Campañas de difamación: mecanismos de oposición venezolana

El deceso del militar Rafael Acosta, acusado de participar en los intentos de golpe de Estado, es utilizado hoy por la oposición venezolana como un mecanismo para crear campañas de difamación contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Pese a las aclaraciones sobre lo sucedido con el detenido, por parte del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, las reacciones de los grupos de derecha no se han hecho esperar.

Tal es el caso del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quien utilizó el suceso para seguir instando a los efectivos castrenses a desertar de las filas armadas.

Mediante un comunicado el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) notificó que la muerte de Acosta tuvo lugar en el Hospital Militar Vicente Salias, luego de sufrir un desmayo mientras era interrogado por el juez militar tercero de control del Circuito Judicial Penal, con sede en Fuerte Tiuna, Caracas.

Padrino indicó que el capitán de corbeta permanecía bajo investigación penal militar por su implicación ‘en actos terroristas, sedición y magnicidio en grado de frustración’, según las autoridades, delitos relacionados a los planes golpistas recientemente desarticulados por el Gobierno venezolano.

Ante el fallecimiento, precisó que están activados los protocolos correspondientes por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la dirección técnico-científica del Ministerio Público (MP), a fin de practicar la autopsia de ley con el objeto de determinar las posibles causales de la muerte.

Asimismo, el titular de Defensa recalcó que el mandatario de la República y comandante en jefe de la FANB, solicitó al Poder Judicial y demás organismos competentes, ‘iniciar una profunda investigación para determinar las circunstancias en las cuales se produjo el deceso’.

Maduro ratificó la política del Estado venezolano de indefectible respeto a los derechos humanos, con énfasis en el derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mediante la red social Twitter notificó que se adelanta con rigor las primeras experticias, ‘con carácter objetivo, independiente e imparcial, sobre la muerte de Acosta.

En ese sentido, detalló que el militar estaba siendo presentado ante los tribunales competentes por su presunta participación en los planes de robo de armas, golpes de Estado, masacres y atentados terroristas contra la población civil, el asesinato del presidente venezolano y el alto mando político-militar.

El máximo representante del ente judicial agregó que el MP cumplirá con el deber de informar a la comunidad nacional sobre los avances de la investigación ‘en estricto apego a la protección de los derechos humanos’.

Rafael Acosta fue imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración, luego de las recientes denuncias realizadas por el Ejecutivo, realizadas sobre la base de 14 meses de investigaciones y labores de inteligencia por parte de los organismos del Estado.

La muerte de Acosta sucede poco menos de dos meses después del fallido intento insurreccional del 30 de abril y los sucesos del Distribuidor Altamira, unido a la fuga a una embajada del prófugo dirigente opositor Leopoldo López, cuando las autoridades venezolanas develaron una nueva e intrincada trama golpista con profundos nexos internacionales.

Al respecto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló la pasada semana que el complot de conspiración estaba encabezada por militares retirados.

Los implicados -la mayoría de ellos en manos de las autoridades y bajo investigación- pretendían liberar al exmilitar Raúl Baduel, procesado por la justicia venezolana por apropiación de dinero público y atentar contra la integridad de la nación, para su autoproclamación ante los medios como presidente.

Rodríguez precisó que un sector de la derecha planeaba de este modo ‘darle un golpe’ a Guaidó, reconocido por Estados Unidos y sus aliados como presidente interino del país sudamericano, en un acto de usurpación denunciado por Caracas por sus visos golpistas de carácter continuado.

A pesar de las pretensiones de la oposición por desestabilizar la nación, Maduro aseguró que la Revolución bolivariana mantendrá los esfuerzos por la estabilidad política y la felicidad social, a la vez que abogó por aplicar justicia a quienes conspiran contra la tranquilidad nacional.

Por Odette Díaz Fumero

Caracas, 1 de julio 2019

Crónica Digital / Prensa Latina.

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