La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informa que, en el día de ayer, 03 de enero de 2022, remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos antecedentes respecto de la “Situación en Chile, referencia interna OTP-CR-244/21” denuncia iniciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por nuestra Institución, y que consisten en los dos Informes de Seguimiento a las recomendaciones efectuadas a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad, ocurridas a partir de octubre de 2019 en Chile, elaborados tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ambos de fecha Octubre de 2021.
1) Respecto del Informe de Seguimiento del INDH, a dos años de los hechos acontecidos en torno al llamado “Estallido Social” de 2019, y de la elaboración del Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile 2019, que se avoca a sistematizar, describir y analizar las “graves violaciones a los derechos humanos en el período señalado, relevando aquellos aspectos que, desde el enfoque de los derechos humanos, son los más significativos de la actual crisis social que vive el país”, el INDH presentó un segundo reporte de seguimiento de las recomendaciones hechas al Estado de Chile en dicho Informe Anual, dando cuenta de la situación de generalizado incumplimiento de esas recomendaciones (14 recomendaciones se encuentran “Pendientes de cumplimiento”, lo que según la metodología empleada por el INDH y validada por la CIDH, significa que el Estado no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación, y las 9 restantes, se encuentran en estado de “Cumplimiento Parcial”), siendo la recomendaciones 1.1; 1.2 y 1.3 las más graves, por cuanto constata que el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera y según lo expresa el Informe, ha incumplido en “disponer de todos los esfuerzos para que la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en especial el uso de la fuerza, se realice, efectivamente y desde ya, con estricto apego al respeto de los derechos humanos”.
2) En el caso del Informe de seguimiento al Informe de su Misión de 2019, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para dar seguimiento a los principales avances y desafíos en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas del Informe de Misión de 2019, expresa 21
recomendaciones respecto de las cuales se verifica un incumplimiento consciente y avalado por las autoridades del país, confirmando que “Carabineros de Chile no aseguró la estricta observancia de las reglas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento.” y que si bien, las protestas y manifestaciones disminuyeron a raíz de la pandemia del COVID-19 durante los primeros meses de 2020, “se reanudaron de manera esporádica desde octubre de ese año. Con ello, siguieron ocurriendo otros casos de presunto uso desproporcionado de la fuerza.”
Ambos informes permiten establecer que las autoridades chilenas no han destinado esfuerzos para impedir y prevenir la nueva ocurrencia de una mayor violencia y abusos, ni que se haya buscado la rendición de cuentas por las violaciones y delitos ocurridos, existiendo una manifiesta falta voluntad en generar dichas condiciones.
Como lo reconoce el Fiscal de la Corte Penal Internacional, en su comunicación de fecha 3 de diciembre de 2021, los hechos acontecidos a partir de octubre de 2019 constituyen actos subyacentes o delitos base, “cometidos como parte de un “curso de conducta” contra la población civil y no parecen ser un mero conjunto de actos aleatorios o incidentes aislados, sino en su lugar, revelan un patrón consistente de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad chilena” y en esa misma dirección, como Comisión Chilena de Derechos Humanos, creemos firmemente que las conclusiones y constatación de incumplimientos de las recomendaciones pueden despejar cualquier duda respecto a que los actos cometidos por agentes del Estado en Chile forman parte de un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos; que además, dicha política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes y sobretodo de los jefes civiles y militares, y que por dichas razones, la Fiscalía de la Corte debe seguir adelante con la investigación iniciada con nuestra denuncia.
Tal como señala expresamente la comunicación del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la decisión de no abrir examen preliminar no es definitiva y puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información, y es en ese sentido, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos envió estos nuevos antecedentes, y seguirá enviando información pertinente a objeto de lograr que se inicie una investigación formal ante la Corte Penal Internacional, que impida la impunidad de los graves crímenes contra los DDHH cometidos por los actuales gobernantes.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANO
Santiago de Chile,5 de enero 2022
Crónica Digital/PL
