El descontento crece en México cual reacción al alza del precio de los combustibles automotores que inició en el primer día de 2017 y se acompaña de manifestaciones de protesta, incluso actos de saqueo que cobraron cientos de detenidos.
El incremento será del 20 por ciento como promedio, a pesar de que durante buena parte de 2016 el gobierno prometió que las tarifas de los combustibles se mantendrían fijas, cual beneficio de la Reforma Energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que abre las puertas del sector energético al sector privado, en particular foráneo.
Sin embargo, en medio de las críticas generalizadas, Peña Nieto insiste que el gasolinazo no tiene nada que ver con la Reforma Energética.
El mandatario y el Secretario de Hacienda, José Antonio Meada, argumentan que las nuevas tarifas tienen que ver con los precios de las gasolinas en el mercado internacional, además de los gastos operativos de Petróleos Mexicanos.
Meade, exsecretario de Desarrollo Social, afirma además que la subvención de esos combustibles va en contra de importantes programas sociales en curso y que benefician a sectores menos favorecidos.
Precisamente estos grupos poblacionales, los más pobres, podrían ser las principales víctimas de la cadena de aumentos que ya comienzan a desencadenar los nuevos precios en las gasolineras.
Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex, dijo que el gasolinazo ‘se come por adelantado cualquier aumento salarial’, en franca referencia al incremento del salario mínimo que sectores patronales y sociales coinciden en que murió prácticamente al nacer.
Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), la gasolina es el producto con más peso en la canasta básica, por lo que su mayor cotización repercute sobre la inflación y otras mercancías.
Y si bien los millones de mexicanos sumidos en la pobreza no tienen automóvil, los combustibles más caros impactarán en sus bolsillos a la hora de adquirir bienes y servicios básicos, entre ellos el transporte público, la tortilla, la leche, el arroz, el huevo y otros productos.
De hecho, la tortilla, alimento básico en la mesa de los mexicanos, reporta incrementos en distintos puntos del país.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Miguel Herrera, subrayó que el alza en las gasolinas genera una mayor presión en los costos que enfrentan los productores de todos los sectores.
‘Estamos concluyendo 2016, de nulo crecimiento en el conjunto de la industria, prevemos un panorama complicado para 2017 y estas noticias vienen a reafirmar que será un año complicado para la industria mexicana’, auguró.
Desde otra esquina, organizaciones campesinas afirman que la medida aumentará los costos de producción y para la compra de insumos, ya elevados por la depreciación del peso frente al dólar.
El presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González, indicó que los productores están alarmados por las repercusiones que va a traer esta alza en los costos de producción de los lácteos, por lo que estimó aumentos de entre ocho y 10 por ciento en esos productos.
Luego de jornadas de cierres carreteros y de saqueos a supermercados, tiendas de abasto y gasolineras, el gobierno presentó un acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Fue un pacto suscrito en la residencia presidencial de Los Pinos ante el mandatario Enrique Peña Nieto y representantes de sectores empresariales, productivos y laborales.
El acuerdo no resulta novedoso en el escenario nacional, pues ya fue un instrumento utilizado por gobiernos anteriores del Partido Revolucionario Institucional en momentos de crisis.
Peña Nieto prometió que el ejecutivo federal hará todo lo posible para que el ajuste en el precio de los combustibles impacte lo menos posible en la economía de las familias mexicanas.
El jefe de Estado dijo ‘a las amas de casa, a las y los jefes de familia, a los trabajadores, a los estudiantes y a los pequeños empresarios, que para el Gobierno de la República es una prioridad proteger su empleo, sus ingresos y su gasto’.
Afirmó que su administración impulsará medidas para la vigilancia de la estabilidad de los precios de la canasta básica, y apuntó que de detectarse un incremento indiscriminado, se podría tomar la decisión de importarlos.
También anunció un programa de apoyo al transporte masivo, que podría extenderse a 50 ciudades de la República, junto con el impulso a la conversión de las unidades, a fin de que utilicen combustibles más económicos.
El gobernante expresó que su administración seguirá fomentando la inversión y la creación de empleos, y adelantó que en los próximos meses habrá estímulos fiscales a la inversión productiva y simplificación de trámites para las pequeñas y medianas empresas.
Antes advirtió que este año que recién comienza será de desafíos para el país, por lo que instó a la unidad nacional.
Pero si sus declaraciones y promesas pretendían aliviar la tensión social que siguió al gasolinazo implementado desde el 1 de enero, las reacciones al acuerdo adelantan que este nació moribundo y con escaso apoyo nacional.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los organismos privados más fuertes del país, consideró que el pacto corre el riesgo de convertirse en una ‘estrategia de comunicación o imagen pública’ e instó a despojarlo de tintes políticos.
De la firma estuvo ausente la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), cuyo presidente, el gobernador de Morelos, reprochó la exclusión de los mandatarios estatales, obviados en la discusión del plan.
Fueron muchos los que no estuvieron ni siquiera representados. Por los asalariados firmó la Confederación de Trabajadores de México, ‘una central sindical burocrática y jurásica que en el curso del ciclo de gobiernos neoliberales ha perdido la mayor parte de su peso, influencia y representatividad’, según editorial del diario La Jornada.
También quedaron fuera del ‘consenso’ las organizaciones sociales, campesinas, ciudadanas y partidos políticos que anuncian nuevas manifestaciones pacíficas contra el alza de los combustibles, cuyas secuelas ya se dejan ver en los precios de productos y servicios básicos, incluido el gas doméstico.
Para febrero se anuncia un nuevo gasolinazo, pero antes están convocadas acciones de protesta por partidos políticos, organizaciones campesinas y sociales, mientras desde diversas ciudades mexicanas hay reportes de aumentos en el transporte público, a despecho de promesas oficiales por contener una espiral inflacionaria.
*Corresponsal de Prensa Latina en México.
México, 19 de enero 2017
Crónica Digital / PL
