Legisladores, políticos, académicos y otras personalidades ciudadanas anunciaron la presentación de un recurso para detener la puesta en marcha del controvertido proyecto minero Dominga que genera una fuerte repulsa en el país.
Entre quienes respaldan esa demanda figuran los presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente, Salud y Pesca del Senado, representantes de partidos políticos de oposición y directivos de las organizaciones ecologistas Chile Sustentable, Oceana Chile y Alianza de Humboldt, entre otras.
El jueves último una Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobó dar curso al proyecto minero Dominga, de la empresa privada Andes Iron.
Este contempla una inversión superior a los dos mil 500 millones de dólares para extraer hierro y cobre en minas a cielo abierto, y la construcción de un enorme puerto para embarcar el mineral en el Archipiélago de Humboldt, eje de uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
Los detractores del proyecto aseguran que podría destruir ese reservorio natural, a lo cual se añade que existe un recurso de amparo interpuesto en mayo pasado contra la inversión por sus nocivos efectos sobre la naturaleza y respecto del cual la Corte Suprema tiene que pronunciarse.
Al respecto Guido Girardi, presiente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, aseguró que un proyecto de esa envergadura no se aprobaría “en ninguna parte del mundo, menos en el contexto que vive la humanidad hoy” con los embates del cambio climático.
Asimismo, denunció que Dominga “es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta” con el lobby del Gobierno, a pesar de la oposición de la Corporación Nacional Forestal cuyos argumentos no fueron considerados.
Anunció que la demanda será presentada en esta semana y que “también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo”.
Por su parte, Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, denunció las maniobras de “un grupo económico cercano al Presidente Sebastián Piñera, que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal”.
Asimismo, advirtió que la prisa en aprobar el proyecto se debe a que este Gobierno llega a su fin y porque “está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, con la cual este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores”.
En tanto, el diputado Daniel Núñez, señaló que “vamos a buscar todas las vías legales para seguir oponiéndonos a este proyecto altamente contaminante”, agregando que se recurrirá también “a la presión social, a la movilización ciudadana e incluso a la denuncia frente a instancias internacionales”.
Santiago, 17 de agosto 2021
Crónica Digital / Prensa Latina.
