‘Se enrumba por los caminos de la paz trazados por los Acuerdos de La Habana o se hunde en el piélago de la violencia como consecuencia de su violación e incumplimiento’.
Subraya Timochenko que ese acuerdo se convirtió en un pacto solemne entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Por eso en carta enviada al presidente del país, Juan Manuel Santos, el máximo líder de la exguerrilla destacó la rectitud de las FARC-EP al cumplir cabalmente con lo refrendado. Cumplimos sagradamente con la dejación de armas, graficó.
Sin embargo, consideró y así expresó al mandatario, que por el lado gubernamental no ha ocurrido del mismo modo.
En otro momento escribió a la misión de la ONU en Colombia: ‘La soñada reconciliación naufraga ante el empuje de quienes insisten en negarnos un espacio en Colombia’.
De hecho, el pasado 30 de septiembre, Santos admitió que el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP a la vida civil necesita celeridad.
Aunque señaló avances en ese proceso, reconoció que se han presentado problemas que han conducido a retrasos en la reintegración de los exguerrilleros a la sociedad.
Por supuesto que hemos encontrado obstáculos, que hemos tenido retrasos, muchos de ellos por culpa del propio gobierno, por falta de coordinación en las entidades y por falta de planificación, dijo el mandatario colombiano.
Dos días después, Iván Márquez, de la dirección del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, opinó ante el Congreso sobre el estado de la implementación del tratado de paz.
‘Hemos cumplido los compromisos y solo hace falta que el gobierno cumpla los suyos plenamente’, concretó.
Márquez trasladó la protesta de los integrantes de la FARC que sobreviven en las zonas y espacios territoriales esperanzados en la paz, a pesar del incumplimiento o el cumplimiento a medias de los compromisos del gobierno en todos los planos de la implementación.
Estamos ante a una obligación internacional del Estado, pero pareciera que esto no es relevante para muchos integrantes de la institucionalidad, dijo a los parlamentarios.
Alertó incluso que se ha intentado cambiar el sentido de lo convenido en La Habana. ‘Lo pactado es para cumplirlo’, afirmó.
Márquez también criticó la arremetida del Fiscal General y de sectores dentro del Congreso contra la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP). Asimismo advirtió sobre la pretensión de algunos legisladores de hundir la reforma política, cardinal en el proceso de reincorporación.
El dirigente de la FARC enumeró un listado de incumplimientos por parte del gobierno y mencionó entre ellos la permanencia en prisión de miembros de la exguerrilla, a pesar del decreto de amnistía presidencial.
Las zancadillas a la construcción de la paz no solo las ve la FARC. Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno en La Habana y precandidato presidencial, se ha referido a ‘la intransigencia de algunos que siempre encuentran argumentos para trabar un proceso que es la mejor salida para el país’.
Preocupados también con el destino de Colombia, más de un centenar de organizaciones sociales pidieron al Congreso aprobar la ley que instrumenta la JEP en defensa de las víctimas del conflicto armado.
En mensaje entregado a los parlamentarios les recordaron la
obligación que tienen con el pueblo colombiano de tramitar los proyectos de ley necesarios para luchar contra la impunidad y alcanzar la paz.
‘El Congreso de la República tiene el compromiso de cumplir un papel trascendental en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP’, expresaron 144 organizaciones sociales y de derechos humanos.
Entre los firmantes se encuentran movimientos de mujeres, de campesinos, de estudiantes y en defensa de la diversidad sexual. También representaciones comunales, juveniles y académicas, junto a personalidades y activistas por la paz.
‘Un Sí a la JEP significa un No a la impunidad’, expresó la declaración, que advierte sobre los obstáculos que enfrenta en el poder legislativo el proyecto de ley estatutaria para la jurisdicción de la paz.
Esta jurisdicción se presenta como una oportunidad para que todos los actores involucrados en el conflicto garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Para paliar el atolladero en el Congreso Santos firmó un decreto excepcional a fin de poner en marcha algunas de las funciones de la Justicia Especial de Paz, sin tener que esperar la aprobación de la citada norma jurídica.
Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz, hasta ahora solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado.
El comportamiento de algunos acápites es el siguiente: Reincorporación política y socioeconómica, 34 por ciento; Desmonte del Paramilitarismo, 24 por ciento; respeto a los derechos humanos, 10 por ciento; y reforma general integral, 7 por ciento.
LA PAZ Y EL PROCESO ELECTORAL
Además de las campañas de odio contra la FARC, la paz tiene otro valladar: la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para mayo de 2018.
Ya desde ahora el tema electoral ocupa los mayores espacios informativos y de opinión en la prensa colombiana.
Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, opina que los que se oponen a la paz en Colombia han convertido ese tema en eje de sus campañas políticas.
Todo lo que puedan torpedear en relación a la consolidación de los acuerdos lo harán en beneficio de ellos, porque será un tema para mover en las campañas el odio hacia la paz, el odio hacia la guerrilla. Es una posición estrictamente política para beneficio electoral.
Con esa plataforma el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe, inició un proceso para convocar a un referendo que modifique los puntos más importantes del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP.
La ultraderecha colombiana persigue de ese modo que el electorado exprese su desacuerdo con lo pactado en La Habana.
Sin embargo, la paz en Colombia sigue dando señales, a pesar del mayúsculo desafío para concretarse.
En esa ruta esperanzadora trasciende el acuerdo del cese el fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en vigor desde el 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018.
La única organización guerrillera que queda operando en Colombia, luego del acuerdo del gobierno con las FARC-EP, destacó que con el cese el fuego se busca rebajar la intensidad de las acciones bélicas con el fin de que la población sea la principal beneficiada de un clima de paz.
El ELN aseguró, además, que los propósitos del diálogo que sostienen con el gobierno en Quito son ‘suscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en la búsqueda de una Colombia en paz y equidad’.
Por Tania Peña*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
Bogotá, 7 de octubre 2017
Crónica Digital /PL
