Los militares son el coronel David Fuenzalida y el mayor Carlos Sepulveda, actualmente en retiro, quienes viajaron directamente a Zagreb para cerrar el trato del primero de un total de cinco embarques por un valor de seis millones de dólares.
Su identificación facilita en gran medida la investigación que realiza el juez Claudio Pavez en torno al asesinato del coronel Gerardo Huber, encargado de compras de la Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE), quien estuvo involucrado en el hecho.
Hace algunos días, el magistrado interrogó a Sepúlveda y a Fuenzalida, quienes trabajaron en la unidad de negocios de FAMAE y que fueron actores operativos del tráfico ilegal de armas.
Los embarques fueron descubierto en diciembre de 1991 en Budapest, Hungría, y habían sido despachados desde Chile con destino a Sri Lanka, con el rótulo de ayuda humanitaria. En enero de 1992 Huber desapareció y su cadáver fue encontrado días después con el cráneo destrozado.
Sepúlveda y Fuenzalida se encontraban en Viena, Austria, realizando otros negocios para FAMAE, cuando recibieron la orden del director del organismo, general Guillermo Letelier, de viajar a Zagreb -capital de Croacia- para cerrar el primero de los embarques.
Los oficiales reconocieron judicialmente a Pavez su participación en el hecho y entregaron valiosa información sobre el «modus operandi» de de los militares chilenos -bajo la jefatura entonces del general Augusto Pinochet- en el tráfico ilegal de armas, según las fuentes.
Se presume que una parte importante de la fortuna descubierta al ex gobernante, superior a los 27 millones de dólares y que es investigada en el denominado caso Riggs, proviene de estos ilíctos y de millonarias comisiones que recibía en las compras de armas.
La venta de armas a Croacia, envuelta en esa época en una guerra separatista contra la antigua Yugoslavia, estaba prohibida por las Naciones Unidas.
Pavez intenta establecer el móvil del asesinato de Huber, quien como encargado de compras en el exterior de la Dirección de Logística del Ejército, se vio involucrado en este hecho.
Tras ser interrogado por el juez Hernán Correa, destinado entonces a investigación el hecho, Huber desapareció de casa de un amigo en el Cajón del Maipo el 29 de enero de 1992, y su cadáver fue encontrado semanas después con el cráneo destrozado en el lecho de un río.
Los principales sospechosos del crimen son el ex segundo jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Víctor Lizárraga, y el también ex jefe del otrora Batallón de Inteligencia Militar (BIE), brigadier (r) Manuel Provis.
Ambos han sido acusados por la viuda de la victima de haber estado rondando la familia luego de la desaparición de Huber y haber instalado la versión oficial del suicidio, mucho antes que apareciera el cadáver en el fondo de un río.
Los dos intentaron además presionar a la familia del oficial para traer a su hijo menor que estaba fuera de la ciudad con el objeto de que revelara las acciones que realizó su padre durante un largo paseo que ambos realizaron horas antes de desaparecer.
Santiago de Chile, 14 de diciembre 2005
Crónica Digital/PL , 0, 114, 3
