Greenpeace se refirió a la reciente designación de Enrique Paris como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Jaime Mañalich y lo catalogó como un momento clave para enfrentar la pandemia en Chile y las problemáticas ambientales asociadas a la emergencia, como priorizar el acceso al agua y hacerse cargo del cierre de las industrias contaminantes en las denominadas zonas de sacrificio.
La nueva autoridad asumió sin que la cartera de salud haya reconocido el grave problema del acceso al agua en medio de la pandemia ni el desarrollo de un plan de emergencia para el abastecimiento de este recurso para los miles de chilenos que hoy están expuestos al coronavirus. De hecho, incluso hasta impidió que se aumentara la cantidad de agua que se entrega en algunas zonas del país.
“Hasta ahora el Ministerio de salud ha cometido faltas graves en aplicar medidas que garanticen las condiciones necesarias para proteger la salud y la vida de personas durante la emergencia y ahora se abre una nueva oportunidad de reconocer la falta de agua como una problemática real de miles de chilenos y que debe priorizarse desde la cartera de Salud. Le pedimos al nuevo ministro y al gobierno urgencia para garantizar acceso al agua de todos los chilenos en esta situación de crisis y así estar a altura de la emergencia», señaló Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
Respecto a esta problemática, Greenpeace destacó además que organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas, han reiterado el llamado a los gobiernos a proveer de agua a la población que hoy no tiene acceso para prevenir el coronavirus. “Las prioridades de este ministerio deben centrarse también en garantizar este recurso si es que pretende dar un giro a la situación y controlar el avance de la pandemia en las zonas más vulnerables del país. No reconocerlo y reaccionar a destiempo, como se ha hecho hasta ahora, puede ser mortal para los afectados”, señaló Asun.
La organización ambientalista lidera la campaña Suelta El Agua, que es un llamado al gobierno y autoridades sanitarias a garantizar un plan de emergencia y acceso al agua para los más de 350 mil personas que viven esta realidad en Chile. «No existe posibilidad de tener éxito en controlar la pandemia si es que miles de chilenos deben sobrevivir con 50 litros diarios de agua».
Finalmente, la organización solicitó que dentro de las prioridades que establezca el ministerio de Salud, se analice el cierre de las industrias contaminantes en las denominadas zonas de sacrificio, como una medida de prevención y cuidado de la población. «Las autoridades sanitarias regionales tienen desde febrero la facultad de cerrar las industrias contaminantes y aún así no han reaccionado. Las zonas de sacrificio en Chile hoy siguen funcionando y contaminando a miles de personas, agravando el daño respiratorio de quienes están expuestos a los altos índices de contaminación», indicaron.
Santiago de Chile, 14 de junio 2020
Crónica Digital
Dom Jun 14 , 2020
Este jueves el Senado aprobó la iniciativa que evitaría el corte de servicios básicos durante el Estado de Catástrofe decretado ante la pandemia del Coronavirus. A pesar de que el proyecto de ley ayudaría a los usuarios morosos que arriesguen perder sus suministros de agua, luz, internet, telefonía o gas, el Gobierno advirtió que este podría considerarse inconstitucional. Al respecto, el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, explicó que para que sea declarado inconstitucional, “la decisión tendría que pasar por la evaluación del Tribunal Constitucional a petición del presidente de la República, de las Cámaras o de una parte de ellas”. “El proyecto, mientras no cuente con el patrocinio del Ejecutivo, es inconstitucional porque implica gasto fiscal. En la elaboración del presupuesto, dado que es una ley, interviene también el Congreso, pero este solo puede aprobar, disminuir o rechazar el gasto público, no aumentarlo. En cualquier caso, esto no es un pronunciamiento sobre el fondo del proyecto, sino una evaluación de su constitucionalidad”, explicó el académico. Por otro lado, el experto en derecho público indicó que si tanto el Tribunal Constitucional como el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, el proyecto de la prohibición de cortes de servicios básicos sería aprobado sin ningún cuestionamiento. “Si el Tribunal Constitucional o el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, la ley podrá ser aprobada y promulgada sin problemas. Será, entonces, ley de la República. Ahora, si llegase a declararse inconstitucional, no existe otro mecanismo para aprobarla, sino el trámite legislativo que incluye al Congreso y al presidente”, advirtió. “Considero altamente positivo que el Gobierno esté disponiendo de una batería de ayudas sociales para la crisis sanitaria y, más aún, para la crisis económica que venimos arrastrando desde octubre. Buena parte de esas medidas han contado con la participación del Congreso Nacional, quienes deben colaborar. Espero, en todo caso, que el Gobierno considere esta iniciativa junto con otras para aliviar a las familias chilenas más necesitadas”, finalizó Zambrano. Una visión crítica Para el también académico de la Facultad de Derecho, abogado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, el proyecto para la suspensión de cobro de servicios básicos, “en términos estrictamente jurídicos, es inconstitucional”. “Es cierto que las empresas de servicios públicos, precisamente, prestan un servicio a la comunidad, pero ellos tienen un derecho de propiedad sobre sus instalaciones y sobre sus servicios y, desde el momento en que usted, mediante una ley, vulnera el derecho de propiedad de estas empresas, lo que está haciendo, en pocas palabras, es iniciar una acción expropiatoria”, acusa. En palabras de Bobadilla, “como ciudadano, claro que me parece una buena idea esto de impedir los cortes por no pago. De buenas a primeras, suena muy bien. Pero en términos estrictamente jurídicos, cuando el Estado, ya sea a través del Congreso o del Gobierno, interviene en la propiedad privada, iniciamos un camino que es muy difícil”. “Hay […]
