- Diputado Espinosaen intervención sobre proyecto de probidad en la función pública aprobada este martes en la cámara.
Haciendo hincapié en que es necesario que la actividad de parlamentarios y otras autoridades entreguen garantías de transparencia y estén exentas de conflictos de intereses, se mostró el diputado radical, Marcos Espinosa Monardes en su intervención en la discusión del proyecto sobre probidad en la función pública.
El legislador recordó que el año 2010 mediante la Reforma Constitucional contenida en la ley Nº 20.414 que modificó el artículo 8º de la Constitución Política, donde se estableció estándares mínimos para la declaración de patrimonio e intereses respecto de una serie de autoridades, no obstante, -apuntó- es necesario poder dar cumplimiento legal a este mandato constitucional, cosa que hace este proyecto de ley.
“Además, se encuentra en directa sintonía con la agenda de probidad que ha impulsado el gobierno de la Presienta Bachelet y con las conclusiones elaboradas por la Comisión Engel”.
Espinosa Valoró que este proyecto incluya normas claras sobre declaración de patrimonio e intereses de las autoridades, no solo de la administración del Estado, sino que también de órganos autónomos como el Parlamento o las Municipalidades.
Agregó “en caso de no existir un cumplimiento por parte de los sujetos responsables de actualizar los datos allí contenidos, se contemplen sanciones efectivas y entes encargados de su fiscalización, dotándolos de nuevas atribuciones y fortaleciendo su rol”.
El diputado, Marcos Espinosa rescató el hecho de que la ley contemple la obligación de declarar no solo los bienes de familia más cercana, como por ejemplo en el caso de los cónyuges casados bajo sociedad conyugal y los hijos, sino que también –destacó- los nombres de nuestros parientes más cercanos, evitando de esta forma todo conflicto de interés que afecte el desarrollo y cumplimiento del mandato que nos entrega la ciudadanía como autoridades y como funcionarios públicos.
“Tenemos en nuestras manos la oportunidad de remediar los errores cometidos, de transparentar nuestro actuar y de dar garantía de que la función pública y los recursos que se destinan para desarrollarla no son para obtener réditos y beneficios personales, sino que para velar por el interés general de nuestro país y su gente. No desperdiciemos esta oportunidad de hacer las cosas bien”. Concluyó.
La propuesta que ahora debe cumplir su segundo trámite constitucional en el Senado, obliga a una serie de autoridades públicas a realizar declaraciones de intereses y patrimonio. Entre ellos, el Presidente de la República, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules.
Además, se incluyen a los alcaldes, concejales y consejeros regionales; el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; ejecutivos de las empresas públicas y aquellas en que el Estado tenga participación.
Santiago de Chile, 15 de septiembre 2015
Crónica Digital
