La moción, presentada por un grupo transversal de legisladores, busca evitar que en nuestro país se vuelvan a repetir actos de impunidad resguardados por nuestra legislación.
En pro de avanzar en transparencia y democracia, un grupo transversal de diputados, encabezados por Tucapel Jiménez (PPD), presentó un proyecto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la norma que permite la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
La iniciativa, derivada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, fue ingresada el 20 de marzo pasado por el diputado Jiménez junto a los diputados Claudio Arriagada(DC), Gabriel Boric (IND), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC), Felipe Kast (IND),Felipe Letelier (PPD), Sergio Ojeda (DC), Roberto Poblete (IND) y Raúl Saldívar (PS).
Según informaron los legisladores, la normativa legal vigente (DFL 5.200) establece el ingreso anual al Archivo Nacional, de documentación y archivos que provengan de Ministerios y que hayan cumplido cinco años de antigüedad. La excepción, explicaron, fue introducida en 1989 a través de la Ley 18.771 que posibilitó la eliminación de documentación ministerial, sin la necesidad de solicitar autorización previa al Conservador del Archivo Nacional o al Presidente de la República o algún otro poder u organismo del Estado.
«La Ley 18.771 establece que las documentaciones y archivos que podrán ser eliminados deberán pertenecer a las siguientes reparticiones del Estado: Ministerio de Defensa Nacional; las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; y los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio. Por tanto, la Ley 18.771 es la única legislación existente en el país que posibilita la eliminación de documentos y archivos ministeriales, sin previa consulta al Presidente de la República o al Conservador del Archivo Nacional», enfatizaron.
Plantearon que nuestra legislación (incluida la misma Constitución) presenta una adecuada protección de documentos y archivos de ámbito militar y de seguridad, que son secretos o reservados, sin la necesidad de ser eliminados.
Argumentaron que la promulgación de la Ley 18.771 se concretó luego de tres meses de realizado el Plebiscito del SI y del NO, en el cual el Gobierno encabezado por Augusto Pinochet Ugarte perdió y la oposición a la dictadura ganó. «Es complejo porque este plebiscito representó el fin de la Dictadura y el comienzo del retorno de la Democracia en Chile. Por tanto, se puede deducir, a todas luces, que la Ley 18.771 se promulgó con la finalidad de imposibilitar la revisión en democracia de cierta documentación proveniente del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio», puntualizaron.
Estimaron que la Ley 18.771, que este proyecto de ley propone derogar, permitió eliminar «documentación y archivos militares que pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para realizar y/o concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en dictadura».
«Lo que persigue este proyecto de ley es que no se vuelvan a repetir más en nuestro país actos de impunidad resguardado por nuestra legislación. Ya que la Ley 18.771, al facultar la eliminación y ocultamiento de documentación de actividades de organismos represores, faculta la impunidad y en nuestro actual régimen democrático no lo podemos seguir tolerando más», sentenciaron.
