento estudiantil secundario habían sido resueltas y que, por lo tanto, ya no existía justificación para su movilización, como si el sistema educacional hubiera experimentado transformaciones significativas en este período (lo que, obviamente, no ha ocurrido) y como si las iniciativas legales propuestas por el Ejecutivo recogieran la totalidad de la demanda estudiantil (lo que no es efectivo en aspectos clave, tales como la municipalización de la enseñanza y la Jornada Escolar Completa). Esa imagen ilusoria, en el cálculo del Gobierno, quitaría legitimidad en el plano de la opinión pública a una posible movilización estudiantil. La movilización no tiene justificación, sería el obvio mensaje. Los aspectos más turbios de aquella estrategia tenían dos vectores. El primero, erosionar la fortaleza organizacional del movimiento estudiantil, a través de la cooptación de liderazgos y la introducción de cuñas internas (por la oposición de la estructura de la Región Metropolitana con las otras Regiones, o el conflicto entre los jóvenes partidarios de intensificar la movilización social versus los más proclives al diálogo y la negociación). El mensaje también sería inequívoco: El movimiento estudiantil está dividido. Ya no tiene la fortaleza y la mística de hace un año. En el marco del desgaste de la capacidad movilizadora, a raíz de las maniobras ya señaladas, se introduciría otro mensaje: La movilización tiene una convocatoria más reducida en relación a la ocurrida en mayo del 2006. Es […]