Junto a la exclusión de las diversidades sexuales del Censo 2024, el Movimiento informó al órgano internacional que el gobierno presentó una querella por el artículo 373 del Código Penal, aún cuando el Estado se comprometió a derogar tal ley, y que el país aún no reforma el Acuerdo de Unión Civil y Ley Zamudio, ni ha creado una Institucionalidad Antidiscriminatoria, entre otras graves faltas.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió dos informes a Naciones Unidas para denunciar diversos incumplimientos del Estado de Chile con los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, de las familias homoparentales y de las parejas del mismo sexo.
Un informe fue enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Chile rendirá su cuarto Examen Periódico Universal (EPU), y el otro al Comité de DDHH de Naciones Unidas, al cual este año le corresponde revisar el cumplimiento de nuestro país con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre otros compromisos internacionales asumidos por Chile y que el Estado ha incumplido, el Movilh denunció ante la ONU la exclusión de las diversidades sexuales del Censo 2024, el nulo avance para derogar el artículo 373 del Código Penal; el cual sanciona las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres; y la discriminación que sufren las personas trans menores de 14 años al no regularse en la Ley de Identidad de Género la rectificación de su partida de nacimiento.
A la par, el Movilh denunció la exclusión de las personas no binarias de la Ley de Identidad de Género, la carencia de una reforma al Acuerdo de Unión Civil, el incumplimiento por parte del Instituto Nacional de DDHH (INDH) a su mandato de proteger la labor de los/as defensores/as de los derechos humanos LGBTIQ+ y la falta de una institucionalidad antidiscriminatoria robusta y de enmiendas a la Ley Zamudio que no contrapongan la no discriminación a otros derechos, como la libertad de expresión o religión.
“Pese a compromisos asumidos internacionalmente, el Estado de Chile ha dado negativos y regresivos pasos. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2022 la Delegación Presidencial de Valparaíso, con la venia del Gobierno central, presentó una querella por el artículo 373. Con tal acción, el Estado de Chile en vez de avanzar a su compromiso de derogar o revisar el artículo 373 del Código Penal, validó su uso. Una situación similar ocurre con el Censo del 2024, el cual pasó de consultar abiertamente en 2012 sobre las convivencias del mismo sexo a excluir ahora, en 2024, consultas sobre la orientación sexual de las personas”, reportó el Movilh a la ONU.
Chile “tampoco ha reformado la Ley de Unión Civil, norma que presenta graves vacíos: prohíbe la adopción a las parejas que contraen el vínculo e impide acceder a beneficios y subsidios sociales como son el Aporte Familiar Permanente, la Asignación Familiar y Maternal, el Bono Bodas de Oro, el Subsidio Familiar y el Subsidio Maternal, los cuales regula la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). El Decreto con Fuerza de Ley 150 sobre asignación familiar y subsidios de cesantía para los trabajadores públicos y privados tampoco aplica a los convivientes civiles, mientras que la situación previsional de los militares sigue estando fuera del Acuerdo de Unión Civil”, denunció el Movilh.
El Movimiento indicó además a la ONU que el “Fondo Nacional de Salud (Fonasa) aún no regula de manera formal y pública qué procedimientos son los que cubre el Estado para el cambio corporal de las personas trans, estando el proceso y los cobros a discrecionalidad y voluntad de cada recinto público de salud, mientras que la Ley de Identidad de Género prohíbe a menores de 14 años rectificar su partida de nacimiento y no reconoce ningún derecho a las personas no binarias”.
“Tampoco el Estado ha cumplido con su compromiso internacional de generar una Política de Educación Sexual y Diversidad que abarque a todos los niveles educacionales , ni ha generado una Política Nacional de Inclusión de las Mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas”, redondeó la organización
Finalmente, en Chile “no hay garantías de protección a los defensores de los derechos humanos de personas LGBTIQ+, a punto que los continuos ataques u ofensas que recibimos en redes sociales o presencialmente por ejercer nuestra labor, no han derivado en investigaciones, ni sanciones contra las responsables, como tampoco en muestra de solidaridad o protección por parte de agentes estatales, en medio de la inoperancia y/o un silencio absoluto del INDH”, apuntó el Movilh.
Santiago de Chile, 20 de febrero 2024
Crónica Digital
