Una denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, usada como estandarte en la ofensiva de la oposición, suscita hoy fuertes críticas e incluso por la sensibilidad del caso tiene dividida a la comunidad judía del país.
El fiscal Alberto Nisman quien investigó durante 10 años el atentado en 1994 a la asociación judía AMIA imputó al Ejecutivo de encubrir la presunta culpabilidad de Irán a cambio de petróleo, y tres días después tuvo una extraña muerte de un tiro en la cabeza.
La oposición aprovechó la oportunidad para desatar una feroz campaña e incluso convocar a una marcha antigubernamental, con la ayuda de los medios hegemónicos que la investigadora Stella Calloni considera un «golpe encubierto de mano derecha», y así lo estiman muchos otros analistas y políticos.
Otro paso en la escalada opositora tuvo lugar el viernes cuando el fiscal Gerardo Pollicita, de reportada vinculación con la derecha argentina, retomó la imputación de Nisman para formular una acusación contra la Presidenta.
Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, los fundamentos de la imputación no tienen asidero. «Son inexplicables e indefendibles», manifestó.
«Lo que impulsó ese teórico intento de encubrimiento y cambio de relaciones es económico y es una estupidez porque se afirmaba que el gobierno de Argentina estaba atravesando una crisis energética, que es la primera mentira», sostuvo el titular de Hacienda.
Opinó que la denuncia responde sin embargo a un embate del poder judicial en un año electoral en que la oposición tiene «apuro por sacar de la galera presuntas irregularidades».
La diputada por el Frente para la Victoria Diana Conti, jurista de profesión, estimó que la imputación de Pollicita «es parte de un juego político que busca mantener en vilo a la sociedad y que es sostenido por el Grupo Clarín».
Y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que «siempre la derecha utilizó la difamación como estrategia de desgaste político».
Por otro lado, centenares de judíos argentinos cuestionaron, a través de una solicitada, la dirección de la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad hebrea en el país y de marcado corte de derecha.
En el llamado, numerosas figuras públicas, entre intelectuales, artistas, académicos, políticos y líderes y activistas comunitarios convocaron a realizar un encuentro nacional que reivindique «las mejores tradiciones progresistas» heredadas de los inmigrantes judíos.
«Quienes formulamos este llamamiento no pretendemos constituirnos en la voz de la totalidad de los argentinos de origen judío, pero les negamos a la DAIA y a la AMIA la atribución de hablar y de negociar en nuestro nombre», recalca.
Prensa Latina
Crónica Digital, 16 de Febrero 2015
