ALERTAN DE DAÑOS DE FÁRMACO PARA LA MENOPAUSIA

Las afectadas son dos mujeres que se quejan de que el consumo del fármaco les produjo depresiones y síntomas parecidos a los del Parkinson (temblores, problemas de coordinación), pero hay otras 400 reclamantes.

El Agreal fue retirado del mercado en septiembre de 2005 después de que el Ministerio de Sanidad revisara la relación entre sus riesgos y beneficios.

La directora de comunicación de Sanofi-Aventis, Gloria Pujol, recordó que el producto sigue a la venta en 30 países, entre los que se encuentran Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Portugal.

Las perjudicadas acudieron a varios letrados y asociaciones para reclamar una compensación. El despacho de abogados Osuna es el que ha presentado las dos demandas admitidas a trámite, y prepara otra con más de 400 afectadas, según declaró su titular, Fernando Osuna.

Otras personas han acudido a otras asociaciones, como El Defensor del Paciente o la Asociación de Usuarios de la Salud para que les representen. Afirman que en total hay cerca de dos mil mujeres afectadas.

Estas últimas asociaciones han emprendido vías judiciales diferentes.

Madrid, 25 de abril 2006
Prensa Latina , 0, 979, 14

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ESCÁNDALO POR DESAPARECIDOS APUNTA AL GOBIERNO DE LAGOS

Mar Abr 25 , 2006
La organización señaló que durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos advirtieron a las autoridades que podría haber errores en la identificación de casi un centenar de restos descubiertos en el Cementerio General en 1991, que fueron entregados a familiares equivocados. «A nosotros nos parece que hay responsabilidades políticas, además del equipo que trabajó y de los directores del Servicio Médico Legal (SML), de otras autoridades por no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo», dijo Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. Los dardos fueron dirigidos principalmente contra los ex ministros de Justicia Luis Bates y José Antonio Gómez (actual senador del partido Radical), quienes, a juicio de esa agrupación, ignoraron las denuncias y «no tomaron las medidas oportunas». Pizarro subrayó que entre los familiares existe conciencia de las dificultades para identificar osamentas, pero recordó que, de no ser por el juez Sergio Muñoz (retirado ya del Poder Judicial), quien pidió la exhumación en marzo de 2005, este error se mantendría. Por su parte, la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, dijo que «siempre hay responsabilidades políticas cuando una institución del Estado comete errores tan grandes», sobre aspectos tan relevantes y sensibles para muchas familias que perdieron a sus seres queridos. Recordó que al ministro Bates le señalaron la necesidad de que se regularizaran los procedimientos y se tomaran las medidas que correspondía tomar. «Sin embargo, no hubo ninguna reacción», enfatizó. La abogada de derechos humanos Pamela Pereira dijo a su vez que «están comprometidas las responsabilidades políticas de Gómez y del responsable de la época del SML, y de los funcionarios que los sustituyeron después: el ministro Bates y el actual director Oscar Vargas». Consultada si el ex presidente Ricardo Lagos estaba al tanto de este tema, respondió que «sí, supo, pero no quiero hacer más comentarios». Entre los familiares hay quienes sospechan que ciertas autoridades habrían tratado de ocultar la información, lo que podría configurar un delito. En esa línea la presidenta de la AFDD subrayó que «hay que hacer una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales y políticas» del caso, que por su sensibilidad ha provocado una conmoción nacional. No obstante, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet -colocado en una incómoda posición- se apegan a la tesis de que los errores de identificación obedecerían a problemas de capacidad del SML, ya que los análisis de ADN recién fueron incorporados. Igualmente explican que sólo uno de los funcionarios que realizaron las pericias a los cuerpos hallados en el Patio 29 en 1991 trabaja actualmente en el servicio. El resto fue removido en los últimos años. Sin embargo, juristas ligados al gobierno dicen que es difícil eludir las responsabilidades políticas producto de un error tan grave y sospechan que el caso puede abrir una serie de demandas de indemnizaciones contra el Estado. En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Tapia, calificó como un hecho grave el error en la identificación de los cuerpos del Patio 29. «Es grave y habrá […]

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