A raíz de las investigación que lleva adelante el Ministerio Publico contra 18 municipios por el mal uso de las subvenciones escolares, en particular a aquellas provenientes de la denominada ley SEP (Subvención Escolar Preferente), las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Yasna Provoste, presentaron un proyecto de ley que modifica el artículo 236 y otras disposiciones del Código Penal, con el fin de adecuar normas sobre el correcto uso o destino de fondos fiscales.
Al respecto, la diputada Cristina Girardi recordó que “el problema relativo al mal uso de los fondos SEP no son un tema nuevo para este poder del Estado, tanto así que con fecha 23 de Julio de 2014 se aprobó la creación de una comisión investigadora de las irregularidades cometidas con los fondos SEP, que aún se encuentra desarrollando su cometido”.
No obstante este trabajo, agregó, “en la actualidad lo ya no podemos seguir permitiendo que se esté aplicando una norma que, al igual que gran parte del actual Código Penal data de 1874, donde probablemente el estado de desarrollo de las finanzas públicas y las aplicaciones de las mismas tenían fronteras más difusas y por cierto el desarrollo de las ciencias no ameritaban castigar mayormente a quienes, en este caso, hicieren una “aplicación” diferente de los recursos”.
Esta situación, precisó Cristina Girardi, nos ha hecho presentar un proyecto que propone que se adecue la gradualidad de las penas para este tipo de actos. En este sentido explicó a modo de ejemplo que el proyecto establece que: El funcionario público que diere a los caudales o fondos públicos, que administre o tenga a su cargo, una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado: Con presidio menor en su grado mínimo y multa de tres unidades tributarias mensuales si el monto de que ha dispuesto excede de una unidad tributaria mensual y es menor a cuarenta unidades tributarias mensuales; Con presidio menor en su grado medio y multa de diez unidades tributarias mensuales si el monto del que ha dispuesto excede de cuarenta unidades tributarias y es menor a cuatrocientas unidades tributarias; Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de quince unidades tributarias mensuales si el monto del que ha dispuesto excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Finalmente, la legisladora señaló que “en todos los casos anteriores se aplicara la pena accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos y/o funciones públicas, especial y temporal por el tiempo que dure la pena”.
Por su parte, la diputada DC, Yasna Proveste indicó que “el objeto de este proyecto que ha presentado la diputada Girardi y el cual hemos acompañado porque va en la línea de lo que nosotros quisiéramos, busca crear las condiciones, con la modificación al Código Penal para que todos aquellos que reciban recursos públicos tengan un castigo cuando se desvían aquellos recursos públicos, sean estos para entidades públicas o entidades privadas”.
“Efectivamente creemos que lo que ha fallado en Chile tiene que ver con la formación en valores, a nosotros no nos gustaría tener que presentar iniciativas legales en esta dirección, pero como hoy día ocurre que hay instituciones que reciben recursos públicos, que no rinden cuentas de ellos, que la Contraloría no pueden acceder a esas rendiciones de gastos, si creemos que nuestra legislación, en este caso el Código Penal debe tener un giro y sancionar a aquellos que desvíen estos recursos públicos para otros fines distintos para los que han sido entregados”, indicó.
Santiago de Chile, 17 de junio 2015
Crónica Digital
