Fueron algunos de los planteamientos del abogado Leonel Sánchez y del cientista político Claudio Fuentes en el conversatorio organizado por la Comisión Coyuntura y Derechos Humanos de la corporación. Alejandro Nuñez, miembro de la entidad situó la discusión en el contexto político actual y del pasado
Un conversatorio se realizó en la Sala Taller organizado por la Comisión Coyuntura y Derechos Humanos, elegida por acuerdo de la última asamblea de socios de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
En la oportunidad, Alejandro Nuñez, socio y miembro de ella se refirió a la coyuntura política y señaló que la temática de los derechos humanos (DD.HH.) durante el régimen dictatorial estuvo centrada en torno al derecho a la vida. A su término “el régimen que impuso éste no se extingue totalmente y se da inicio con la derrota electoral con el plebiscito de 1988 y las elecciones del año 1989, se da inicio lo que se ha denominado la transición a la democracia.”
“Es un proceso que no extingue totalmente “la obra” del régimen militar. La nueva democracia que se instala en el país expresa sus déficits y comienzan a manifestarse nuevos derechos humanos atropellados –continuó Núñez-, como por ejemplo el femicidio, la violencia intrafamiliar, las condiciones carcelarias, la represión carcelaria, la represión a los jóvenes, los pobres, los mapuches etc.”
“Fenómenos nuevos como la migración van aflorando respuestas socioculturales como el racismo y que también se inscriben dentro de las violaciones a los nuevos DD.HH. También podemos significar que hay una tensión en las relaciones laborales, hay trabajo precario, etc. Todo esto como resultado de que los dos pilares fundamentales que instalo el régimen dictatorial que es el modelo económico y la institucional, no son erradicados durante la primera década de la transición.”
Ley de punto final se ha alejado
“Es importante tener en cuenta la gran significación que ya dos décadas después con la conmemoración de los 40 años del golpe militar, esta situación respecto a la temática de los derechos humanos con el aniversario de los 40 años del golpe de Estado el año 2013 marca un antes y un después respecto a los niveles de conciencia que existe hoy en la sociedad chilena a propósito de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre el año 1973 y el año 1990”, profundizó.
“Para el mundo de los DD.HH. la idea de una ley de punto final se ha alejado momentáneamente, quedan como tareas pendientes para el mundo de los DD.HH. la derogación de la Ley de Amnistía del año 1978, el rol de las Fuerzas Armadas y de orden, ya que no se registran cambios políticos culturales en su seno, y en ese sentido cabe preguntarse el verdadero compromiso que ellas tienen con la democracia y los DD.HH”, señaló.
“En el país existen actualmente alrededor de mil 300 causas de DD.HH. en trámite ante tribunales o bajo investigación en contra de más 800 ex agentes de la represión”, detalló.
Los planteamientos de Amnistía Internacional
“La Corte Suprema se ha abstenido conforme al derecho internacional de aplicar la ley de amnistía o eventualmente de prescribir los crímenes por estimarlos de lesa humanidad. Han sido públicas –consignó Núñez-, las críticas de diversos sectores acerca de la falta de transparencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados por dichos delitos. No ha sido menor tampoco la permanente aplicación de la prescripción a las demandas civiles y de prescripción general aplicadas a las causas criminales”.
Asimismo destacó que “Amnistía Internacional (AI) le ha planteado al gobierno de Michelle Bachelet varios puntos como “poner a los DD.HH. en el centro de su gobierno asegurándose en la legislación y adopción de las políticas en el país. Chile ha ratificado la mayoría de los principales tratados internacionales”.
“Hay 4 puntos esenciales nuevos que AI le plantea al gobierno de Michelle Bachelet para asegurar que en su gobierno los DD.HH. se mantengan en el nivel que tienen las exigencias internacionales o estándares internacionales; ratificar aquellos tratados internacionales que aún quedan pendientes y alinear las normas nacionales con los estándares internacionales de DD.HH. Adoptar todas las medidas necesarias para explorar la verdad, la justicia y la reparación” en caso de su violación, aseguró.
Respecto a “la protesta social y DD.HH. en ese terreno es garantizar que en Chile se respete y proteja adecuadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunión -puntualizó, en particular en el contexto de la protesta social. No puede seguir habiendo represión o vulneración de estos derechos ya sea mediante el actuar policial o a través de proyectos de ley cuestionables´”.
“Por último, el derecho de los pueblos indígenas, de asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se debe entre otras cosas implementar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y, por supuesto garantizar la seguridad de las comunidades cuando reclaman por sus derechos”, concluyó.
DD.HH. eje fundamental en la política pública
El abogado Leonel Sánchez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, miembro de la Corporación 3 y 4 Alamos, y quien participó de la comisión programática de Derechos Humanos del comando de Michelle Bachelet expresó que los programas de gobierno, son instrumentos que deben guiar las políticas de gobierno.
“Es un tema en que estamos muy atrasados, la verdad como sociedad. Los programas de gobierno debieran ser en el fondo uno de los primeros instrumentos de planificación después para las políticas, para los planes nacionales y en definitiva para las políticas públicas que después implementa un gobierno, pero aquí hay una tendencia como a borrar, entre todos, incluyendo a la opinión pública, los programas de gobierno, entonces yo lo quiero reivindicar en ese sentido como un instrumento de planificación que hay que tener presente y como un componente en la estrategia a definir que definamos los espacios de sitios de memoria histórica o el movimiento de derechos humanos en general”, señaló.
Cualquier política pública que se implemente debería “tener siempre presente esto, acuérdense que ustedes como funcionarios públicos están comprometidos en un gobierno que dijo que eran los derechos humanos eje fundamental en la política pública”, reafirmó.
