DENUNCIA NUEVO CASO DE AGRESIÓN A PROFESORA DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Verónica Riveros, quien por más de 20 años ha trabajado en las escuelas Matte, reconoce que es recurrente la agresión verbal a los maestros, pero que nunca imaginó que sería víctima de violencia física por parte de una apoderada.

«Resulta insólito que la pérdida de un estuche en las sala de clases genere tanta rabia e indignación a una madre a tal punto que es capaz de seguirme al estacionamiento de la escuela y golpearme. Gracias al apoyo del auxiliar y un colega resulté sólo con heridas leves», denunció.

Para Pavez los hechos denunciados tanto en el establecimiento Guillermo Matta (Santiago) como Rebeca Matte Bello (Renca) suponen la pérdida de valores y cohesión social.

«Actualmente estamos en presencia de hechos que rompen toda lógica de resolución de los conflictos por la vía de la sana convivencia y del respeto hacia el otro que nos hacen pensar que la sociedad está enferma», apuntó.

El presidente del sindicato de trabajadores de la Sociedad de Instrucción Primara, Manuel Vial, hizo un llamado a sus colegas a no dejarse amedrentar, al mismo tiempo que extendió una invitación a la comunidad escolar a no olvidar los derechos que tienen los educadores, alumnos, padres y apoderados a relacionarse en un ambiente de sana armonía.

Asimismo, Pavez, Vial y Riveros exigieron al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto, de modo que el trabajo desarrollado por los docentes de todo el país se lleve a cabo bajo las normas de convivencia que operan para el resto de los profesionales.

Santiago de Chile, 4 de octubre 2007
Crónica Digital , 0, 41, 21

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Al respecto, el Jefe de la Bancada PPD, diputado Jaime Quintana, declaró que la resolución adoptada por el juez Carlos Cerda en contra de 23 personas, entre las que se encuentran la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart y sus hijos, pudiera, en el futuro verse incrementada. “Si bien es cierto, se ha dado a conocer una lista con 23 procesados, es probable que aquí no estén solamente involucradas estas 23 personas que se señalan. Me resultaría sorprendente pensar que no haya habido más personas del Gobierno de la época que hayan tenido conocimiento de esta red instalada para defraudar al fisco con grandes sumas de dinero, con fines –absolutamente- personales”. En tanto, agregó que resulta de suma importancia en este momento, que la oposición se pronuncie al respecto, “particularmente aquellos civiles que en esa época ostentaban altos cargos de gobierno”. Por su parte, el diputado Enrique Accorsi, Sub Jefe de la bancada oficialista, mencionó que a él le correspondió ser parte de la comisión que fue a investigar el Caso Riggs a Estados Unidos. “Lo que nosotros dijimos y reiteramos, desde que se inició esta investigación, es que esto está en manos de la justicia y respetamos los fallos de la justicia”, “Yo creo que aquí están funcionando las instituciones. Hay acusaciones que se hicieron en su momento y siguieron el curso de la justicia y hoy tenemos una resolución, por lo tanto, todos los involucrados tendrán que someterse a lo que la ley dictamine”, precisó el legislador. Los parlamentarios recordaron que Augusto Pinochet trató, por todos los medios posibles, que no lo investigaran ni a él ni a los miembros de su gobierno, citando como ejemplo el artículo 3 transitorio de la Ley Orgánica del Congreso que impide hacer acusaciones por hechos acaecidos antes del 11 de marzo de 1990. “Hoy ha quedado de manifiesto, que aún con todos los amarres que trató de dejar Pinochet existe el estado de derecho en nuestro país. Hay un debido proceso y los imputados, cuyos nombres hemos conocido hoy tendrán que enfrentar los cargos como lo hace cualquier ciudadano de este país”, finalizaron. Valparaíso, 4 de octubre 2007 Crónica Digital , 0, 36, 3

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