El viceministro de Transportes Galo Bonifaz informó hoy que Bolivia denunció a Chile ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por el incumplimiento del artículo 15 del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
Bonifaz explicó a periodistas que durante la décimo octava reunión de la Aladi celebrada del 28 al 30 de junio en Uruguay, los bolivianos hablaron sobre los recurrentes paros aduaneros en la nación trasandina y su impacto negativo en la economía nacional.
El cierre de fronteras a la carga internacional boliviana para evitar que llegue a ultramar -añadió el directivo- es otro de los prejuicios al país.
De acuerdo con Bonifaz, actitudes de ese tipo «son una muestra clara del incumplimiento de Chile al artículo 15 de la ATIT», que garantiza el libre tránsito del transporte internacional.
Asimismo comentó que la Aladi sugirió a Chile dialogar con el Estado boliviano en el tema de transporte y comercio exterior, después de que Santiago suspendiera los intercambios sobre el tema.
La Paz, 5 julio 2017
Crónica Digital /PL
Jue Jul 6 , 2017
Las organizaciones firmantes rechazan la grave situación a la que están siendo sometidos familiares y víctimas de delitos de derechos humanos en dictadura, por parte de la Corte Suprema. El pasado 27 de junio, el máximo tribunal decidió anular las audiencias de alegatos realizadas en varias causas por violaciones a los derechos humanos, fundado en un cambio en la integración de la Sala, que terminó con la inhabilitación del Ministro Haroldo Brito. Este movimiento fue fundado en una supuesta incompatibilidad del Ministro Brito por su relación con la Fiscal Judicial Lya Cabello, en circunstancias de que, en la práctica, ella no intervino de ningún modo en las audiencias. Por ello, si bien la decisión buscaría preventivamente subsanar un error procedimental del Poder Judicial, genera una vulneración grave contra las víctimas y sus familiares, puesto que obliga a repetir las audiencias y alegatos de las causas por Jorge Grez (Londres 38), Collipeumo (Paine), Omar Zuñiga y Ángel Espinoza (AFEP), y Manuel Sanhueza (Pisagua), después de más de cuatro décadas de espera. La maniobra y cómo se concretó, muestra una vez más que en esta decisión no se sopesó el efecto que podría tener en los familiares de las víctimas y otras partes afectadas. Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial no debe perder de vista que se trata de crímenes gravísimos en contra de toda la sociedad, y que han gozado de una persistente impunidad por décadas. En cada causa y en la manera en que la institucionalidad la pone en práctica, está en juego no sólo el derecho a la Verdad y la Justicia, sino también el derecho a la integridad física y emocional de los familiares, ese derecho no solo es vulnerado a consecuencia de acciones como estas, sino que ni siquiera ha sido reconocido, ni mucho menos considerado que en su fundamentación aparece como una decisión meramente administrativa. En la práctica, se traduce en una vulneración a la integridad de quienes persistentemente han luchado por obtener toda la verdad y toda la justicia, sin reconocer ni detenerse en evaluar el impacto de este tipo de decisiones en personas que requieren ser protegidas por un Estado que los privó de sus familiares, y que insiste en desconocer su rol como partes activas dentro de los procesos. El avance -aún muy precario- por más verdad y justicia, es sobre todo una conquista de la lucha de las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de estos crímenes. Este escenario también da cuenta de la ausencia de un marco legal en un país en el que aún existe legalmente la amnistía y la constitución impuesta por la dictadura cívico-militar. En Chile, de 1132 detenidos desaparecidos, apenas se conoce el paradero de 104 de ellos. En la actualidad, sólo 117 de 1373 procesados, están cumpliendo penas de cárcel por violaciones a los derechos humanos y a pesar del claro escenario de impunidad, incluso el Poder Judicial y otros actores […]
