Carlos Ortiz, vocero del gremio, sostuvo que el problema dejó de ser «un asunto laboral y social, para convertirse en un conflicto netamente político» por la intransigencia de las autoridades ante los reclamos de los profesionales.
«El Gobierno equivoca el camino si piensa que con amenazas debilitará el movimiento», sostuvo el dirigente tras rechazar el despido de varios funcionarios que participan en la huelga, anunciado por las autoridades del sector.
Para Ortiz, el gobierno es el que está jugando con la atención de la salud de los chilenos, ya que los trabajadores han abierto todas las puertas -incluyendo la mediación de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y la Iglesia Católica- en busca de soluciones.
Es el Gobierno el que ha persistido en su actitud inflexible, en aplicar despidos y ante eso vamos a reaccionar con mayor fuerza, con mayor dignidad, apuntó.
El dirigente dijo que están cansados de las soluciones parche y de la miopía de las autoridades, que se niegan a reconocer los problemas estructurales de la salud pública chilena, aún cuando el país cuenta con cuantiosos recursos provenientes de los excedentes del cobre.
«Esta vez los trabajadores estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Para nosotros la solución al conflicto pasa porque las autoridades muestren una voluntad política real que permita entregar propuestas claras y convenientes», aseveró.
Durante la jornada de la víspera, los profesionales del ramo se unieron a los docentes, estudiantes y empleados fiscales en una jornada nacional de protesta, que congregó -solamente en la capital- a más de 12 mil manifestantes.
Mientras tanto, el gremio recibió un importante espaldarazo del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, quien recalcó -en referencia a la huelga que sostienen- que «los trabajadores tienen derecho a expresarse».
Sobre el clima de tensiones laborales y reclamos gremiales que sacude el país en sectores claves como la salud, la educación, los empleados fiscales y otros, el prelado instó a superar los conflictos a través del diálogo entre gobierno y sindicatos.
El representante de la iglesia se manifestó esperanzado en que se resuelva, sobre todo, el tema de la salud, por lo que significa para la gente más pobre que por razones económicas dependen sólo de los servicios públicos.
Debido al paro de funcionarios de hospitales, que cumplió más de 20 días, el sector público de salud ha incurrido en un gasto de mil 769 millones de pesos (más de tres millones de dólares) por la derivación de 355 pacientes a clínicas y centros privados del país.
Según el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Hernán Monasterio, el costo promedio por paciente ha sido de cinco millones de pesos (poco más de nueve mil dólares)
De los mil 769 millones de pesos en gastos, mil 409 millones corresponden a cirugías en las Unidades de Tratamientos Intensivos (UTI) y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de las clínicas, y 361 millones de pesos a costos por otros procedimientos, como exámenes.
Monasterio dijo que los gastos por estos traslados se pagan con los fondos que provienen de Fonasa, que tiene convenios con las clínicas, y afirmó que los costos de atención en el sector privado son un 40 por ciento más altos que en el sector público.
Por otro lado, sostuvo que si el paro continúa, podrían verse afectadas las patologías incluidas en el Plan Auge, dado que para atender a estas enfermedades, por ley los servicios de salud tienen un plazo de tiempo acotado para cumplir con los pacientes.
Santiago de Chile, 27 de septiembre 2006
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