El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, Lousiana, planea examinar hoy si descongela o proscribe de forma definitiva los alivios migratorios dictados por el presidente estadounidense, Barack Obama, en noviembre pasado.
Integran el panel Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith, dos magistrados conservadores que en mayo optaron por mantener atadas las medidas del Ejecutivo que buscan beneficiar a unos cinco millones de indocumentados.
Completa la triada de jueces Carolyn Dineen King, considerada una progresista en temas sociales.
Analistas consideran que será muy difícil para la Casa Blanca ganar la pulseada contra una corte considerada como una de las más conservadoras del país.
Aún en caso de un resultado desfavorable, el departamento de Justicia puede recurrir a la Corte Suprema, que recientemente dio un espaldarazo a las políticas de la administración Obama, al avalar la legalidad de la reforma de salud (ObamaCare) y el matrimonio igualitario.
En mayo, cuando el tribunal de Nueva Orleans se pronunció por primera vez sobre las medidas migratorias, la Casa Blanca renunció a presentar un recurso de urgencia en el Tribunal Supremo a la espera de la decisión final sobre la legalidad o no de los alivios.
Ante el inmovilismo del Congreso para adoptar una reforma migratoria integral, el 20 de noviembre pasado Obama firmó órdenes ejecutivas a fin de componer en lo posible el quebrado sistema migratorio, en el que aguardan por la legalización unas 11 millones de personas.
Los dictámenes del mandatario buscan mediante un «programa de acción diferida», amparar de manera temporal a los adultos sin papeles con hijos residentes o que sean ciudadanos de Estados Unidos, conocido por su sigla en inglés DAPA, a fin de evitar su deportación.
Otra decisión pretende hacer lo mismo con los denominados dreamers, jóvenes llegados al país siendo niños (DACA).
Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.
Según el departamento de Seguridad Nacional, estos programas benefician a unos cinco millones de indocumentados.
Sin embargo, el 16 de febrero el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, decidió congelar las órdenes del gobernante y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones, lo cual fue mantenido por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans en mayo último.
Washington, 10 julio 2015
Crónica Digital / PL