“Eso hay que tenerlo siempre en los discursos ya sea en esos diálogos, ya sea en el debate público, ya sea en la petición, ya sea en la carta, ya sea en lo que sea. Es un eje fundamental de todo lo que es el accionar del Estado tanto del gobierno como de sus otros organismos públicos, porque aquí no solamente está el gobierno centralizado, sino los distintos entes del Estado”, enfatizó.
Nueva Constitución y normas internacionales
Respecto al capítulo sobre la nueva Constitución, “que no se sabe cómo se va a desarrollar, que está postergado políticamente para el 2015. Allí se recogen valores, principios del derecho internacional que “deberían ser recogidos en este nuevo texto constitucional”, ´recordó.
Al respecto destacó que “ha habido un avance en ese sentido, pero también hay temas que están pendientes. Solamente menciono un ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, que desde 1990 está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico”.
“Todavía hay temas que están al debe ahí. Menciono solamente un ejemplo, un caso: trabajo infantil. Los cánones internacionales de DD.HH. establecidos en estos convenios, son instrumentos jurídicos reglamentados, lo prohíbe, incluso hay toda una discusión sobre las edades, hablamos de los niños y niñas menores de 15 años, lo prohíbe y en nuestro ordenamiento jurídico si bien hay una regla general de prohibirlo, si hay excepciones que lo establecen y excepciones que son bien complejas porque finalmente dejan al resguardo de las familias la posibilidad de fiscalizar eso y a veces la vulneración está precisamente ahí, en el entorno familiar que explota a un niño o niña”, aseguró.
“Hay una serie de debates que dicen relación con las jerarquías, que pasa si yo tengo una norma constitucional y una norma del derecho internacional que entran en choque frontal. Y la nueva carta fundamental debe establecer mecanismos claros en relación a eso”, puntualizó.
“Eso explica por ejemplo que muchos – precisó-, conflictos jurídicos hayan salido fuera de nuestros órganos jurisdiccionales, de nuestros tribunales y se debatan en organismos internacionales, que deberían ser resueltos precisamente acá. No estoy hablando de los conflictos con otros países sino de los conflictos internos finalmente terminan en algunos tribunales extranjeros”.
Los sitios de memoria
Respecto a lo que concierne los sitios de memoria Sánchez planteó que 3 y 4 Alamos decidió en relación al programa de gobierno de Michelle Bachelet hacer bajadas muy específicas, “uno es diseñar un plan nacional de educación en temáticas de DD.HH.”
“Aquí hay un componente, que sea participativo –añadió-, pero participativo no significa que sea consultado, porque mecanismos de consulta metodológicamente hay muchas, participativo implica un concepto mucho más avanzado, ser parte de, por lo tanto este plan nacional de DD.HH. que en Chile no existe”
Si no hay un plan nacional “cuesta generar una política pública, generar un programa, un proyecto”, que está comprometido en el programa de Michelle Bachelet.
En relación a las consideraciones específicas sobre memoria histórica, “se propone un programa que sea sistemático y nacional de recuperación y conservación de los distintos testimonios de la memoria histórica, porque hablamos de testimonios porque no solamente la memoria histórica es algo
tangible, lo intangible, se tiene que recuperar y conservar y por lo tanto tiene que haber un programa sistemático y nacional de recuperación, que hasta el momento el gobierno no lo ha generado, por lo tanto aquí hay una deuda”.
“En nuestro accionar podemos exigir – instó Sánchez- y no solamente exigir, generar las condiciones para que también haya un debate participativo en relación a esto. Aquí yo juego a la lógica de que yo no solamente exijo con el pliego de peticiones sino me hago parte, participo en base a un instrumento de planificación que se llama programa de gobierno, sancionado electoralmente”.
Recordó que hay otro compromiso que dice con la recuperación de todos los sitios de memoria histórica“y también hay un debe, cómo los definimos, como los caracterizamos” y el Estado debe velar por su mantención básica y permanente.
Empoderamiento de la ciudadanía de parte del Estado
En el conversatorio participó también Claudio Fuentes, Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte con estudios de política comparada latinoamericana y relaciones internacionales, democracia, Fuerzas Armadas y las relaciones entre EE.UU y América Latina.
Respecto al programa de Michelle Bachelet dijo que “era una visión en general predominantemente institucional, es decir, la norma, la institución, crear, fundamentar instituciones, predominantemente de promoción y educación”, como la Subsecretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo.
“Lo otro es que es (el programa) predominantemente desde arriba hacia abajo, desde el Estado que va a garantizar una serie de derechos y yo creo que ahí hay un desafío también, porqué, porque cuando se mira a la ciudadanía en un párrafo se dice la ciudadanía está presionando, la ciudadanía es como la demanda, la ciudadanía está demandando derechos”, apuntó.
“Yo creo que ahí le falta una visión de empoderamiento ciudadano, en términos de cómo concretamente el Estado se hace cargo de fortalecer a la ciudadanía propiamente tal, en la defensa de los derechos y en eso en política pública implicaría el crear mecanismos concretos, específicos para por ejemplo apoyar a los movimientos de derechos humanos”, planteó.
“Eso pasa en otros países y en Chile no. Yo creo que ahí hace falta un trabajo de cómo empoderamos a la ciudadanía, está bonito en el discurso, pero yo creo que nos falta una bajada concreta respecto cómo se hace ese empoderamiento”, propuso.
En la oportunidad, nuestro encargado de informática Daniel Rebolledo montó un dispositivo vía “streaming”para transmitir vía Internet a todos quienes no pudieron asistir en Chile y en el extranjero.
Por Carlos Antonio Vergara
Santiago de Chile, 15 de octubre 2014
Crónica Digital
